Educación trabaja en un decreto que modifique la concesión de los conciertos
(Miguel Ángel Malavia) “Yo soy partidario de que los centros sean plurales, abiertos e inclusivos”. Así se expresó, el pasado 6 de julio, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a la vez que reiteró que la escuela concertada debe tener “derechos y obligaciones” y dejó clara su disconformidad con el hecho de que, a su juicio, la mayor parte de los alumnos con necesidades escolares especiales (en su mayoría, inmigrantes o con alguna discapacidad) estén en la escuela pública.
Estas declaraciones fueron realizadas el mismo día en que su Ministerio presentó al Consejo Escolar del Estado un decreto que revisaría puntos clave en el modelo de asignación de conciertos, vigente desde hace 25 años. Entre los principales, que afectarían al conjunto de centros concertados, estarían el incentivar con fondos públicos a los que potencien la recepción de alumnos con necesidades, que los conciertos tengan una duración máxima de seis años o que las comunidades autónomas sean las que fijen los criterios a seguir a la hora de estudiar su asignación.
A expensas de que se concrete el proyecto, Luis Centeno, responsable de Asuntos Jurídicos de Escuelas Católicas (que integra a unos 2.000 centros concertados), critica la precipitación ministerial. Tal y como revela a Vida Nueva, “no ha habido tiempo de incluir las propuestas de la Mesa de la Enseñanza Concertada”, que se constituyó el pasado 10 de junio. Entonces, “Gabilondo nos convocó a una reunión para la segunda quincena de julio”. No fue así, según afirma. Tras la elaboración de un primer borrador, en el que no se contó con la opinión de la Mesa, se adelantaron los plazos y la reunión se adelantó al 28 de junio. Después de afirmar el ministro que consideraría algunas peticiones de la Mesa, que serían incluidas en un segundo borrador, al día siguiente el Consejo Escolar del Estado comunicaba que el primer borrador era el que sería estudiado en su Comisión Permanente del 6 de julio, rechazándose así la posibilidad de que el referente fuera un hipotético segundo borrador.
Entre las propuestas de la Mesa figuraban el respeto al régimen privado de los centros concertados o que los conciertos sean renovados de forma automática siempre que cumplan los requisitos establecidos. Ahora, todo depende de Educación. Pese a no figurar las propuestas de la Mesa en el borrador que ha llegado al Consejo Escolar de Estado, “el Ministerio tiene plena libertad para introducir los cambios que quiera”. De ahí que Centeno inste a Gabilondo a que “respete las solicitudes” que ha recibido de la escuela concertada.
El directivo de Escuelas Católicas considera que prevalecen los estereotipos ideológicos que hacen ver que los centros concertados no quieren acoger a inmigrantes y alumnos con discapacidades. Así, considera las declaraciones de Gabilondo, en las que les pedía ser “inclusivos”, como “sesgadas”: “No se debe hacer demagogia con esto, es algo muy serio”. A su juicio, a la hora de opinar sobre el destino de la escolarización de los inmigrantes, “no sólo hay que tener en cuenta el porcentaje de alumnos, sino el número total de los centros. Puede decirse que el 78% de foráneos están en centros públicos, pero conviene aclarar que sólo el 23% de los centros de España son concertados. Con lo cual es lógico que, numéricamente, estén más en la pública. Pero, si extraemos el porcentaje global, no es tanta la diferencia. Nosotros escolarizamos al porcentaje que nos corresponde… y con muchos menos medios personales y materiales que la pública, teniendo, además, mejores resultados con ellos que ésta”. En cuanto a los alumnos dicapacitados, su respuesta es clara: “Casi el 50% de los alumnos con alguna discapacidad están en centros concertados”.
Sigue el desarrollo previsto
Para Centeno, pese a la polémica, la realidad es que el punto clave del decreto ministerial ya estaba previsto en la LOE, impulsada por el Gobierno: “En su artículo 177.7 ya se dice que han de recibir más dinero los centros concertados que atiendan a un mayor número de alumnos con necesidades especiales. Se sigue un desarrollo lógico, no hay ningún cambio sustancial”. Algo que no todos entienden así. Desde Izquierda Unida (IU) se rechaza el decreto ministerial porque “las concesiones a la enseñanza concertada son cada vez mayores”.
En el nº 2.716 de Vida Nueva.
