El Gobierno peruano intenta expulsar a un religioso

Es un hermano de La Salle británico muy comprometido con la gente de la Amazonía

El religioso británico Paul McAuley

(Cecilia Tovar– Lima) El hermano de La Salle británico Paul McAuley, que lleva 20 años en el Perú, recibió recientemente una resolución del Ministerio del Interior cancelándole su permiso de residencia, porque “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (…) y demás actos que constituyen una alteración del orden público”, y se le dieron siete días para abandonar el país. Asesorado por abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social, presentó una apelación y un hábeas corpus ante un juzgado de Iquitos, que falló en su favor, por lo que, mientras espera el resultado del recurso, el religioso permanecerá en el país.

McAuley pasó los primeros años en el Perú poniendo en marcha un colegio de Fe y Alegría en una zona muy pobre de Lima. Luego se trasladó a Iquitos, capital de Loreto, en la Amazonía, donde inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar, afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertidos indiscriminados de las empresas petroleras.

La noticia de su intento de expulsión ha despertado una gran ola de solidaridad y protesta, en primer lugar de las etnias amazónicas, y luego de la sociedad civil y de la Iglesia. Así, el obispo del vicariato apostólico de San José del Amazonas, en el norte del Perú, Alberto Campos, ha expresado su preocupación ante el hecho de “que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones… y no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía”.

Tanto el Superior General de La Salle como la provincia peruana de este instituto han expresado su extrañeza y malestar por la decisión del Gobierno y se han solidarizado con el religioso, que viene “llevando adelante una encomiable y denodada labor en defensa de los derechos de los pobladores y de la conservación del medio ambiente en la selva peruana”. También la Conferencia Peruana de Religiosos ha reconocido sus “servicios invalorables en el campo de la educación y en sectores de la sociedad donde el Estado está ausente” y se duele al ver que “su compromiso con las minorías y con nuestra la lglesia, que promueve la protección de la creación, hayan sido consideradas pruebas suficientes de que su presencia en nuestra patria resulte incómoda y perturbadora para el Gobierno”.

Otras organizaciones –como el Instituto Bartolomé de las Casas, Fe y Alegría, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático o Amnistía Internacional– han emitido también comunicados en apoyo del P. McAuley.

En el nº 2.716 de Vida Nueva.

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