El Episcopado venezolano denuncia que toneladas de alimentos se echaron a perder sin llegar a sus destinatarios
Hugo Chávez con el presidente de la Asamblea General de la ONU
(Andrés Cañizález– Caracas) El pasado 27 de mayo se hizo pública la denuncia: existían contenedores con alimentos descompuestos, importados por el Gobierno, en Puerto Cabello, en el centro del país. Desde ese momento, literalmente, cada día durante el mes siguiente la prensa venezolana recogió informes de casos parecidos. Según un recuento realizado por el diario El Nacional, el 28 de junio los alimentos descubiertos en mal estado, principalmente, así como también las medicinas, sumaban ya 122.000 toneladas. Para portavoces de la Iglesia católica, este caso simboliza lo pernicioso que resulta que el Gobierno, en su afán totalitario, termine cooptando todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo la actividad económica.
Como parte de su estrategia social, según lo define el propio Gobierno, el régimen de Hugo Chávez creó años atrás diversas entidades para la importación y distribución de alimentos. Sobre el papel, este tipo de actividades intentan dar respuesta a los sectores más necesitados. En la práctica, hay desde corrupción hasta un manejo irracional de las entidades públicas. Un caso emblemático lo constituye el hecho de que el presidente Chávez ordenara hace cinco años que la principal empresa del estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA), además de su negocio natural (la extracción, procesamiento y comercialización del crudo), se dedicara también a la importación y distribución de alimentos. Así nació PDVAL, la filial de la petrolera que hoy está en el ojo del huracán de las críticas, pues suyos son la mayoría de alimentos que se trajeron al país y que no llegaron a los destinatarios finales.
En un comunicado emitido por la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), el pasado 21 de junio, la jerarquía católica sostiene que este caso de los alimentos y medicamentos descompuestos “es un pecado que clama al cielo, y pone en evidencia el deterioro moral de los organismos encargados”. Y solicita “una averiguación profunda y diligente de lo ocurrido” y que las autoridades actúen “con firmeza y transparencia, tanto en las denuncias como en las investigaciones, y se tomen las medidas necesarias para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir”.
Se han encontrado alimentos descompuestos en los estados (provincias) de Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Mérida, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. Se trata, en todos los casos, de alimentos que componen la cesta básica del venezolano: aceite, arroz, azúcar, carne, granos, harina de trigo, leche en polvo, mantequilla, pollo, tomate enlatado y hasta semillas de papa. En los estados de Lara, Monagas y Táchira también se han encontrado medicinas caducadas.
Reserva estratégica
Según informes periodísticos, que el Gobierno no ha podido desmentir, la cantidad de alimentos dañados hallada hasta el 28 de junio equivalía a un 17% de la reserva estratégica que el Ejecutivo ha almacenado en los últimos años como parte de su política para garantizar la soberanía alimentaria. La primera etapa del proyecto prevé acumular 692.500 toneladas de los 11 rubros principales que se consumen en Venezuela. Un informe de gestión de PDVAL, filtrado a la prensa, dice que parte de sus importaciones estaban destinadas a la reserva estratégica, a cargo del Ministerio de Alimentación, pero que el traspaso nunca se concretó. Paradójicamente, mientras 122.000 toneladas de alimentos se descomponían en almacenes y puertos, el Ministerio de Alimentación seguía sin completar la reserva estratégica. En enero, este organismo solicitó al Parlamento un crédito adicional a su presupuesto para comprar las 136.200 toneladas que le faltaban para la primera etapa del proyecto.
Mientras, el cardenal Jorge Urosa cuestionó el hecho por sus implicaciones ideológicas. “No se trata sólo de que se hayan perdido cientos de miles de toneladas de alimentos, sino de lo que eso significa. Primero, una posible corrupción de tipo administrativo y, luego, la ineficiencia en el manejo de actividades que corresponden a particulares. Todo eso ocurre porque el Gobierno, que pretende copar todos los espacios, va en una línea totalitaria y mucho más allá de tareas que le son propias”, lamentó el arzobispo de Caracas.
Según Urosa, el hecho de que el Gobierno “se ha metido a productor, distribuidor y comerciante de toda clase de productos” está muy relacionado con la ideología: “Se trata de intervenir en todos los aspectos de la vida de los venezolanos en la imposición de una línea marxista-comunista”.
en el nº 2.714 de Vida Nueva.
