Su construcción, que será licitada en breve por el Gobierno de ‘Lula’, amenaza a las poblaciones indígenas de la zona y su medio de vida
(Graziela Cruz– Brasil) La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el amazónico río Xingú, al norte de Brasil, está desatando una de las mayores polémicas a que se ha enfrentado el Gobierno del presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Aunque la licitación de la obra, valorada en 11.000 millones de dólares, está prevista para el 20 de abril, se suceden las críticas de organizaciones ecologistas, de la Iglesia y de defensores de los derechos indígenas por sus posibles impactos medioambientales y sociales. Unos 500 km2 de superficie en las orillas del río se verían anegados por una infraestructura que –según el Ejecutivo– es indispensable para garantizar el abastecimiento de energía a un país donde crece progresivamente esta demanda.
Los debates sobre su construcción en territorio indígena llevan ya unos 20 años, pero ha sido ahora, con ‘Lula’ en el poder, cuando el Ministerio del Medio Ambiente ha dado luz verde a esta hidroeléctrica que, con 11.000 MW de potencia, deberá satisfacer las necesidades energéticas de unos 23 millones de personas en el país. Se estima que podrá estar operativa en 2014 y su capacidad sólo será superada por la central china de las Tres Gargantas y la brasileño-paraguaya de Itaipú.
Pobladores tradicionales e indígenas, ecologistas, representantes de la Iglesia católica e incluso artistas como el cantante británico Sting o el cineasta James Cameron han hecho llamamientos al Gobierno para que detenga el proyecto. Pero ha sido el obispo de Xingú y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Erwin Kräutler, uno de sus más firmes opositores. “El proyecto subestima completamente las consecuencias que tendrá y que son irreversibles. El presidente ‘Lula’ prometió hablar con la población, pero no hubo diálogo alguno”, lamenta el prelado. A su juicio, “el programa de instalación de la central ignora a las personas que serán afectadas en sus hogares” por una obra que sólo ha sido presentada de modo unilateral: “Los pueblos indígenas y los pueblos afectados –denuncia– no fueron escuchados suficientemente”.
Un grupo de expertos, integrado por investigadores de prestigiosas universidades del país, ha elaborado un documento (Evaluaciones de Impacto Ambiental de Belo Monte) que advierte de la poca viabilidad económica del proyecto, su impacto negativo sobre los pueblos indígenas y comunidades ribereñas y el caos social que se generaría por la migración de más de 100.000 personas en la región y el desplazamiento forzoso de más de 20.000 personas. Estos estudios muestran los efectos sobre los peces y la fauna acuática y la posible extinción de especies.
Reparación de daños
En respuesta a estas críticas, el ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, aseguró que el proyecto ha incrementado las compensaciones ambientales y sociales para procurar reparar los posibles daños causados a la población implicada. Minc desveló que la empresa que gane la licitación deberá contemplar una inversión adicional de unos 800 millones de dólares (una de las más altas en este tipo de proyectos) para la construcción de escuelas, centros de salud, reforestación y otras obras que mitiguen el impacto medioambiental. Además, se ha establecido un listado de 40 exigencias adicionales, entre las que figura la formación de un comité que tendrá acceso al desarrollo de los trabajos. Dos de las mayores constructoras brasileñas (Odebrecht y Camargo Correia) ya han anunciado que no participarán en el concurso, por considerar que es sumamente costoso.
Mientras tanto, el presidente ‘Lula’ da Silva garantizó a principios de abril que es irrevocable la decisión de construir la presa, a pesar de que el Ministerio Público Federal del estado amazónico de Pará haya presentado sendas acciones legales buscando frenar la construcción de la central y cancelar su licitación. Una de las demandas señala que el proyecto no respeta el artículo 176 de la Constitución brasileña, que determina que el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico en tierras indígenas sólo se llevará a cabo si hubiera una ley específica, lo cual no ha ocurrido en el caso del río Xingú. La otra acción indica que la obra viola la legislación ambiental, al secar un trecho de 100 kilómetros del río, que afectará a 12.000 familias que viven a sus orillas, incluidos pueblos indígenas, que podrían ver comprometido el acceso al agua y la comida.
En el nº 2.703 de Vida Nueva.
