La próxima publicación de un documento sobre el tema, en el marco del Bicentenario, podría volver a avivar el debate
(Washington Uranga– Buenos Aires) El 10 de marzo, la Comisión Permanente del Episcopado argentino emitió un documento titulado La Patria es un don, la Nación una tarea (ver VN, nº 2.700). Allí los obispos plantean una serie de reflexiones a propósito del Bicentenario de la independencia, que comenzará a celebrarse el 25 de mayo. Se señala, entre otros temas, que “urge recrear las condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación permanente que profundiza nuestros males”. La alusión se dirige claramente tanto a los miembros del Gobierno como de la oposición, enfrascados en disputas sin otra pretensión que posicionarse en términos electorales.
Con ese documento en la mano, los obispos, encabezados por el cardenal Jorge Bergoglio, visitaron el 17 y 18 de marzo a la presidenta Cristina Fernández, a los titulares de ambas cámaras legislativas y a la Corte Suprema de Justicia. La visita a los “tres poderes del Estado”, en la que participaron también los dos vicepresidentes de la Conferencia Episcopal, expresa la estrategia elegida por Bergoglio para sus vinculaciones con el Estado, y que puede resumirse en que no hay diálogos informales y que todo lo que se dice se plantea por escrito y con el aval de los cuerpos orgánicos de la Conferencia.
Desde la asunción al poder de Néstor Kirchner, en 2003, la relación entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas atravesó varios momentos tensos a partir de diferencias de criterio. Hoy, con Cristina Fernández, todos los interlocutores se esfuerzan en afirmar que las relaciones son “cordiales” y dentro de los “canales institucionales”. Es evidente, sin embargo, que hay temas pendientes que no logran afrontarse. El Ejecutivo no disimula su malestar cada vez que los prelados advierten sobre el sufrimiento de los pobres. En la Casa Rosada aseguran que la jerarquía católica no reconoce todo lo realizado por el actual Gobierno. Los pastores, también en voz baja, no sienten que sus reclamos sean atendidos como corresponde, siendo ellos los representantes de la mayor comunidad religiosa del país. Ni ocultan su preocupación frente a la posible aprobación de leyes que, en el futuro inmediato, despenalicen el aborto en ciertos casos y legalicen las uniones entre personas del mismo sexo.
Mientras, la Iglesia católica en Argentina tiene una fuerte presencia en el trabajo social a través de Cáritas, las comisiones de Pastoral Social de las diferentes diócesis y de otros organismos de acción y promoción social. Pero esta tarea se da también en el marco de diálogos permanentes con actores políticos, sociales y empresarios, que le otorgan a la Iglesia –y a la jerarquía en particular– un alto nivel de incidencia en la vida política del país.
Diálogo y consenso
En este contexto, y en preparación del Bicentenario, la Iglesia convocó desde principios de 2007 a representantes de diferentes credos y confesiones religiosas, empresarios de la producción, el comercio y el campo, a dirigentes de trabajadores, ONG y autoridades del mundo académico, en busca de un compromiso conjunto “para promover políticas públicas mediante el diálogo y el consenso, fundamentalmente inclusión social y un país más justo y federal”. Impulsado por el obispo Jorge Casaretto, titular de Pastoral Social, este foro (‘De habitantes a ciudadanos’) aspira a dar a conocer en breve un documento titulado La pobreza: un problema de todos, cuya finalidad es presentar propuestas consensuadas “sobre un tema acuciante”.
La difusión de la declaración próximamente puede convertirse en nueva ocasión de debate entre Gobierno e Iglesia. La Comisión de Justicia y Paz sostiene que el texto en preparación “no es de ninguna manera un documento político, partidario, oficialista o de oposición”, que “está dirigido a toda la comunidad, al pueblo y autoridades de todo nivel y lugar” y que “busca promover el consenso, la articulación y el diálogo social”, y no “imponer recetas ni directivas políticas”. Desde el Gobierno, la iniciativa se mira con sospecha. En particular, porque –dicen– detrás de la denuncia sobre la pobreza, pueden alinearse muchos de los que hoy se colocan en la vereda opositora de Cristina Fernández.
wuranga@vidanueva.es
En el nº 2.702 de Vida Nueva.
