(Miguel Ángel Malavia) Cáritas, desde su profunda y dilatada experiencia en este campo, ha querido manifestar su posición sobre la polémica generada por la negativa de diversos Ayuntamientos a empadronar a extranjeros en situación administrativa irregular. En su comunicado, hecho público el pasado 25 de febrero, se denuncia que estos hechos han venido teniendo lugar desde tiempo antes de su repercusión mediática y que suponen un procedimiento ilegal: “[el empadronamiento] constituye no sólo un derecho para los ciudadanos, ya sean españoles o extranjeros, sino también una obligación para las Administraciones locales, que deben velar porque el padrón sea un reflejo fiel de la población real de cada municipio”.
En el caso de los extranjeros extracomunitarios, en su mayor parte provenientes del África subsahariana o de América Latina, “esta obligación cobra especial relevancia porque es la puerta de entrada al ejercicio de una serie de derechos que la ley les reconoce, con independencia de su situación administrativa”. Entre otros derechos, reconocidos por la propia Constitución, estarían los de salud, educación, reunión, manifestación, huelga o sindicación. De ahí que Cáritas vaya más allá y pida que en todo momento se tenga en cuenta que “el inmigrante irregular tiene derechos y no puede ser invisibilizado”. Con esta política de obstaculizar el acceso al padrón de los inmigrantes en situación irregular, los Ayuntamientos que así actúan “sólo están intentando que estas personas dejen de existir en las estadísticas, sin que por ello dejen de vivir entre nosotros”.
A su vez, la organización sociocaritativa de la Iglesia denuncia la situación de otro fenómeno, como es el de los “pisos patera”. Y es que en el debate público se está abordando la posibilidad de que se fije la superficie habitable por persona, delimitándose cuántos habitantes pueden ser empadronados en un mismo domicilio. Así, se sancionaría a los arrendatarios que permitan situaciones de hacinamiento. Cáritas, a la vez que recuerda que las competencias en materia de vivienda corresponden “a todas las Administraciones públicas”, solicita a éstas que “promuevan y garanticen el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para aquellas personas en situación de desventaja social”.
El comunicado concluye con la misma claridad que marca todo el mensaje: “Existiría una calculada intención de distracción si se intentase responsabilizar a los que han venido de fuera del deterioro de nuestro bienestar”. Mensajes estos que sembrarían “la semilla de la xenofobia y del racismo”.
En el nº 2.698 de Vida Nueva.
