Los obispos analizan con mirada lúcida y comprometida la dura realidad del país en un importante documento
(Pablo Romo Cedano– México DF) Aunque “con agradecimiento al Señor por todos los bienes” recibidos, los obispos de Guatemala han hecho público un mensaje a la conclusión de su última Asamblea Plenaria en el que contemplan con dolor el sufrimiento de muchos de sus compatriotas, víctimas de un sistema que genera pobreza y exclusión, y, desde una mirada siempre profunda e interpeladora, tratan de describir la preocupante realidad del país.
En su primera parte, el texto episcopal –titulado Vivamos la caridad en la verdad– agradece “el sentido de esperanza que se encuentra en el alma del pueblo guatemalteco…, luz que ilumina y fuente de esperanza de tiempos mejores”, y, dirigiéndose a los miembros de la Iglesia, afirma: “Manifestamos nuestra gratitud por la entrega constante, silenciosa, esforzada de los sacerdotes, de los consagrados y consagradas, de los catequistas y laicos comprometidos en la acción pastoral. Particularmente, damos gracias a Dios por todos cuantos llevan adelante el cumplimiento de los objetivos de las comisiones pastorales de la Conferencia Episcopal”.
Sin embargo, el escrito se adentra de inmediato en un análisis sociológico de la más rigurosa actualidad, mostrando una situación llena de claroscuros. Y es que la labor pastoral del Episcopado se desarrolla en medio de un país que quiere vivir en paz y democracia y que camina constantemente por los desfiladeros de la violencia, la pobreza y la falta de credibilidad de sus instituciones. Así, pese a que los prelados reconocen los logros significativos alcanzados ya gracias a las cooperativas, el mercado justo, las iniciativas positivas para el desarrollo, los compromisos por la defensa de los derechos humanos y la mayor conciencia y coherencia de los líderes sociales y políticos, no ignoran los grandes desafíos aún por transitar.
Violencia que no cesa
A lo largo de las siete páginas de que consta el documento, se habla con vigor sobre los grandes temas del país, entre ellos, la violencia que no cesa, destacando el elevado número de asesinatos de conductores de autobuses, mujeres y familias enteras. Pero los firmantes no se quedan en una descripción de cifras alarmantes y dolores estériles, sino que articulan una reflexión sobre el carácter de la propia violencia, que atribuyen a la falta de atención por parte de las autoridades. “Sus esfuerzos –denuncian– no han sido eficientes y no se han cumplido los acuerdos”, particularmente, las iniciativas de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para impulsar nuevas leyes que impidan los crímenes.
Asimismo, sostienen que las relaciones entre grupos de poder y criminales –las maras– es evidente para la población, y cada día son más los que se unen a las bandas criminales internacionales que globalizan el mal y el terror. La jerarquía católica toca la fibra sensible que las autoridades callan: la complicidad y la internacionalización de esas bandas del crimen organizado. Guatemala es uno de los países donde más homicidios se cometen en proporción al número de habitantes y que más facilmente quedan en la impunidad. Por si fuera poco, el comercio de armas en el mercado negro es tan grande que los capos colombianos y mexicanos se surten de él.
Más adelante, los miembros del Episcopado describen la situación de pobreza de su país como un “océano de la miseria”, donde las pocas gotas de ayuda son “iniciativas ‘asistencialistas’ que no tocan las causas de la pobreza y con frecuencia fomentan el clientelismo político”. Como en otros países del hemisferio, en los centros de salud escasean los medicamentos, los servicios son mínimos y la participación popular para una Ley de Desarrollo Rural “duerme el sueño de los justos”.
Mientras tanto, las compañías mineras se llevan la riqueza nacional, desoyendo las reformas sugeridas desde la Conferencia Episcopal a la Ley de Minería actual y que, “hasta el día de hoy, no han sido tomadas en cuenta”. Sin eufemismo alguno, los pastores denuncian que “ni siquiera la tragedia del lago de Atitlán ayuda a cambiar la mentalidad en la concepción de un desarrollo integral que respete y defienda la riqueza de recursos naturales”. A ello se suma el que la iniciativa privada impidió una reforma fiscal que los haga corresponsables de una redistribución equitativa de los bienes. De ahí que soliciten “la necesaria reestructuración del sistema económico del país que permita una mayor creación de empleo y una mayor inversión de capital que dé como resultado más puestos de trabajo y mejor remunerados”. De lo contrario, advierten, el número de migrantes aumentará.
“No podemos estar al servicio de Dios y del dinero”, recuerdan los obispos utilizando las palabras de Jesús. Y argumentan: “La pobreza en Guatemala es fruto de un sistema en el que el Estado protege los intereses de pocos en detrimento del beneficio de la mayoría. Este sistema genera desigualdad y exclusión. El proyecto original de Dios fue un proyecto de armonía entre el Creador, la humanidad y la creación. Cuando el ser humano quiso ponerse en el lugar de Dios olvidando que era criatura, la armonía se rompió”. El tono del documento crece y la claridad también: “El modelo económico que domina la sociedad guatemalteca es un modelo en el que predomina la ‘lógica mercantil’”. De hecho, Guatemala es uno de los países del continente que más pobres tiene y donde la marginación y el racismo forman parte de la vida cotidiana.
Aparte de producir este importante documento, la Asamblea Plenaria guatemalteca se completó con la renovación de su Consejo Permanente, constituido –entre otros– por el presidente y obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu, Pablo Vizcaíno, el vicepresidente y obispo de La Verapaz, Rodolfo Valenzuela, y el secretario general y obispo de Santa Rosa de Lima, el capuchino Bernabé de Jesús Sagastume.
RECOMENDACIONES EPISCOPALES
Vivamos la caridad en la verdad, que se inscribe en la lista de los grandes documentos del magisterio centroamericano que serán guía fundamental de acción para el futuro de esta joven Iglesia, concluye ofreciendo su particular ‘receta’, a modo de “recomendaciones”.
Así, a nivel legislativo, los obispos solicitan un auténtico impulso de nuevas leyes (anticorrupción, tráfico de migrantes o delitos sexuales) de la CICIG; en el plano económico, se insta a promover “un modelo de desarrollo integral a largo plazo con una visión de futuro en el cual se ponga a los hombres y mujeres empobrecidos en primer lugar y se favorezca la promoción y participación en el bien común, escuchando y tomando en cuenta las demandas de la sociedad civil organizada”. En este mismo ámbito, los prelados recuerdan la urgencia de la responsabilidad común en el pago de los impuestos. Por lo que respecta al tema de las empresas mineras, los autores del texto reclaman reformas consensuadas, para hacer más transparente su actividad, respetando las normas ambientales y la voluntad de los pueblos. De igual forma, sugieren que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural consensuada con las organizaciones campesinas.
Y que los guatemaltecos, “sin distinción de credos religiosos o ideologías políticas, fundamentemos nuestro futuro en el fundamento sólido de la libertad, la justicia, la verdad y la solidaridad, para tener una paz firme y duradera”.
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En el nº 2.696 de Vida Nueva.
