Los políticos siguen sin abordar un debate serio sobre el tema pese a las reiteradas condenas de la Iglesia
(Pablo Romo– México DF) El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por 46 votos a favor y 19 en contra lo que pasó a denominarse “interrupción legal del embarazo”. A partir de esa fecha, en 17 estados de la República se han modificado las legislaciones locales para restringir o eliminar completamente cualquier posibilidad de abortar. ¿Qué está pasando en México con el aborto?
En un país convulso por la guerra contra el crimen organizado, que padece la peor crisis económica en muchas décadas y con un incremento de seis millones de pobres, el debate en torno al aborto se ha convertido en tema clave en las cámaras legislativas locales del país. Pero, ¿por qué ahora? Las respuestas pueden ser muchas, dependiendo de a quién se le pregunte y la posición que tenga con respecto al aborto. Ahora bien, sólo la Iglesia católica, por boca de sus obispos, ha sido siempre firme, al margen de los tiempos, en su condena del aborto y su defensa de la vida.
El debate se desató tras unas polémicas elecciones presidenciales en julio de 2006, cuando Felipe Calderón, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), obtuvo un disputado y discutido triunfo, con el apoyo de los sectores conservadores y económicamente poderosos del país, sobre Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como reacción a ello, los liberales de esta formación política, que gobiernan la Ciudad de México, propusieron la ley para “despenalizar el aborto” y, en el primer período de sesiones de la Asamblea del Distrito Federal, fue aprobada por abrumadora mayoría con los votos del PRD, PRI y los pequeños partidos Panal y Coalición Socialdemócrata, frente a los 19 votos del PAN y sus aliados.
De nuevo, en respuesta a esta ley del Distrito Federal y a modo de pulso para medir las fuerzas, 17 congresos del país han ido votando en los meses siguientes en sentido contrario, penalizando cualquier tipo de aborto. Aunque, curiosamente, quienes en estos lugares votan junto con el PAN son los partidos liberales que en la Ciudad de México votaron a favor de la ley. Un hecho que se da por la nueva correlación de fuerzas y el protagonismo que está volviendo a adquirir el PRI, otra vez el partido más votado en los últimos comicios del país y que opta por la “despenalización” en la Ciudad de México mientras en varias demarcaciones encabeza las propuestas ‘Pro-vida’.
Constitucionalidad
A la vista de todo ello, está claro que los partidos nunca han abierto un debate serio sobre el tema. En 2007, se discutió sobre la constitucionalidad de la ley –aunque muy poco de su fondo– en la Suprema Corte de Justicia, que no la revocó. Y, en la mayoría de las legislaturas, se ha votado casi en secreto y al margen de la ciudadanía. El debate sobre la vida, el concepto de persona y la sexualidad ha sido soslayado por las presiones políticas, el oportunismo y el momento electoral. Así, como los propios obispos han repetido claramente en varias ocasiones, el tema del aborto se ha convertido en botín electoral, y no en tema de profunda reflexión sobre lo que como humanidad se quiere y entiende.
La ley en la Ciudad de México plantea la despenalización del aborto antes de la semana doce de gestación, y se modificó la Ley de Salud para establecer que las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las peticiones de aborto aun cuando la solicitante cuente con otro servicio de salud público o privado, y que la atención a la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. Además, se estableció que el gobierno de DF promoverá, de manera permanente e intensiva, políticas integrales para promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables.
Por su parte, las modificaciones realizadas en 17 legislaturas del país –entre ellas, Baja California, Guanajuato y Querétaro– establecen la restricción del aborto bajo cualquier circunstancia, y, por ejemplo, en Veracruz, se eleva a rango constitucional el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”. En algunos casos, las penas a las mujeres que aborten van de los tres meses a los tres años de cárcel y, en otros, se las condena a trabajo comunitario de varias horas al día en guarderías públicas.
Las elecciones presidenciales quedan todavía lejos, pero parece que el tema de la vida humana seguirá politizándose y el aborto o su despenalización seguirán siendo un instrumento de presión electoral.
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En el nº 2.688 de Vida Nueva.
