Manos Unidas y Cáritas, portavoces de los “derechos” de los países pobres en la 15ª cumbre climática
(Miguel Ángel Malavia) El desarrollo sostenible y la justicia social son principios indispensables para actuar contra el cambio climático”. Así de claro se mostraba el coordinador de Campañas de Manos Unidas, Marco Gordillo, en una conversación con Vida Nueva previa a su desplazamiento a Copenhague para participar en la Cumbre sobre el Clima que, organizada por la ONU, ha congregado en la capital danesa, del 7 al 18 de diciembre, a los principales líderes mundiales. Y es que la implicación de la Iglesia por la “justicia climática” es notoria. A nivel mundial (ver recuadro) y nacional.
En nuestro país, la reivindicación está siendo impulsada por Cáritas y Manos Unidas. Ambas han estado presentes en Copenhague, contando con representantes propios integrados, respectivamente, en dos grandes plataformas globales: Caritas Internationalis y la europea CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Justicia), que integra a 180 organizaciones católicas. La clave de las peticiones radica en el concepto mismo de “justicia climática”, que podría resumirse así: el calentamiento de la tierra ha sobrepasado límites permitidos por los excesos de un modelo económico industrialista que ha crecido sin control. Esto ha tenido consecuencias para el planeta, alcanzando las emisiones de CO2 unos niveles nocivos para la atmósfera, que podrían ser irreversibles en un futuro próximo si no se frenan progresivamente, desde ya. Este descontrol no ha sido natural, sino producido por el hombre, teniendo su centro en los países desarrollados y con modelos industriales. Los países más pobres, que a su vez no han contribuido apenas al problema por mantener mayoritariamente sistemas agrícolas, sí están siendo los principales perjudicados, tanto por su situación geográfica como por su menor capacidad de actuación ante sus efectos.
Es por ello que, a la hora de gestionar los recursos naturales, como defiende Gordillo, “los pueblos del Sur tienen derecho a un desarrollo sostenible”. Pero, ¿cómo articular ese derecho para conseguir un acuerdo equitativo y vinculante? Al cierre de esta edición, se desconocían las conclusiones de la Cumbre de Copenhague. Eso sí, las que ya eran públicas y concretas eran las cuatro demandas principales que desde Cáritas y CIDSE se remitían a los dirigentes mundiales: “El compromiso firme por parte de los países desarrollados para que, a través de instrumentos de financiación seguros y previsibles, aseguren al menos 131.000 millones de euros anuales en fondos públicos a partir de 2020, siendo éstos fondos adicionales a la ayuda oficial al desarrollo (0,7% del PIB); un compromiso global para mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2º C; los países industrializados en su conjunto deben fijar un objetivo de reducción [en la emisión de gases de efecto invernadero] para 2020 superior al 40% del nivel de emisiones de 1990; los resultados acordados en Copenhague deben ser legalmente vinculantes y aplicables”.
Aviso africano
Punto este último de gran importancia. Así, una semana antes de que concluyera la cita, ya se pudo comprobar hasta qué punto la cuestión de la concreción efectiva era, como en las anteriores cumbres climáticas –la de Copenhague ha sido la 15ª–, el gran inconveniente para conseguir un carácter vinculante de lo acordado. El lunes 19 se hizo público que los representantes africanos, apoyados por el llamado G-77 (que engloba a los países en desarrollo), abandonaron durante unas horas las mesas de trabajo para las negociaciones. La causa la explicó el presidente del grupo, el argelino Kamel Djemouai, quien afirmó que lo hacían para tratar de evitar “la muerte de Kioto”. Y es que el Protocolo de Kioto, firmado en la anterior cumbre, establecía unos compromisos que sí eran vinculantes –algo que sucedía por primera vez en una convención climática– para el periodo 2008-2012, por lo que el objetivo de los africanos, que no veían avances significativos, era que los países desarrollados se comprometieran en la renovación y profundización del acuerdo, que sería extensible ya hasta 2020. La portavoz del G-77, la filipina Bernarditas de Castro, fue igualmente taxativa: “Este es un proceso poco democrático y transparente. Los 48 ministros no pueden decidir por más de 140 países pobres”.
Lumumba Stanislas Dia Ping, del G-77
Tal y como recordó el coordinador de Campañas de Manos Unidas a esta revista, tal medida de presión no era una novedad. En una reunión previa en Barcelona a inicios de noviembre, con motivo de preparar la cumbre de la ONU, los más de 50 países africanos presentes allí también abandonaron la mesa de diálogo durante un día y medio al no ver concretarse ningún compromiso por parte de los países desarrollados.
De este modo, a expensas de conocerse el resultado final de la reunión, parecieron diluirse las iniciales muestras de optimismo, despertadas tras los pasos dados por China y los EE.UU. –países ambos que se negaron a firmar el Protocolo de Kioto– en el sentido de reconocer la necesidad de, progresivamente, reducir el impacto climático de sus actividades más contaminantes.
Pese a que los resultados finales de Copenhague 2009 sólo se conocerán en un futuro más o menos próximo, Marco Gordillo se muestra moderadamente optimista, con la vista puesta a largo plazo: “Esta cumbre no será el punto de llegada, pero sí será importante para avanzar”. A su juicio, pese a que “siguen imperando los intereses nacionales”, desde aquella primera Conferencia sobre el Clima que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, se ha avanzado progresivamente en la “concienciación de los países ricos sobre su responsabilidad”, acuñándose términos tan significativos como los de cambio climático, desarrollo sostenible o solidaridad intergeneracional.
INICIATIVAS CON SELLO CRISTIANO
Pocos dudan que la Iglesia está en la avanzadilla reivindicativa por la “justicia climática” en Copenhague. Así, además de la delegación vaticana presente en la cumbre, Benedicto XVI ha dedicado su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (el próximo 1 de enero) a la cuestión, siendo el propio título bien significativo: Si quieres promover la paz, protege la creación. Como lo es su apelación a la “responsabilidad común” en la “relación del hombre con el entorno natural”, entendido como “un don de Dios” y que señala “especialmente a los pobres y a las generaciones futuras”. En la misma línea, ha destacado un mensaje conjunto de la Conferencia de Iglesias Europeas y el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas en el que se insta a los países desarrollados a “tomar la iniciativa” para un cambio de modelo de producción, pues “durante décadas han sido los responsables” de la contaminación del planeta. Del mismo modo, además de una ceremonia ecuménica, y a iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias, el domingo 13 todas las iglesias de Dinamarca hicieron sonar sus campanas 350 veces a modo de reivindicación.
En el nº 2.688 de Vida Nueva.
