Un mensaje del obispo de Comodoro Rivadavia denuncia los daños que causan las explotaciones a cielo abierto
(Washington Uranga– Buenos Aires) El obispo de la sureña diócesis argentina de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, emitió un documento, junto a sus comisiones de Pastoral Social y Pastoral Aborigen, en el que denuncia los daños que en esa parte del país causa la megaminería o minería a cielo abierto, con “efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz”. Sus Reflexiones sobre la megaminería se dirigen al Gobierno y a la comunidad, para denunciar, advertir y proponer medidas que mejoren la calidad de vida de la población. Se advierte del daño ambiental que está provocando la explotación minera indiscriminada y se proponen acciones, a nivel gubernamental y ciudadano, para ordenar la explotación y establecer límites a la misma.
Virginio Bressanelli
La explotación minera a cielo abierto está reclamando la atención de las poblaciones directamente afectadas, pero no alcanzó aún un lugar en la agenda social y política argentina. Tampoco el Gobierno nacional ha dedicado mayor atención al tema, según los expertos, para no perjudicar los ingresos que las explotaciones actuales acarrean a ciertos gobiernos de provincias.
“No nos oponemos a la actividad minera en sí”, aclara el obispo de Comodoro, pero sí a este tipo de explotaciones que afectan “bienes esenciales de la vida humana” a los que “tienen derecho cada persona y todas las generaciones tanto actuales como futuras”. Y expresa su inquietud, además, por los “excesos” que “compañías mineras han cometido en períodos recientes, especialmente en países pobres y/o en vías de desarrollo, dañando gravemente su biodiversidad y el equilibrio inscrito en la naturaleza, con la eliminación de bosques, la contaminación ambiental y la conversión de zonas explotadas en inmensos desiertos”.
Entre las preocupaciones de Bressanelli, se cita la situación de “una minería a gran escala que precisa el uso indiscriminado de millones de litros de agua, un derecho básico y esencial, indispensable para el sostén de la vida, con la consiguiente merma de las reservas acuíferas en la provincia del Chubut, territorio de la diócesis. A ello se añade el uso de químicos tóxicos para obtener mayor rentabilidad, lo que deja “un pasivo ambiental de larga vida por su efecto contaminante, su impacto destructor sobre la salud humana y el resto de seres vivos, que son indispensables para mantener las fábricas naturales de agua, de suelo y estabilidad ambiental”.
El texto expone también su preocupación por “una minería que afectará a los derechos de las comunidades aborígenes alterando su hábitat, poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura que se caracteriza por el ‘respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano’”.
Mínima devolución
No se olvida tampoco de señalar “el escaso beneficio económico que la actividad minera” aporta al Estado, mientras “despoja de bienes naturales no renovables que se ceden como materia primera y que luego se compran industrializados”. La denuncia recuerda también que las obras sociales que realizan las empresas explotadoras “constituyen sólo una mínima devolución de lo mucho que se llevan, sin una mayor significación humanitaria”.
Más allá de todo ello, el prelado repara en la “falta de información completa, sin recortes y desde una óptica integral” que dé elementos de juicio a la población y la “falta de un debate público que implique a funcionarios y legisladores” frente al riesgo de que “alguien pueda creer o pensar que este tipo de emprendimientos sean la salvación para las poblaciones del interior” del país. “Desconocemos si ha habido bienestar y logros sustentables en otros lugares a raíz de la actividad minera”, matiza el texto, pero “los testimonios conocidos inducen a pensar lo contrario”.
Por ello, propone “más información y debate público” acompañado de “formación profunda en la materia de parte de las autoridades y legisladores, valorando los aportes que en distintas partes de la Provincia hacen los foros y los grupos interesados en la salvaguardia del medio ambiente y de la biodiversidad presente en nuestra Provincia”.
Otras propuestas apuntan a la revisión y reformulación de la legislación minera, la puesta en marcha de un red de monitoreo ambiental, el cuidado de los modos de vida de los indígenas y la formalización del principio del “agua como derecho de todo ciudadano”, siendo “inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible en todas las etapas del proceso extractivo”, implicando en ello a la población.
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En el nº 2.682 de Vida Nueva.
