El frenteamplista Mujica y el liberal Lacalle se jugarán el 29 de noviembre la sucesión de Tabaré Vázquez
(Washington Uranga– Montevideo) Los uruguayos volverán a las urnas el 29 de noviembre para definir, entonces sí, quién será el nuevo presidente del más pequeño de los países sudamericanos. José ‘Pepe’ Mujica, candidato del Frente Amplio (coalición de centro izquierda actualmente en el Gobierno) triunfó en la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre, pero no alcanzó el 50% más uno de los votos, mínimo requerido por la ley para evitar el balotaje. En la segunda vuelta, Mujica se enfrentará con el liberal Luis Alberto Lacalle, ex presidente (1990-95) y candidato del Partido Nacional.
Los datos del escrutinio primario señalan que el candidato frenteamplista obtuvo el 47,5% de los sufragios, frente al 28,5% de su oponente. La ventaja podría ampliarse si la tendencia se repite en el conteo definitivo. Aunque esos resultados no lograrán evitar la segunda vuelta, pueden ser importantes para que el Frente Amplio conserve la mayoría parlamentaria, objetivo que tiene muy cerca.
A pesar de la derrota, los partidarios de Lacalle salieron a festejar el hecho de haber forzado la segunda vuelta. Sabían de antemano que la tercera fuerza, el Partido Colorado, cuyo candidato era Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-76), respaldaría a Lacalle para una segunda vuelta. Así ocurrió pocas horas después de la votación. En ese marco, la importancia de la opción conservadora se acrecienta, porque, en contra de muchos cálculos, Bordaberry aumentó el caudal partidario, llegando al 16,6% de los votos. El Partido Independiente, cuarta fuerza, apenas alcanzó el 2,5% de los apoyos.
Mujica, ex dirigente de la guerrilla Tupamaros, detenido entre 1970 y 1985 durante la dictadura militar, sigue siendo el principal candidato a ocupar la presidencia, aunque se prevé que por un margen muy estrecho. Hombre de trato sencillo y que, siendo senador, sigue dedicado a cultivar su huerta a pocos kilómetros del centro de Montevideo, fue, junto a otros ocho compañeros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), virtual rehén del régimen dictatorial y sometido a las peores humillaciones y torturas.
Dos visiones, un proyecto
Lacalle, hombre del tradicional Partido Nacional, expresa la visión política neoliberal, plasmada durante su administración. Tras abandonar el Gobierno en 1995, recibió muchas denuncias de corrupción que no fueron probadas judicialmente.
Mientras Mujica promete profundizar el camino de reformas del actual presidente socialista, Tabaré Vázquez (que deja su cargo con el 60% de imagen positiva), Lacalle quiere volver al camino clásico del neoliberalismo. En política internacional, ambos candidatos prometen mantener la participación uruguaya en el MERCOSUR, aunque reclaman mayor atención para los socios menores (Paraguay y Uruguay) de parte de Brasil y Argentina. Mujica quiere trabajar por la Unión de Países Sudamericanos (UNASUR) y Lacalle mejorar la relación con los Estados Unidos. Los dos insisten en la necesidad de elevar la capacidad productiva de Uruguay y trabajar para disminuir la pobreza y mejorar el empleo juvenil. Para Mujica, esto se logra con la acción más positiva y protagónica del Estado. Para Lacalle, por el camino contrario: mayor participación del sector privado y menos intervención estatal.
A pesar de que se enfrentan dos miradas muy diferentes, los uruguayos se caracterizan por vivir la rivalidad política en medio de un clima desprovisto de violencia y de alteraciones. Todos convocan ahora a votar por sus candidatos, pero también a conservar el sentido de unidad nacional y de proyecto de país.
Pero no fueron éstos los únicos resultados de los comicios. De forma simultánea, los uruguayos participaron en dos plebiscitos. El primero buscaba la derogación de la Ley de caducidad, que impidió el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura (1976-1983). Se necesitaban más del 50% de los votos, y el ‘sí’ sólo recibió un 48,3%. Tampoco pasó (obtuvo el 36%) la otra iniciativa sometida a consideración, que buscaba autorizar el voto epistolar de los ciudadanos que viven fuera del país y que se estiman en una cifra cercana al millón de personas (sólo en Argentina habitan 300.000 orientales).
Si bien, en términos generales, la Iglesia católica se mantuvo al margen en materia electoral, en el último tramo de la campaña, el Comité de Bioética de la Conferencia Episcopal hizo una convocatoria a los cristianos para no apoyar a los candidatos que favorecieran la despenalización del aborto y la unión legal entre personas del mismo sexo, en lo que se interpretó como una forma indirecta de quitarle respaldo al Frente Amplio.
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En el nº 2.681 de Vida Nueva.
