La nueva ley de medios, última arma política en Argentina

El debate ciudadano y parlamentario ha dado paso a la pugna de intereses económicos y partidistas

Cristina-Fdez-ley-medios(Washington Uranga– Buenos Aires) En abril último, la presidenta argentina, Cristina Fernández, presentó un proyecto de ley de servicios audiovisuales de comunicación que, con el correr de los meses, se convertiría en otra batalla política entre el “kirchenerismo” gobernante y sectores de la oposición. Apoyado en la importancia de la iniciativa legal –destinada a reorganizar el sistema de medios audiovisuales–, el oficialismo abrió espacios de debate ciudadano a través de foros en distintas partes del país. La oposición se negó a asistir a esas instancias, argumentando que sólo servirían para legitimar las propuestas del Gobierno, calificándolas incluso de “farsa montada por el oficialismo”.

Tras las elecciones del 28 de junio, con una importante derrota del oficialismo, la oposición y los grandes grupos económicos que controlan los medios de comunicación dieron por hecho que la iniciativa de ley –que no había sido sometida a debate parlamentario– nunca llegaría al Congreso. Pero la presidenta decidió enviarla y pidió su pronta aprobación, antes de que el 10 de diciembre quede reflejada la nueva correlación de fuerzas resultante de los últimos comicios.

La norma propuesta intenta dar un nuevo ordenamiento a los servicios de comunicación audiovisual, regidos por un decreto-ley de 1980, que dejaba su control en manos de las Fuerzas Armadas y concebía al ciudadano como “enemigo interno”. Aunque esta ley fue modificada en algunos aspectos por varios gobiernos democráticos, todos ellos condujeron los servicios de comunicación con la figura de un “interventor” dependiente directamente del presidente.

A todo ello se sumó el rápido desarrollo tecnológico, con avances significativos en cobertura y modos de producción, pero, sobre todo, generando complejidad en el negocio de la comunicación. Por incapacidad o desidia de los políticos y por presión de los grupos económicos que operan en el sector, el debate sobre una ley para la comunicación audiovisual se fue postergando. Mientras, dicho negocio siguió creciendo, y se consolidó una estructura oligopólica que permite que no más de tres grupos económicos controlen todo el negocio audiovisual.

El Gobierno basa su proyecto de ley en las directrices trazadas por una ‘Coalición para la comunicación democrática’ –integrada por comunicadores populares, organizaciones sociales, cooperativas y sindicatos–, que resumió años atrás en 21 puntos una propuesta basada en “la puesta en marcha efectiva del derecho a la comunicación”. Los grandes empresarios de la comunicación siempre se mantuvieron al margen y prefirieron ejercer presión ante cada gobierno para obtener beneficios. Hoy día, con posiciones consolidadas en el mercado, esgrimen “derechos adquiridos” en respuesta a un proyecto de ley oficial que restringe los monopolios de la comunicación, impone cuotas de producción nacional para la radio y la televisión nacional y reserva el 33% de las licencias audiovisuales para organizaciones sin fines de lucro…

Fuera de la Cámara

En la Cámara de Diputados, el gobernante Frente para la Victoria impuso su mayoría y cosechó 147 votos a favor del proyecto, pero el debate trasciende al Parlamento. La mayoría de los medios, en particular los controlados por el poderoso ‘Grupo Clarín’, han ordenado una batalla editorial contra el proyecto de ley, al que acusan de atentar contra la libertad de expresión. La oposición se ha sumado a estas críticas, argumentando que el oficialismo quiere imponer su visión y, apurando los tiempos parlamentarios, una mayoría coyuntural. El Gobierno, por contra, insiste en la legitimidad del mandato de los actuales legisladores y señala que quienes se oponen, en particular los empresarios de medios, sólo buscan proteger sus intereses económicos.

Por su parte, la Iglesia católica, que en los últimos años ha recibido concesiones de frecuencias de radio, se mostró favorable a debatir una nueva ley, aunque –por boca del presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación, el obispo Agustín Radrizzani– pidió que se garantice la pluralidad de voces.

El debate continúa. La aprobación de la Cámara deberá ser ratificada por el Senado, previsiblemente el 7 de octubre. El resultado es incierto, aunque unos y otros aseguran tener votos suficientes para imponer su punto de vista sobre una ley que se ha convertido en arma política clave para debilitar o consolidar al Gobierno y que ha generado una delicada situación, en la que los empresarios de medios buscan su propio beneficio.

wuranga@vidanueva.es

En el nº 2.676 de Vida Nueva.

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