La Iglesia católica mostró sus reticencias
(Jordi Llisterri– Barcelona) Se aprobó la ley y ahora falta el reglamento en el que quedará más clara su aplicación. El Parlamento catalán aprobó el pasado 15 de julio, con una amplia mayoría (Gobierno y Oposición), la primera ley sobre centros de culto que crea una licencia específica para los centros de todas las confesiones religiosas. Las condiciones concretas de seguridad, salubridad, protección acústica o aforo de los locales de nueva apertura se establecerán con un reglamento específico y dejarán de regirse por el de otras actividades de concurrencia pública, como los espectáculos.
La comisión que durante año y medio ha tramitado la ley en el Parlamento ha introducido numeras modificaciones. Así, no se obliga a los ayuntamientos a reservar terrenos para la construcción de centros de culto, pero sí se requiere que en un plazo de diez años revisen sus planes urbanísticos para clarificar en qué tipo de suelo se pueden instalar esos centros y en cuáles no. Se quiere garantizar que en aquellos terrenos en los que esté permitido, la Administración no pueda denegar la instalación de un centro religioso. Es la respuesta que, finalmente, se ha dado a la principal motivación de la ley: facilitar que las nuevas comunidades religiosas presentes en Cataluña puedan obtener el permiso para abrir nuevos centros y que su localización se pueda planificar sin la presión de las protestas de los vecinos, en especial ante las registradas por apertura de mezquitas.
Para los centros que ya están funcionando, la ley prevé un plazo de cinco años para que se comunique a la Administración que se cumplen las medidas básicas de seguridad que establecerá el reglamento. De todos estos requisitos están exentos los templos catalogados como patrimonio cultural.
Durante la tramitación de la ley, los representantes de la Iglesia católica que participaron en el debate, insistieron en los inconvenientes que veían en la creación de una licencia específica para centros de culto. En su día, los obispos de Cataluña (ver Vida Nueva, nº 2.591) ya manifestaron su preocupación porque la ley pudiera afectar a un derecho fundamental como la libertad religiosa. Tampoco se consideraba pertinente recoger en una misma ley realidades muy diversas como iglesias, sinagogas y mezquitas. En los trámites parlamentarios también aparecieron las dificultades y los costes económicos de adaptar todos los templos católicos a la nueva normativa. Otras confesiones y expertos en Derecho también apuntaron argumentos similares. Finalmente, el día de la aprobación de la ley en el Parlamento, los representantes de la Iglesia católica prefirieron no sumarse a la foto con los miembros de distintas confesiones que asistieron al pleno.
En el nº 2.671 de Vida Nueva.
