(J. L. C.) El magistrado de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco se ha declarado competente para investigar a 14 miembros del Ejército salvadoreño por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el recinto de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA) de San Salvador.
De este modo, el juez ha admitido la querella presentada el 13 de noviembre del pasado año por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco.
Aunque ambas organizaciones denunciaron también al ex presidente del país centroamericano, Alfredo Cristiani, por el supuesto intento de encubrimiento de los crímenes, la resolución judicial argumenta que contra él no hay “base indiciaria suficiente” para admitir dicha querella. No así contra los 14 militares referidos -entre ellos, el ex ministro de Defensa, general Rafael Humberto, y el ex comandante de las Fuerzas Aéreas, general Juan Rafael Bustillo-, a quienes se investigará por “delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes”.
Pese a que el Parlamento aprobó en 1993 una amnistía general que afectaba a los actos ocurridos durante la guerra civil (1980-1992), en marzo de 2000 la UCA demandó a Cristiani y a seis jefes militares ante la Fiscalía General de la República. La Compañía de Jesús se ratificaba, así, en su idea de que debían ser las instancias nacionales las que hicieran justicia por el crimen, postura que siguen defendiendo los jesuitas españoles. Aun con todo, respetan las gestiones de tribunales internacionales, como la que ahora se emprende desde España, y apoyan a las familias demandantes.
En el nº 2.644 de Vida Nueva.
