Entrevista con el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones
(Marina de Miguel) “Corresponde a la sociedad entera, y a cada uno de sus miembros, instituciones y servicios, la obligación de acoger al inmigrante que, por cualquier causa, viene a nosotros”. La Jornada Mundial de las Migraciones (18 de enero) es, como explica a Vida Nueva José Sánchez González, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y obispo de Sigüenza-Guadalajara, una ocasión crucial para promover la integración. Especialmente este año, en el que el Episcopado aboga por crear comunidades fraternas ante la crisis económica.
Jesucristo, nuestro Señor, nos mandó acogerlos como si de Él mismo se tratara y como Él nos acoge -prosigue, relatando las razones especiales que tiene la Iglesia-. El grado y el proceso de incorporación plena dependerán de la circunstancia de cada uno, porque hay que respetar también su libertad y derechos. Mientras un católico tiene desde el principio los mismos derechos y obligaciones que un nativo, hasta el grado sumo de la Comunión Eucarística, un no creyente no puede ser forzado a tal grado de integración. Sin que eso disminuya la obligación de acogerlo y de servirlo”.
La Iglesia ha vuelto a demostrar que está al lado de los más desfavorecidos. ¿Qué enseñanzas puede transmitir?
Por su condición de ser pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, está obligada a ser ejemplo y modelo para toda persona e institución que tenga que ver con emigrantes e itinerantes. Su razón de servicio al inmigrante no puede ser la oportunidad política, económica, de raza, cultura, religión, etc., sino su condición de ser persona humana.
Puesto que la problemática de la inmigración posee numerosas facetas, ¿existen, o en su defecto, sería conveniente tender puentes de colaboración con el Gobierno?
No sólo no debe haber inconveniente, sino que, respetando la identidad e independencia de cada institución, estamos obligados a entendernos y colaborar en servir a estas personas como deben ser servidas, respetando su dignidad y derechos, acogiéndoles como personas, aprendiendo de ellos lo mucho que pueden enseñarnos y haciendo con ellos -nunca sin ellos o contra ellos- el proceso de su plena integración en nuestras comunidades. Esto nunca puede privar a la Iglesia y a los cristianos de su libertad y obligación de cumplir con su misión profética de denunciar los abusos, cuando se dan, vengan de donde vengan.
El 19 de diciembre se dio luz verde al borrador de la reforma de la Ley de Extranjería. Ya han surgido voces críticas que ven, como puntos negativos, la restricción a la reagrupación familiar de los ascendentes y que se eleve de 40 a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento. ¿Considera que la reforma ampara los derechos fundamentales?
Hace tiempo que vienen debatiendo en la Unión Europea -y España está en la misma línea- sobre una nueva normativa, más restrictiva que la actual, para la regulación de los flujos migratorios a Europa. Parece que lleva camino de aplicarse en los países miembros, con ligeros matices. Se cumple una especie de principio que determina estas llamadas “Leyes de Extranjería o de Emigración”, por el que terminan siendo como un acordeón, que se amplía cuando interesa. Se abren todas las compuertas y hasta se presume de ser un país muy acogedor, en el que engordan las cajas de Hacienda y de la Seguridad Social con su aportación. Pero que, cuando la economía decrece, se comprimen y restringen las leyes, se endurecen las condiciones de entrada y de reagrupación familiar, se prima el retorno y se prolongan los períodos de “retención”, que equivale a práctica privación de libertad. Se están, por lo menos, rozando derechos fundamentales en nombre de la defensa de los intereses nacionales o europeos y por el imperio de las leyes de la economía y del mercado sobre la dignidad y los derechos.
Al vaivén de la economía
Cuatro reformas en ocho años, ¿denotan improvisación por parte de los gobiernos o responden a la dificultad de regular con mecanismos legales este fenómeno?
Aparte de que denota la falta de capacidad, no sé si de voluntad, de nuestros gobernantes y de sus partidos políticos, de llegar a acuerdos en asuntos tan importantes y graves como el de la inmigración, es una confirmación de lo dicho anteriormente; a saber, que las legislaciones sobre las migraciones obedecen más a la defensa de intereses nacionales y de grupos o bloques -caso de la Unión Europea- y que están a merced de los vaivenes de la economía y del mercado de trabajo, que fundamentadas en el respeto y promoción de la persona y en la garantía y defensa de sus derechos.
En el nº 2.644 de Vida Nueva.
