Una carta de la Pastoral Social se muestra preocuada por una ley invitando a su expansión en varias provincias
(Washington Uranga– Buenos Aires) La generación de un nuevo marco regulatorio para los juegos de azar y la posible aprobación de una ley que expanda estas actividades en la provincia de Buenos Aires, el más extenso y poblado de los estados de Argentina, generó una nueva polémica entre la jerarquía de la Iglesia católica y las autoridades gubernamentales. En este caso, fue el obispo de San Isidro y titular de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, quien escribió una carta a los legisladores provinciales y, hablando en nombre de sus hermanos en el episcopado, expresó la “preocupación de todos los obispos de la Provincia sobre la difusión del juego”. La respuesta no se hizo esperar por parte del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien admitió que se están “buscando consensos para tener un marco regulatorio” en la materia que permita atender “una situación pre-existente”.
Ha llegado a nosotros la información de que se estaría tratando en los próximos días una nueva ley (o modificación de la existente) sobre esta temática. Tratándose de determinaciones que tendrán enorme influencia en el ámbito ético de la población, le pido que no se avance en la sanción de leyes, sino después de amplias consultas sobre el contenido de las mismas”, invita la misiva de Casaretto, que hizo llegar a los despachos de todos los dirigentes de los diferentes bloques parlamentarios.
Diálogo en privado
El gobernador, por su parte, prometió realizar consultas a todos los sectores involucrados y, por el momento, se aplazó hasta un nuevo período legislativo el tratamiento de una ley provincial que podría permitir la expansión de las salas de juego. Extraoficialmente, se ha podido saber que Scioli y Casaretto, dos hombres que mantienen un diálogo habitual y fluido, conversaron en forma reservada sobre el delicado tema.
El obispo de San Isidro había pedido también que se consulte a la Iglesia “sobre estas cuestiones de tanto peso en la dimensión moral de nuestra sociedad”. Saliendo al paso de estas declaraciones, el gobernador Scioli, un hombre que fue vicepresidente durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) y que es actualmente uno de los hombres más cercanos a la gestión de la presidenta del país, Cristina Fernández, manifestó que “estamos haciendo interconsultas para ver lo que hacemos con lo que va a vencer, con lo que ya venció y se renovó por decreto por veinte años y con los municipios que quieren tener salas de bingos”.
El propio Scioli fue más categórico en otras declaraciones, cuando señaló que “no puede ser que el juego que está es bueno, que las máquinas tragamonedas que están hacen bien a la educación, a la salud, y que cualquier otro reordenamiento de esto sea malo”, aludiendo a las críticas que se le hacen por querer establecer nuevas reglas que podrían extender los juegos de azar a municipios donde actualmente no están funcionando estos locales. “Si es malo, es malo todo, cerremos lo que ya existe”, subrayó. En otro momento, Scioli aseguró que “yo seguramente no hubiese expandido todo de esta manera, pero está, y hay que darle un marco regulatorio”.
Según ha reconocido él mismo, Scioli quiere limitar por ley la cantidad de tragamonedas en la provincia de Buenos Aires, donde ya existen un total de 46 bingos y 10 casinos. Todos ellos pueden colocar máquinas de azar, que representan la mayor parte del negocio del juego. La estimación de los expertos indica que en la provincia bonaerense hay en torno a unas 15.000 máquinas instaladas y que en cada una de ellas se juegan entre 200 y 300 dólares por día.
También en la céntrica provincia de Córdoba, la pastoral social arquidiocesana cuestionó una iniciativa destinada a aumentar en un 80% las máquinas tragamonedas en ese estado. La decisión tuvo el respaldo del gobernador de ese distrito, el oficialista Juan Schiaretti. “Cuando el juego de azar supera el límite de un entretenimiento familiar y amical, se convierte en un mal para la sociedad, y más aún cuando es organizado, promovido y explotado económicamente por particulares”, advierte un documento de la Iglesia cordobesa. Y agrega que “tampoco se lo puede justificar diciendo que el dinero que se recauda se invertirá en obras de bien: un axioma secular nos advierte que ‘el fin no justifica los medios'”.
En el nº 2.643 de Vida Nueva.
