Bolivia sigue dividida ante el referéndum constitucional

La Iglesia invita a ejercer el discernimiento y la libertad en la consulta popular del próximo 25 de enero

(Ronald Grebe– La Paz) La Iglesia católica recomendó a toda la población estudiar la propuesta de nueva Constitución Política del Estado (CPE) y emitir su voto en conciencia durante el referéndum nacional del próximo 25 de enero. “La primera tarea del ciudadano debe ser estudiar y discernir el texto propuesto, identificando lo positivo y negativo que puede traer y, con esta base, tomar libremente su decisión”, sostuvo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Jesús Juárez. El también obispo de El Alto, que rechazó todo intento de manipulación y de coartar la libertad de los ciudadanos en dicha consulta popular, reconoció que, “de esta manera, la Iglesia católica en Bolivia defiende, sobre todo, el Estado de derecho y la libertad que debe primar en este tipo de ocasiones fundamentales para la convivencia del pueblo boliviano”.

Mientras tanto, durante sus giras proselitistas promoviendo el ‘sí’ a favor de la nueva Constitución, el presidente del país, Evo Morales, se anticipó a la validación popular del proyecto constitucional y lanzó algunas propuestas para reformar el texto que será sometido a referéndum nacional. “Que se acabe el ‘Excelentísimo Presidente’ y se denomine ‘compañero presidente’, ‘hermano presidente’ o ‘tata presidente’, porque ‘Excelentísimo’ llega de afuera, y eso hay que mejorarlo”, instó el propio Evo Morales.

Según el artículo 411 del proyecto de CPE, se establece la posibilidad de reformar totalmente la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, conformada mediante un referéndum. En caso de reformas parciales, se podría lograr con el 20% de las firmas del electorado o si la Asamblea Popular Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional, es aprobada por dos tercios del total de sus miembros presentes.

Sectores políticos de la oposición y analistas políticos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el presidente Morales use este mecanismo de reforma, no sólo para las nominaciones de las autoridades, sino para promover una prórroga “continua” de su mandato. 

Los cuatro prefectos opositores de Chuquisaca, Beni, Santa Cruz y Tarija, por otra parte, rechazaron la invitación de Evo Morales a reunirse en el Palacio de Gobierno y tampoco aceptaron la propuesta gubernamental de activar un mecanismo que haga viable la aplicación de un sistema autonómico en Bolivia, considerando que se intenta generar un clima de distracción y proselitismo oficialista con miras a la cita con las urnas de finales de este mes.

El secretario general de la prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera, pidió al Gobierno que, en lugar de “reuniones para la foto”, se discutan políticas sobre la base de los actuales desafíos económicos. Asimismo, recordó que el Ejecutivo intenta confundir a la población sobre la verdadera demanda “autonómica”, que para el caso de Santa Cruz es “innegociable”.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, por su parte, explicó que no asistieron a la reunión con Evo Morales porque “era una nueva burla y que no estaban dispuestos a sacarse una nueva foto con el primer mandatario, como la de Cochabamba que no sirvió para nada”; mientras, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, declinó también la invitación y calificó de “engaño” la propuesta autonómica del Gobierno, que en el caso de su departamento cuenta con un referéndum aprobado en 2008.

En busca de respaldo

Así las cosas, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, anunció que el Gobierno impulsa la creación de un Consejo Nacional Autonómico del que no sólo participarían los prefectos, sino los municipios y las organizaciones indígenas, en la perspectiva de elaborar la Ley de Autonomías, además de la creación de un ministerio que arme un complejo entramado, tal como establecería la nueva Constitución, una vez que sea ratificada por el voto popular.

Claro que el presidente de la Cámara de Comercio de Oruro, Fernando Dehne, defendió que la campaña emprendida por personas que se encuentran en desacuerdo con la aprobación de la Constitución Política del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), es satisfactoria, porque no todos los ciudadanos respaldan una línea política. Según Dehne, a través de este tipo de campañas, las organizaciones que tuvieron la iniciativa a nivel nacional pretenden dar a conocer que la nueva Constitución Política del Estado no es buena, como publicita el Gobierno, ya que las personas que accedieron al texto modificado del MAS se dieron cuenta de que en ella no se refleja la situación del país.

En el nº 2.643 de Vida Nueva.

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