Manuel de Castro, secretario de Escuelas Católicas, reclama a las administraciones un “trato igualitario”
(Miguel Ángel Malavia) “Hay que denunciar la clara discriminación a la que está siendo sometida la escuela concertada, en beneficio exclusivamente de la pública”. Así de claro se mostró, en una reciente rueda de prensa en Madrid, Manuel de Castro, secretario general de Escuelas Católicas, que integra a las asociaciones de escuelas concertadas católicas FERE-CECA y EyG, en las que estudian el 20% del total de los alumnos españoles. Del mismo modo, reafirmó que no desea “ningún trato de favor”, sino que simplemente espera que se aplique la ley, “que es la que establece la equidad”. Con el fin de vigilar ese tratamiento igualitario, anunció la creación de un Observatorio para la no discriminación del alumnado, pues, “a día de hoy, es preocupante la clara discriminación en contra de los que estudian en centros concertados” (ver recuadro).
Manuel de Castro afirmó que, después de dos años desde la aprobación de la LOE, “éste es un buen momento para hacer balance de la situación, pues ahora el contexto es más sosegado, menos tenso”. Así, hacía referencia a las fuertes polémicas que, en torno a la última Ley de Educación del Gobierno socialista y a algunas de sus disposiciones -como la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC)-, surgieron entonces, habiendo hoy mayor apaciguamiento en el debate público. En el caso concreto de EpC, algunas de las voces que en 2006 más contrarias se mostraban a aceptar la Ley, hoy ya hablan de tratar de adaptar sus contenidos a la moral católica.
Respecto a las conclusiones extraídas en Escuelas Católicas del proceso vivido en este tiempo, su secretario general denunció la falta de aplicación real de algunas de las disposiciones que conforman la LOE. De entre los “incumplimientos” que enumeró -relativos a la falta de autonomía de los centros o las deficiencias en la formación del profesorado-, destacó como uno de los más urgentes el de “poner fin a la deficiente financiación del módulo del concierto”. En su opinión, “aquí radica la base del conflicto”, pues con la nueva ley “tendría que haber entrado ya en vigor un nuevo reglamento del concierto”. Algo que, por el momento, “ya lleva un año de retraso”. De Castro exigió que, “en cumplimiento de lo dictado por la LOE, se detalle el gasto exacto de la enseñanza concertada”, para, en función de esos datos, “cubrirse su coste real” con el fin de que realmente se dé en condiciones de gratuidad. Para ello, apeló a la aplicación de los artículos 88 y 117 de la Ley, que obligan a la Administración a garantizar la gratuidad de la enseñanza concertada, dotándola de los recursos necesarios. Según datos de la asociación, los 2.200 centros católicos que hay en España mantienen un déficit de 264 millones de euros, estando “congeladas” desde 2003 las partidas correspondientes a “otros gastos”, con el que se sufraga el coste del personal administrativo de cada centro, así como sus gastos ordinarios.
Temas clave
Junto a las deficiencias en financiación, desde Escuelas Católicas aseguran que la actual coyuntura de crisis económica les puede afectar gravemente, ya que debido a esa “discriminación frente a la pública”, en temas clave como la concesión de becas o medios, “a un alumno de una escuela pública le puede resultar mucho más barata” su formación. Tras calificar la situación de “asfixiante”, Manuel de Castro pidió “a los representantes políticos” el esfuerzo de alcanzar “un verdadero pacto educativo, que deje de lado el uso interesado de la educación”. “Si éste parece haberse logrado en una materia clave como es el terrorismo -continuó-, la educación también ha de ser un asunto de capital importancia”.
DISCRIMINACIONES DENUNCIADAS POR FERE-CECA
- Acceso al bilingüismo: “Reservado exclusivamente para la escuela pública, estando muy restringido a los pocos concertados a los que se ha autorizado por una escasa financiación”.
- Dotación de recursos tecnológicos: “Un ejemplo desolador es el de Castilla-La Mancha, donde la Junta ha dado un ordenador portátil a cada profesor de centros públicos (28.000 en total) y ninguno a los docentes en concertados”.
- Descompensación en la concesión de becas para comedores o transportes: “Son mucho más fáciles de conseguir para los alumnos de pública que los de la concertada, incluso con las mismas condiciones económicas”.
- Falta de medios y ayudas para atender a los alumnos con necesidades específicas: “Pese a lo cual aún siguen echándonos en cara que nosotros no queremos a esos alumnos en nuestros centros”.
En el nº 2.642 de Vida Nueva.
