Critican que se prima la seguridad sobre la justicia
(M. Gómez) La actual política de inmigración y asilo de la Unión Europea es una “quimera de la seguridad sin libertad ni justicia”. Así de claro lo denuncian las delegaciones del Apostolado Social Jesuita (SJS, en sus siglas en inglés) de Europa y América Latina y el Caribe. En el 18º aniversario de la firma de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, el 18 de diciembre, el SJS ha vuelto su mirada sobre dos documentos clave: la polémica Directiva europea sobre retorno -aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio- y el Pacto europeo sobre la inmigración y el asilo -adoptado por el Consejo Europeo a mediados de octubre-.
Y es que en el desarrollo de ambos “prima la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia”, opina el SJS, por más que proclamen el respeto a los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos. Por eso no dudan en denunciar “algunas medidas que se encuentran en el filo de la legalidad y de la ilegalidad internacional, de la salvaguarda de los derechos humanos y de su denegación”.
Por ejemplo, que la regulación de la salida obligatoria y la expulsión de inmigrantes en situación irregular -“confusamente denominadas ‘retorno voluntario’ y ‘retorno'”, critica el SJS en su comunicado- no considera las amenazas a los derechos humanos en sus países de origen; que las prohibiciones de reingreso (hasta cinco años) “impiden de hecho que una persona pida asilo en la UE por causas sobrevenidas tras su retorno al país de origen”; o que el plazo previsto para ese ‘retorno voluntario’ hace que éste sea “inviable en condiciones de seguridad jurídica”.
Conscientes de que actualmente “no hay margen político para modificar los términos de la Directiva de retorno“, desde el SJS confían, no obstante, “en que se pida justicia, en última instancia ante el Tribunal de Justicia de la UE, para hacer prevalecer el Derecho internacional público” y el Derecho humanitario cuando se apliquen estas normas. Y piden que cuando se abran los procesos de reforma legislativa, se tengan presentes no tanto las exigencias coyunturales del mercado de trabajo, sino las “necesidades estructurales de las sociedades europeas en términos demográficos”.
En el nº 2.641 de Vida Nueva.
