Uruguay reabre el debate tras el veto presidencial al aborto

(Daniel Salsamendi- Montevideo) Amparado en “razones de orden jurídico, científico y técnico, identidad filosófica y principios éticos”, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, vetó parcialmente el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, aprobado fechas atrás por la Cámara de Diputados y sancionado por el Senado. Y así se lo hizo saber a su pueblo el día 14, zanjando especulaciones que apuntaban a la Iglesia católica como condicionante de su decisión.

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar, mientras en el gubernamental Partido del Frente Amplio se desataron las controversias internas.

La coordinadora ‘Por la vida’ se ha felicitado por el veto de Vázquez, médico oncólogo de profesión, aunque lamenta que el Parlamento aprobara la Ley. El obispo de Salto, por su parte, en una entrevista al El País de Montevideo, destacó la importancia de las repercusiones que una Ley así podría tener en la sociedad. “Las leyes -afirmó Pablo Galimberti– deben ser educativas, no abiertas a un vale todo. Si una ley induce a una madre con un embarazo complicado a matar a su hijo sin consecuencias mayores, no es buena, ni educativa”. Más drástico se mostró el titular de Melo, Luis del Castillo, quien declaró al mismo diario que “autorizar el aborto equivale a dar permiso para hacer justicia por mano propia, con lo cual se estaría generalizando la pena de muerte”.

También los partidarios de la despenalización del aborto se hicieron sentir con fuerza en una gran manifestación por la avenida 18 de Julio, principal arteria de la capital, Montevideo. “Más de un millar” de personas -según la prensa-, en su mayoría mujeres, se dieron cita para reclamar una consulta popular sobre el controvertido tema. Bajo la consigna La salud no se veta, los derechos no se vetan, la libertad no se veta, integrantes del movimiento CNS Mujeres calificaron el veto presidencial de “acto de autoritarismo que implica un retroceso enorme para el sistema democrático del país”.

Ahora, el veto presidencial sólo podrá ser levantado con los 3/5 de votos de los integrantes de cada Cámara reunidos en Asamblea General, y este órgano institucional dispone de 30 días para alcanzar una resolución. Los comentarios mediáticos, que a menudo generan más confusión que claridad, señalan que es muy difícil que se consiga reunir esa mayoría especial.

Mientras tanto, lo único cierto es que el debate se ha instalado definitivamente en la sociedad urguaya, aunque no se trata de algo reciente, porque hace ya una década aproximadamente que viene discutiéndose este polémico pero fundamental asunto.

En el nº 2.638 de Vida Nueva.

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