Al presidente Uribe se le multiplican los frentes abiertos
(J. L. C.) El Gobierno de Álvaro Uribe decretó el día 17 el estado de emergencia social para hacer frente a la multimillonaria estafa sufrida por unos tres millones de colombianos -la mayoría de escasos recursos- por parte de empresas informales de ahorro. Esta medida le permitirá al Ejecutivo poder legislar por un período de 30 días sin necesidad de que el Congreso otorgue su visto bueno.
Semanas atrás, miles de personas protagonizaron importantes disturbios en varias ciudades del país tras descubrir que habían perdido sus ahorros, invertidos en entidades financieras con productos de tipo piramidal que ofrecían intereses de hasta un 150%. Se trata de propuestas de ahorro en las que, generalmente, los primeros clientes sí recibían el dinero prometido, pero a cambio de incorporar a nuevos clientes en escalafones más bajos de dicha pirámide. El resultado: una estafa en toda regla, porque llegaba un momento en el que la empresa ya no era capaz de beneficiar a todos.
Reintegro de ahorros
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, anunció el cierre de oficinas y la confiscación de unos 38 millones de dólares en moneda local en distintas operaciones a una sola empresa de estas características. El Gobierno ha prometido también decomisar los activos que pueda acumular para reintegrar los ahorros perdidos, sobre todo a las familias más pobres, al tiempo que ha emitido órdenes de captura internacional para los dueños de tales empresas ya identificados y que huyeron del país. Se estima que quienes capten dinero ilegalmente o hayan recaudado ahorros y no los hayan reembolsado podrían ser condenados a penas de entre ocho y veinte años de prisión.
Mientras todo esto sucede, el propio presidente se enfrenta a uno de los capítulos más oscuros de su mandato: la Fiscalía General está investigando a más de 3.000 funcionarios, incluidos generales, por más de un millar de muertes extrajudiciales. Se les acusa de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes (a menudo, marginados, indigentes o drogadictos), los falsos positivos, para cumplir objetivos de capturas u obtener condecoraciones. Medio centenar de militares ya han sido destituidos víctimas de esta guerra sucia que ahora libra también el Gobierno de Uribe.
En el nº 2.637 de Vida Nueva.
