El nuevo embajador ante la Santa Sede viajará pronto a Roma para ocupar un puesto que lleva casi un año libre
(Washington Uranga– Buenos Aires) Juan Pablo Cafiero (55 años), de una familia de reconocida tradición católica e histórico militante del peronismo, vinculado al ala más progresista de este movimiento político, viajará en las próximas semanas a Roma para hacerse cargo de la Embajada argentina ante la Santa Sede. Su designación y la aceptación vaticana del nombramiento cierran un nuevo capítulo de las discrepancias entre Roma y Buenos Aires, la última de ellas a raíz de la oposición de la Curia vaticana a aceptar a Alberto Iribarne como representante diplomático ante la Santa Sede por tratarse de un católico divorciado y unido en nuevas nupcias.
Tras casi un año de estancamiento, Iribarne renunció a su postulación, y el nombre de Cafiero, impulsado por la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, abrió el paso a la normalización de las relaciones que desde el pasado mes de diciembre se situaban a nivel de encargado de negocios. Sin embargo, la agenda del nuevo embajador plantea algunas tareas de no fácil resolución. La principal de ellas consiste en lograr la abolición del obispado castrense y de las capellanías militares, objetivo ya planteado por Néstor Kirchner y reafirmado ahora por la presidenta, Cristina Fernández.
Pero, mientras el Gobierno argentino insiste en su posición de eliminar el obispado castrense, en Roma hay una resistencia grande a acceder a esa posibilidad. Cualquier cambio implica la modificación del tratado internacional que rige las relaciones entre los dos estados. Si bien se considera una cuestión de primera importancia para las relaciones bilaterales, se estima que puede pasar mucho tiempo antes de arribar a una solución, y que es difícil que el tema sea abordado durante el año próximo, porque podría sumar un nuevo frente de debate en medio de la disputa por las elecciones parlamentarias que se celebrarán entonces.
En la agenda de Cafiero para su gestión ante el Vaticano, se encuentran también otros temas de no menor importancia, tal como la revisión del sostenimiento del culto católico, que el Estado argentino asume como obligación constitucional. También es intención del Gobierno de Cristina Fernández encontrar una alternativa para esta cuestión, buscando una norma que dé mayor equidad a todos los cultos presentes en Argentina.
El asunto del obispado castrense se encuentra congelado desde el Gobierno anterior, a raíz de unas declaraciones del entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, que utilizó la expresión de “atar una piedra de molino al cuello” para tirarlo al mar refiriéndose al ex ministro de Salud, Ginés González García, por sus posiciones en relación con temas de salud sexual y reproductiva. Concretada la renuncia de Baseotto, el Gobierno se ha negado a dar su acuerdo para la designación de un nuevo obispo en el cargo, a pesar de que la Iglesia ha insistido en el tema, y aun teniendo en cuenta que no existe oposición hacia quien aparece como el candidato más firme: el actual obispo de Chascomús, Carlos Malfa.
Punto intermedio
Trabajar para encontrar una salida al diferendo es una de las principales tareas que la Cancillería le ha encargado a Cafiero. Ante el virtual estancamiento de las posiciones -aunque no del diálogo- tanto desde el Gobierno como desde la Iglesia, se admite que podría haber un punto intermedio consistente en retrotraer la situación a antes de 1992, cuando Carlos Menem le concedió al entonces vicariato castrense la condición de obispado, elevando su jerarquía. Una solución de compromiso podría consistir en rebajar el rango eclesiástico a la pastoral castrense, pero manteniendo de todos modos a un obispo al frente de la misma. De forma complementaria, quienes sí perderían su condición de exclusividad serían los capellanes católicos militares, a quienes, además, se les suprimiría el rango militar del que gozan ahora. En cambio, se habilitaría en todo el ámbito de las Fuerzas Armadas un servicio de asistencia espiritual de carácter interreligioso. Dentro del paquete de la negociación entraría también la eliminación del acuerdo que el Gobierno debe dar hoy para quienes serán designados obispos por la Iglesia. El primer paso para todo ello sería conformar una comisión mixta entre Argentina y el Estado del Vaticano para avanzar de forma conjunta y bilateral.
Tanto en la Cancillería como en la Iglesia existen expectativas sumamente positivas sobre la gestión que pueda realizar Cafiero como embajador ante la Santa Sede, dada la relación personal que tanto él como su familia tienen con importantes sectores del Episcopado, y teniendo en cuenta el respaldo directo que su designación tuvo de la propia presidenta Cristina Fernández.
En el nº 2.635 de Vida Nueva.
