Una exhortación al acabar su Asamblea Extraordinaria recoge su inquietud por la realidad venezolana
(Andrés Cañizález– Caracas) Los prelados que componen la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) le siguen el pulso a la actualidad nacional, y no es para menos. El torbellino de acontecimientos que se suceden en el país no parece tener fin. En la Asamblea Extraordinaria que concluyó el pasado día 16 en Caracas, la CEV abordó con detalle el panorama político, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 23 de noviembre, sin olvidar el impacto y las secuelas de la crisis financiera internacional. El documento difundido al término del encuentro fijó posición categórica, asimismo, en su rechazo a la carrera armamentística emprendida por el Gobierno de Hugo Chávez, con compras millonarias de armas a Rusia y, más recientemente, a China.
Bajo el título Por la vida y la democracia, y saliendo al paso de lo expresado por el Ejecutivo -al asegurar que la economía venezolana se mantiene “blindada”-, los prelados advierten que los efectos de la crisis financiera y económica mundial “se harán sentir sin duda” en un país cuyas exportaciones de petróleo se sitúan en torno al 90% del total. Por eso, a juicio de la CEV, el Gobierno debe tomar cartas en el asunto con celeridad y de forma concertada con otros actores de la vida nacional. “En este contexto y en un pueblo que ansía la paz -denuncia la declaración episcopal-, no se justifica la enorme erogación de recursos de la nación en la compra de armamento”.
Respecto a las elecciones de noviembre, en las que se elegirá gobernadores de estados (provincias) y alcaldes, la jerarquía católica considera tales comicios “de una extraordinaria importancia y proyección para el destino democrático de Venezuela”, dado que ayudan a ratificar el principio de descentralización en la administración gubernamental. Al mismo tiempo, entiende que será una significativa oportunidad para que las autoridades electas contribuyan “al sano equilibrio de los poderes públicos de las regiones en función del pluralismo, la reconciliación y paz ciudadana”.
Al referirse al desarrollo de la campaña electoral, durante la cual el presidente Chávez ha recurrido de forma constante al insulto y a las expresiones escatológicas, los integrantes de la CEV manifiestan su rechazo a “la violencia verbal y las amenazas”, una conducta que -a su jucio- alimenta la conflictividad interna, pues se traduce en “una crispación de los ánimos que no es saludable”, como ya lamentaba en su exhortación pastoral (Unidos en la justicia y la rectitud) del pasado mes de julio (VN nº 2.622). Los propios pastores cuestionaron también que el Gobierno de Hugo Chávez introduzca al país en “un ambiente de conflictividad internacional”.
‘No’ a la reforma
En octubre del año pasado, en otra Asamblea Extraordinaria, y después de analizar el proyecto de reforma constitucional que impulsaba el presidente, la CEV terminó llamando a votar en contra de dicha propuesta. Dos meses después, el 2 de diciembre, los venezolanos rechazaron en las urnas la citada reforma, que -entre otros aspectos- contemplaba la reelección por tiempo indefinido del presidente y centralizaba de una forma excesiva todo el poder en la figura de Hugo Chávez.
Tras este revés, en julio pasado, el presidente hizo uso de un poder extraordinario que le concedió la Asamblea Nacional (Parlamento) y aprobó 26 leyes. Una medida que, en opinión de la CEV y con cuyo análisis coinciden diversos estudiosos, supone “un irrespeto a la voluntad popular soberana”, ya que se trata de que “se impongan muchos de los cambios rechazados mediante la publicación inconsulta y sorpresiva de un conjunto de leyes con elementos de carácter estatizante, autoritario y centralizador”.
En el mismo mensaje, por otro lado, y haciéndose eco de un clamor de la ciudadanía (el 78% de los venezolanos lo considera su principal problema), el Episcopado muestra su preocupación “por la situación de creciente inseguridad, delincuencia desbordada y desprecio a la vida, que se manifiesta en la gran cantidad de asesinatos, secuestros y demás delitos contra las personas y las cosas”. Una preocupante coyuntura que, según los obispos, debe ser abordada de forma prioritaria por las autoridades del país, en un marco de respeto a las leyes y de promoción de los derechos fundamentales de los venezolanos.
En el nº 2.633 de Vida Nueva.
