Comunicado de la Conferencia Episcopal al término de su asamblea sobre la difícil situación actual del país
(Pablo Romo Cedano– Guatemala) Tras elogiar los esfuerzos que viene realizando la población guatemalteca por enfrentar las difíciles circunstancias sociales y económicas que padece actualmente, la Conferencia Episcopal ha expresado su indignación por la “falta de respeto a la vida humana”. Trágica constatación, que se manifiesta en la ola de violencia que padece su pueblo, a merced del narcotráfico y el crimen organizado, que captan a “un mayor número de jóvenes como agentes, sicarios y encubridores de actos horrendamente criminales”, denuncia la cúpula eclesial. Y, a renglón seguido, critica la escasa credibilidad de que gozan los sistemas encargados de procurar y administrar justicia.
El pasado día 10, al término de su Asamblea Plenaria, los obispos del país centroamericano emitieron un comunicado en el que lamentan que la violencia crece al abrigo de la complicidad pasiva y activa de funcionarios, particularmente la ligada al narcotráfico, y la administración de justicia goza cada vez de menor credibilidad: “Se generaliza por todo el país la percepción de que la impunidad es la más poderosa aliada del crimen”, dicen. Y agregan con preocupación que la debilidad profunda del Estado para enfrentar, con eficacia y con la ley en la mano, “nos está empujando como país hacia escenarios de ingobernabilidad”. Los prelados reconocen, asimismo, que, dado que la Policía Nacional Civil “es una institución débil, que se ha corrompido en muchos de sus miembros”, el Gobierno opta por fortalecer al Ejército para asignarle funciones policiales. Sin embargo, advierten con gran sentido histórico que “ésa no es la función del ejército en una sociedad democrática”.
El texto episcopal, titulado Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad, ve la luz en medio de una gran polémica suscitada por la esperada extradición del ex presidente Alfonso Portillo desde México a su país el pasado 7 de octubre, pues casi al instante de pisar territorio guatemalteco fue puesto en libertad por el Ministerio Público. Portillo huyó de Guatemala en el año 2004 coincidiendo con una ola de arrestos de ex funcionarios de su Gobierno recién concluido su mandato y cuando su sucesor, Óscar Berger, preparaba acciones para llevarlo ante la justicia. Se le acusó de haber desviado 15,7 millones de dólares desde el Ministerio de Defensa a sus cuentas personales.
Otras preocupaciones
En su nota, la jerarquía católica repasa también otros motivos de preocupación, como las abundantes lluvias caídas durante el invierno, la carestía y el empobrecimiento de la población, reclamando el apoyo a los más pobres como “obligación fundamental del Estado”, al tiempo que pide al Ejecutivo “que presente ante el Congreso la Ley de Desarrollo Rural”, y se felicita por la reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Muchas personas han resultado damnificadas”, recuerda, por lo que pide al Gobierno “que asigne cuanto antes los recursos necesarios para reparar las vías de comunicación, imprescindibles para sostener la vida económica del país; que implemente políticas encaminadas a paliar las hambrunas que se avecinan, sobre todo en lugares donde los campesinos han perdido sus cosechas”; y exhorta a todos “a la solidaridad con los más pobres y necesitados”.
No se olvida tampoco el documento de la crisis financiera en los Estados Unidos, destino de la mayoría de compatriotas que se ven obligados a emigrar, una situación que es “motivo de alarma para todos y fuente de preocupación”, admiten los pastores. Sin embargo, recuerdan que “esa crisis es el fruto de un sistema que ha dejado de lado los principios éticos, para funcionar guiado por la búsqueda del máximo beneficio y de la protección estatal para intereses particulares, y no del bien común”.
El comunicado -que lleva la firma del obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Pablo Vizcaíno Prado, y del secretario general de ese organismo y obispo de Sololá-Chimaltenango, el jesuita Gonzalo de Villa y Vásquez– concluye apuntando que las lamentables situaciones referidas en su escrito son “consecuencia de la exclusión de Dios de la realidad y de nuestras acciones y de la falta de principios morales en la toma de decisiones políticas, económicas, financieras y en la misma actividad de ciudadanos”.
En el nº 2.632 de Vida Nueva.
