Gobierno y oposición buscan salidas a la crisis boliviana

Los obispos hacen un llamiento al diálogo y convocan una jornada nacional de oración por la paz

(Ronald Grebe– La Paz) La Iglesia católica quiere contribuir al diálogo que se instaló en La Paz entre el Gobierno y representantes de los cinco prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando, con la esperanza de pacificar un país consternado por la magnitud de la masacre en Pando, donde hubo 25 muertes y al menos un centenar de heridos en enfrentamientos en las localidades de Porvenir y Filadelfia.

Los Obispos de Bolivia, como pastores que vivimos la problemática del país junto a nuestro pueblo, elevamos nuestra voz de alerta urgente ante la espiral de violencia que se va ampliando cada día más en distintas regiones del país y que amenaza con arrastrar a todo el pueblo boliviano a situaciones irreparables de las que después sólo nos tendremos que lamentar”, dice el documento, dado a conocer tras una reunión de la jerarquía en Cochabamba. En la misma exhortación convocaban a una jornada nacional de oración por la paz para el 19 de septiembre, pues aún “no es tarde para que todos los bolivianos y, particularmente, los que detentan autoridad, funciones de liderazgo y decisión, actúen con racionalidad y sensatez”, subraya el mensaje, reiterando que “el futuro que construyamos juntos debe permitir una convivencia armónica de todos los bolivianos”. El texto se refiere, asimismo, a la nueva Constitución, que, “consensuada entre los diferentes actores de la sociedad, debe atender a esta problemática y otros elementos indispensables para una convivencia justa y pacífica”.

Muertes en Pando

Antes de la reunión entre el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y el Gobierno, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aclaró que el Ejecutivo no negociará las muertes en Pando, y acusó a su prefecto, Leopoldo Fernández, de ser el responsable de la masacre. Mientras, éste denunció que el Gobierno quiere apresarlo y militarizó Pando “para impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido”.

El senador opositor por Pando, Roger Pinto, por su parte, advirtió que en ese departamento el Gobierno desplazó un contingente militar liderado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “para borrar las pruebas que involucran al Gobierno en la matanza”.

Tras los resultados del Referéndum Revocatorio del 10 de agosto, donde logró el 67,41% de apoyos a su mandato, un envalentonado Evo Morales advirtió que “si el diálogo no se instala, impulsará la aprobación de su proyecto constitucional con ayuda de los movimientos sociales del campo y la ciudad unidos para garantizar la transformación profunda y la refundación del país”. El presidente calificó de “malos bolivianos” a quienes se oponen a sus decisiones, olvidando que desde que asumió el poder en 2005 ha habido 70 muertes por enfrentamientos entre militares y policías con grupos sociales que reclaman el cumplimiento de sus promesas. Varios dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) ratificaron esa posición y anticiparon que pueden pedir a Morales que promulgue un decreto de convocatoria a referéndum de aprobación de la Carta Magna, e incluso amenazaron con sitiar el Congreso para imponer que se apruebe una ley convocando a la consulta el 25 de enero.

El vicepresidente García Linera declaró que “en el primer documento” que surja de la reunión con el prefecto de Tarija debe estipularse que se sancionará a los culpables de la violencia y de los daños a la infraestructura energética del país. Cossío, que representa también a sus colegas y a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Pando, que exigen la restitución de un impuesto a los hidrocarburos y se oponen al proyecto oficial de nueva Constitución, dijo que “existe el consentimiento para seguir avanzando en busca de soluciones para la crisis”. “Vengo con la esperanza y el deseo de que podamos construir acuerdos y un pacto nacional que devuelva la tranquilidad, la certidumbre y la paz en un momento tan difícil para el país”, declaró Cossío al entrar en el Palacio de Gobierno, desvelando que el cardenal Julio Terrazas aceptó el pedido para que la Iglesia católica participe como facilitadora del diálogo conjunto.

Las organizaciones que apoyan al Gobierno pidieron que éste y la oposición “depongan posiciones, excluyendo caprichos, pensando en el progreso del país y no en intereses personales”.

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