Tarija ha sido el último departamento boliviano en aprobar su Estatuto Autonómico el día 22 de junio
(Ronald Grebe– La Paz) Los prefectos bolivianos de las cuatro regiones que han aprobado sus autonomías departamentales no están dispuestos a aceptar el referéndum revocatorio convocado por el presidente Evo Morales para el 10 de agosto.
Reunidos en Tarija, junto al prefecto de Cochabamba, los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija han puesto en duda la participación de sus territorios en una consulta en la que el primer mandatario quiere mostrar que sigue teniendo el respaldo de la población y está legitimado para llevar a cabo las reformas institucionales planteadas en el proyecto de nueva Constitución Política.
Los prefectos opositores, que se reunieron en Tarija, donde el domingo el ‘sí’ al estatuto autonómico se impuso con el 79,2% sobre el ‘no (20,8%), enviaron una carta con las resoluciones de ese encuentro a Evo Morales en la que señalan que, “con la victoria de Tarija, somos cuatro departamentos los que consolidamos nuestra autonomía, pero pronto seremos cinco, seis y luego nueve los que habrán consolidado sus procesos autonómicos”.
Los representantes departamentales explicaron que no acudirán a las urnas hasta que la convocatoria a referéndum revocatorio se ajuste a los estatutos autonómicos aprobados en cuatro referendos departamentales. Estas normas, según la carta de los prefectos, entraron en vigencia inmediatamente después de las consultas realizadas el 4 de mayo en Santa Cruz, el 1 de junio en Beni y Pando y el 22 de junio en Tarija.
Invitaron al primer mandatario, asimismo, a debatir sobre la reposición de las “condiciones básicas” para reactivar el aparato productivo nacional y “vencer a la inflación”, sobre el proceso de reforma constitucional “en el marco de la democracia y el respeto a la legalidad”, además de los temas que el propio presidente considere “pertinente” discutir.
Evo Morales respondió de inmediato, llamando a las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS) a que garanticen la celebración del referéndum revocatorio en todo el país. Además, Morales acusó a los prefectos de “tener miedo al pueblo” y de rechazar el referéndum, porque “quieren seguir robando”.
Dos visiones del país
El nuevo desafío de las regiones autonomistas y la respuesta gubernamental aumentan la tensión nacional entre dos visiones del país enfrentadas y sin visos hasta ahora de llegar a un acuerdo.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, ratificó que, si no hay respuesta a su pedido de “reconciliación nacional”, no irán al referéndum revocatorio, y es mejor “convocar a elecciones generales” para que se cambie a todas las autoridades del Ejecutivo, el Parlamento y los prefectos. “Llegó la hora de consolidar la autonomía para toda Bolivia, para resolver los problemas estructurales del viejo centralismo y generar oportunidades de mejor vida para todo el pueblo boliviano”, señalaron los prefectos.
El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, opinó que el referéndum revocatorio en el contexto actual del país es un error porque no ganan ni el Gobierno, ni los departamentos, ni la oposición, ya que es una medida que no podrá sostenerse en el tiempo. El Gobierno debe escuchar este clamor popular por crear una Bolivia democrática, descentralizada y autonómica, y no persistir con esa terca y tozuda oposición a un proceso democrático que encarna la propuesta autonómica. Tiene una enorme responsabilidad para no cerrar los ojos ni taparse las orejas, advirtió Cárdenas.
DEMANDAS MINERAS
El obispo de la diócesis de Potosí, Walter Pérez, ha lamentado que las autoridades tuvieron que esperar dos semanas y la quema de cuatro instituciones antes de atender la demanda de los mineros.
El prelado indicó que, junto al Defensor del Pueblo y el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, enviaron una nota a los ministros de Minería, Luis Alberto Echazú, y de Hacienda, Luis Arce, solicitando hallar una respuesta a la demanda de los potosinos, pero que esas autoridades no respondieron al documento ni siquiera por cortesía.
Después de 12 días de bloqueos y medidas de presión para evitar pagar un impuesto, los mineros cooperativistas que trabajan en el histórico Cerro Rico de Potosí tomaron violentamente y quemaron los edificios de la Prefectura, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Corte Departamental Electoral y una radio, y la Policía no pudo evitar los destrozos, pero no hubo ningún herido.
