El obispo de Sigüenza-Guadalajara se opone a la directiva de la UE sobre el retorno de los ‘sin papeles’
(M. de Miguel) Limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un paso atrás en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y seguridad”. Ésta es la grave vulneración que, para José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, igual que para otros muchos, supone la aprobación de la Directiva de la Unión Europea sobre “normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros Estados en estancia irregular”, que acaba de ser debatida en el pleno del Parlamento Europeo.
En la carta pastoral del 22 de junio, Sin papeles, ¿sin derechos?, denuncia que la normativa, igual que otras similares, “acusa un fallo de origen”, porque parte de dos principios que no pueden ser base del derecho y de las leyes que afectan a los migrantes: “La defensa de los intereses nacionales y la primacía de la economía sobre la persona”. Son bien recibidos porque se necesitan para cubrir trabajos que no quieren los nativos, mientras que,”cuando, como ahora, amenaza o está presente la crisis, todo son dificultades y las medidas que se adoptan para impedir su venida y facilitar su marcha rozan con frecuencia la frontera en lo que a derechos humanos se refiere”.
Patrulleras contra pateras
A su juicio, la tendencia de la legislación común europea va en la triple dirección de impedir su salida “utilizando patrulleras contra pateras” y, si llegan a entrar en la UE, se les retiene, “a veces en condiciones que se parecen más a un campo de concentración que a un digno alojamiento”. En esta cuestión también se refiere al tiempo en que se prolonga la retención, “más allá de lo que está permitido para los sospechosos de haber cometido un delito”, puesto que algunos países han pretendido la “equiparación entre inmigración clandestina y delito”. La tercera dirección facilita la expulsión y se marca un tiempo de hasta 5 años de prohibición de volver a un país de la UE. Con respecto a los menores indocumentados, la aplicación de estas políticas “nacen más de una consideración como extranjeros que como niños”.
El prelado también se hace eco de las voces contrarias a esta forma de tratar a los inmigrantes que, por muy ilegales, clandestinos o ‘sin papeles’, “son ante todo personas” y, como añade, en su mayoría, “en grave necesidad”, por lo que llama a prestarles siempre “un trato humano y respetuoso con su dignidad y derechos fundamentales”. “Emigrar por necesidad y lograr entrar en otro país no es un delito, si no hay otra causa”, recalca el obispo.
Dirige su valiente misiva a todos los cristianos y personas de buena voluntad para que sean hospitalarios y que se ejerciten en la defensa de los derechos, ayuda e integración en la sociedad y la Iglesia. Así, recuerda las palabras que Benedicto XVI pronunció en Brindisi, en las que explicaba que la compasión cristiana es “sinónimo de solidaridad y de compartir y está animada por la esperanza”.
CRÍTICAS TAMBIÉN DE LA CONFER
Cáritas Española, CONFER y la Comisión General de Justicia y Paz de España han mostrado también su rechazo a esta directiva comunitaria -finalmente aprobada por la Eurocámara- con la publicación de un manifiesto en el que, en comunión con el Pontificio Consejo para Migrantes e Itinerantes y las Iglesias Europeas, denuncian que “no responde al objetivo inicial planteado en septiembre de 2005, de dotar a la UE de un elemento integrador en la construcción de una política migratoria común”. Lejos de garantizar los derechos de estos migrantes, “supone una grave legitimación de la capacidad de los Estados Miembros para limitarlos aún más”, pues va en contra de los Convenios y Pactos Internacionales. Del mismo modo, afirman que “contradice el espíritu del Tratado de Lisboa”.
En relación con medidas específicas, el manifiesto argumenta que el alargamiento del internamiento hasta un máximo de 18 meses “no representa garantía alguna para el migrante ni una medida efectiva en la lucha contra la inmigración clandestina”. Además de ser “caro e ineficaz”, revela “la intención de criminalizar” a quien ha infringido una norma de carácter administrativo. También se ocupan de la creación de centros para menores, “una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño”; y de la prohibición de entrada, lo que “supone un obstáculo añadido y un factor de mayor desprotección para los solicitantes de asilo y refugio”. A pesar de ser europea, la directiva ya tiene repercusión internacional: 44 países de África y América Latina se han dirigido a los representantes de la UE para “condenar este intento normativo de violar los derechos humanos”.
