Esta problemática social centra la Campaña Nacional de Solidaridad ‘Compartir’ 2008 del Episcopado
(Luis Llontop S.– Lima) Bajo el lema Por una vida libre de drogas, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) lanzó a finales del pasado mes de mayo su Campaña Nacional de Solidaridad ‘Compartir’ 2008, centrada en esta ocasión en la problemática de las drogas. Cada año, desde 1990, los obispos del Perú llevan a cabo esta iniciativa a favor de los más pobres abordando aspectos urgentes de la realidad del país.
En años anteriores, algunos de los temas que reclamaron su atención fueron el sida, la tuberculosis, la salud mental, los niños y adolescentes maltratados… También se centraron otros años en los migrantes, las madres adolescentes, los afectados por la violencia política, los encarcelados… En cada oportunidad se busca sensibilizar a la opinión pública para despertar comportamientos solidarios con los hermanos que sufren y que desean salir adelante.
La presentación de la campaña corrió a cargo de su presidente y secretario general de la CEP, el obispo capuchino Lino Panizza Richero, y contó con la participación del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Rómulo Pizarro, y el representante del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).
En opinión del prelado, el problema de las drogas es un tema de relevancia fundamental, aunque cada vez se habla menos del peligro que supone este flagelo. De aquí la propuesta episcopal, cuyo objetivo es propiciar un conjunto de iniciativas concretas que permitan a la juventud tomar conciencia del peligro que las drogas representan, además de llamar la atención al conjunto de la sociedad sobre esta amenaza que tantas víctimas se cobra diariamente en todo el mundo.
Política integral
En el caso peruano, existe una base legal e institucional para hacer frente a la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas. De ello se encarga DEVIDA, organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, y cuya misión es coordinar, promover, planificar, monitorear y evaluar los programas y actividades contenidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
A este mismo propósito responde la vigésimo séptima Política de Estado del Acuerdo Nacional, un foro plural suscrito el 22 de julio del año 2002 para alcanzar el consenso en 31 políticas de Estado que permita a los peruanos y peruanas una mirada común de futuro. La política nº 27 dice exactamente: “Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas. Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, y establecer sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo. Atenderemos además la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo”.
En el texto que animará esta Campaña de Solidaridad 2008, se recuerda también lo que dicen los obispos en el Documento de Aparecida de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Brasil, mayo de 2007), al recordar que “la Iglesia no puede permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Su labor se dirige especialmente en tres direcciones: prevención, acompañamiento y sostén de las políticas gubernamentales para reprimir esta pandemia”. (DA 422)
Con esta campaña, los obispos buscan también mover la conciencia de sus compatriotas para que reconozcan la magnitud del daño que provocan las drogas. No se trata sólo de la cocaína y la marihuana, sino también de todas las drogas sintéticas que invaden el mercado y los entornos juveniles. Se trata, por tanto, de una campaña de largo aliento, para comprender y estudiar lo que esto supone para el futuro de nuestros pueblos, de manera especial para quienes menos tienen y están expuestos a la tentación de las drogas y sus círculos de terror y corrupción. Emprender proyectos de desarrollo y fomentar la creación de empleo juvenil podría atajar el problema.
