La continuidad del presidente, el vicepresidente y los nueve prefectos se decidirá en un referéndum
(Ronald Grebe– La Paz) El pasado 12 de mayo, el Gobierno de Evo Morales convocó a sus compatriotas a un Referéndum Revocatorio de Mandato Popular del presidente de la República, el vicepresidente y los nueve prefectos departamentales para el próximo 10 de agosto, constituyéndose en la primera consulta de esta naturaleza en la historia de Bolivia. Después de promulgar la ley que establecía esta nueva cita con las urnas, el mandatario solicitó a las organizaciones, instituciones y personalidades internacionales participar como observadores en el evento, con el fin de que sea “vigilado y controlado de cerca”.
Morales pidió, asimismo, a la Corte Nacional Electoral efectuar el referéndum de manera transparente, al tiempo que instó a las cortes electorales departamentales que administran las consultas sobre los estatutos autonómicos en los departamentos de Pando, Beni y Tarija a retomar el camino de la legalidad y respeto a la Constitución Política. También solicitó al vicepresidente del país, Álvaro García Linera, acelerar la aprobación de una ley que faculta el voto de ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, para que éstos puedan decidir al fin sobre el futuro de las autoridades nacionales y departamentales en el próximo referéndum revocatorio.
El Senado sancionó de forma inesperada la ley que permite la revocatoria de mandato, cambiando el debate político, que hasta ese momento estaba concentrado en los referendos sobre los estatutos autonómicos en los departamentos de Tarija, Beni y Pando, tras el realizado el 4 de mayo en Santa Cruz, donde el voto por el ‘sí’ autonómico alcanzó el 85% de los sufragios (VN, nº 2.612).
Atendiendo al requerimiento de Morales, la Cámara de Diputados incluyó en su agenda de esta semana el tratamiento del proyecto de ley para el voto de los bolivianos residentes en el exterior, que esta pendiente desde julio de 2007. Se estima que sólo en Argentina residen más de un millón de bolivianos, que vienen reclamando desde gestiones pasadas su derecho a participar en los comicios electorales nacionales, al igual que aquellas decenas de miles que viven en Brasil, los Estados Unidos, Europa –especialmente España– y el resto del mundo.
Ley municipal
El Jefe del Estado también pidió al Congreso Nacional apoyar la promulgación de una nueva ley de referéndum revocatorio municipal para poner fin a las disputas de censura y límites territoriales. Según el mandatario, del 100% de los conflictos en Bolivia, el 70% provienen de los municipios, donde los comunarios (alcaldes), al no encontrar solución a sus demandas, bloquean los caminos en perjuicio de la actividad económica y de la población.
El referéndum revocatorio fue calificado de “show político” por el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, por considerar que un referéndum revocatorio no ayudará a resolver la crisis política de Bolivia. Por su parte, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, dijo no temer al veredicto que dicte la consulta popular del próximo 10 de agosto, pero recomendó al Congreso que designe a las autoridades de la Corte Nacional Electoral y autorice una auditoría interna a esa entidad, a fin de evitar que la población ponga en duda los resultados finales del referéndum y asegurar su transparencia.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, mientras tanto, opinó que la consulta convocada por el Jefe del Estado boliviano no debe ser una traba para que haya avance en el diálogo sobre el proyecto de Constitución y el proceso autonómico en Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, y exhortó a Evo Morales y a los cuatro prefectos opositores a que reflexionen, porque el pueblo los eligió para que hagan gestión.
Finalmente, en cuanto a la tarea de mediación de la Iglesia católica, el presidente Evo Morales primero declaró: “Quiero pedir a nuestro querido cardenal [Julio Terrazas] que me ayude a trabajar, que trabaje conmigo por la justicia social, por la igualdad de las bolivianas y bolivianos, frente al mal”, pero dos días después cargó una vez más contra la Iglesia católica afirmando que “la cúpula de la Iglesia se ha convertido en un sindicato opositor al Gobierno, que no hace observaciones al estatuto autonómico de Santa Cruz, pero realiza observaciones al nuevo proyecto oficialista de Constitución”. Estas declaraciones fueron criticadas y censuradas por varios sectores, que identificaron al propio Evo Morales como el principal instigador a la confrontación entre bolivianos.
