Polémica en el Reino Unido por una ley que permite la creación de embriones híbridos
(Austen Ivereigh– Londres) El Parlamento británico vota este mes una serie de temas éticos contenidos en la mayor remodelación de las leyes sobre fertilidad y embriología en 20 años. Se trata del proyecto de ley Human Fertilisation and Embryology (HFE), que toca cuestiones fundamentales sobre el significado del ser humano y la licitud para utilizar a las personas como instrumentos para el beneficio de otros. Sin embargo, el nivel de debate ha sido inquietantemente bajo.
El proyecto de ley reúne a una gran alianza de partidarios: el Gobierno laborista de Gordon Brown, la comunidad científica –respaldada por el poder económico de las multinacionales farmacéuticas–, además de liberales, la izquierda y la mayor parte de los medios, a pesar de la poca cobertura que ha dado la prensa. Los editores saben que sus lectores no tienen ni tiempo ni interés para tratar de comprender cuestiones que de ordinario sólo están en los libros de ética.
Se opone al proyecto de ley una coalición decidida, pero fragmentada, de obispos católicos y anglicanos, cristianos evangélicos, parlamentarios pro-vida de todos los partidos y los conservadores, el principal partido de la oposición. Constreñidos por la incapacidad de ponerse de acuerdo sobre estrategias comunes, esta coalición se ha centrado en elementos discretos del proyecto que creen que pueden ganar, aunque pocos dudan de que el texto acabará convirtiéndose en ley.
Los católicos han sido los opositores más visibles hasta el punto de que los partidarios del HFE intentan presentar la cuestión como una batalla entre católicos y científicos o, lo que sería lo mismo, entre el oscurantismo dogmático y la libertad científica. Empezando por el Gobierno del primer ministro Gordon Brown, donde tres miembros (uno del Opus Dei) y 60 de sus diputados laboristas (menos de una quinta parte del total de 331) son católicos. Hace unas semanas consiguieron que les dejen votar en conciencia sobre los elementos éticamente más discutibles, pero siempre que voten por el proyecto en su totalidad en la etapa final de su trámite parlamentario.
La fuerte oposición de los católicos –con vigilias de oración ante la Cámara de los Comunes y las duras críticas de los obispos– ha hecho creer que su resistencia procede de una minoría dogmática cuyo derecho a criticar es cuestionable. El domingo día 11, por ejemplo, la directora de la Human Fertilisation and Embryology Authority, organismo que regula la industria de fertilidad, afirmó que ya que la Iglesia católica se opone a todo uso del embrión para fines médicos, no está cualificada para opinar sobre un proyecto de ley que busca extender aquel uso.
Pero es la comunidad científica que trabaja en la investigación con las células madre –financiada por las transnacionales farmacéuticas que invierten billones de libras en departamentos de investigación que se benefician del ambiente más permisivo de Europa en este campo– la principal defensora de este proyecto. Iain Duncan Smith, el ex líder católico del Partido Conservador, cree que la justificación científica de mezclar células humanas y animales en el laboratorio no existe. “Esa motivación me produce profundo escepticismo”. Él, más bien, opina que sí “tiene mucho que ver con una industria que busca hacer dinero”.
Pero los grupos pro-vida no han logrado situar el debate en torno al poder de las multinacionales. Cuando los británicos piensan en estas investigaciones, ven a científicos entregados que buscan nuevas terapias, no a las multinacionales. Lo cual no significa que la opinión pública esté tranquila con la idea de experimentar con embriones. El cardenal Keith O’Brien removió los sentimientos de muchos al hablar de “experimentos de proporciones Frankenstein”. Pero apelar a la repugnancia no basta para combatir las palabras de los científicos, que insisten en que tales experimentos abren el camino a la curación del párkinson y el alzheimer.
Aunque el aborto no esté incluido en el proyecto de ley, ofrece la primera oportunidad desde 1990 para que se propongan enmiendas destinadas a bajar el límite legal de 24 semanas a 20 (ver recuadro). Los conservadores respaldan esta reducción, a la que el Gobierno se resiste. Pero el HFE no incluye el aborto, sino liberalizar las regulaciones que gobiernan la manipulación de los embriones humanos en dos áreas: la investigación científica y las clínicas de fertilidad.
El ‘lobby’ científico
El proyecto de ley HFE permite la creación de embriones animales-humanos –conocidos como híbridos o quimeras– sólo para fines de investigación en el laboratorio, y a condición de destruirlos antes de los 14 días. El lobby de la investigación médica argumenta que este tipo de experimentación es necesaria para alcanzar nuevos horizontes científicos. Es una afirmación dudosa: los grandes adelantos hasta ahora en este campo han sido resultado del uso éticamente no controvertido de las células madre cosechadas de fuentes adultas, no de los embriones humanos. Pero la presión de las farmacéuticas y del enorme y potente Wellcome Trust, que financia gran parte de la investigación, ha dado frutos. ¿Quién tiene autoridad para discrepar públicamente con la afirmación de los científicos de que necesitan libertad de experimentación para avanzar en terapias ‘milagrosas’? Sólo los científicos, y pocos, están dispuestos a decirlo. Al menos una decena de destacados investigadores cree que las afirmaciones del lobby son muy dudosas, pero temen decirlo por miedo a que sus instituciones pierdan las grandes becas de las cuales dependen…
Pero el año pasado, un organismo gubernamental, el Chief Medical Officer, admitió la inquietud de muchos científicos. Los embriones híbridos serían “un paso demasiado lejos”, dijo Liam Donaldson ante un comité parlamentario, y muchos sienten “un grado de repugnancia” frente a la idea. “Muchos consideran que el beneficio científico no está claro,” afirmó, añadiendo “que no hay argumentos claros científicos a favor de hacerlo y, segundo, sería un paso demasiado lejos en cuanto a lo que piensa la sociedad”.
En su línea, la Iglesia ha preferido advertir sobre la falta de respeto a la vida humana que el proyecto de ley permitirá. El pasado día 11, el arzobispo católico de Cardiff, Peter Smith, portavoz de la Conferencia Episcopal en temas bioéticos, se preguntó si los híbridos serían “humanos, animales, o algo entre los dos”, y pidió un debate público sobre la cuestión. Rechazando la idea de que la oposición católica a la creación de embriones in vitro la descalifica para opinar sobre la nueva legislación, Smith afirmó que las cuestiones éticas del proyecto de ley conciernen a todo ser humano. La cuestión, dijo, es qué significa ser humano y cómo se le debería tratar. Pero nadie, por lo que parece, está dispuesto a afrontar ese debate.
¿Sin un padre?
El segundo elemento del proyecto de ley liberaliza el marco regulatorio de las clínicas de fertilidad, refrendando las decisiones de la HFEA. El primer cambio elimina la necesidad de un padre de familia. La ley, hoy, es ambigua; dice que al ofrecer un tratamiento a las parejas debería estar presente el padre; pero se considera que la ley discrimina entonces a solteras y lesbianas. El proyecto de ley resuelve esta dificultad exigiendo sólo la necesidad de una “paternidad compartida” para el niño in vitro. Los que se oponen a esta cláusula quieren que se haga mención al padre. Según afirmaciones de un líder conservador, el proyecto de ley socava aún más a la familia tradicional y conducirá a una juventud más violenta debido a la falta de modelos paternos.
El otro cambio busca poner fin a la controversia sobre los llamados “hermanos salvadores” (la selección de un embrión particular cuyo tejido, al crecer esa persona, puede ser aprovechado por un hermano enfermo), permitiendo su selección. El proyecto de ley no sólo permite el chequeo de embriones genéticamente deficientes, sino que prohíbe la selección de tales embriones (previniendo, de esta manera, que, por ejemplo, una pareja sorda pueda seleccionar a un niño sordo). Pero permite la selección de un embrión que tiene un tipo particular de tejido si aquel tejido ayudará a un hermano que padece de una enfermedad particular.
El día pasado 11, el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, señaló que la mayoría de las personas consideran que no es moral utilizar a otras personas para determinados fines. “Se debería tratar a las personas,” dijo, “como fines en sí mismos, no como una herramienta de otros. Es por eso que condenamos la violación, la tortura, y el chantaje. No permitimos los experimentos médicos en las personas sin su consentimiento. Y no creamos a individuos humanos con el fin de crear órganos que se pueden trasplantar para salvar a otros”.
El arzobispo de Cardiff reforzó esta oposición moral ante el peligro implícito que advierte en este proyecto: si se convierte en ley, dice, traería al mundo niños “que podrían ser amados, pero que han nacido con el fin de ser donantes”.
EL ABORTO: LA POSIBILIDAD DE RESTRINGIRLO MÁS
Las leyes de aborto británicas están entre las más liberales de Europa. Permiten a una mujer la posibilidad de poner fin a su embarazo hasta las 24 semanas de gestación. En la actualidad se producen más de 200.000 abortos al año; de ellos, más de un tercio son por mujeres que ya han abortado una vez o más. Varias encuestas realizadas en los últimos tres años revelan una creciente disconformidad con esa cantidad y con la facilidad para abortar. Dos tercios de los médicos, dos tercios de la sociedad y tres cuartas partes de las mujeres están a favor de reducir el límite legal del aborto.
En los 40 años trascurridos desde la ley de 1967 que legalizó el aborto, ha habido una especie de “despertar moral” sobre el tema. Una generación de mujeres ha visto o experimentado sus consecuencias. La tecnología ultrasonido ha abierto una “ventana al vientre” que ha hecho que muchos cuestionen su anterior convicción de que un no nacido no es más que una colección de células. Y muchos se sienten incómodos con la idea de abortar a fetos de 23 semanas cuando son capaces (en algunos casos) de sobrevivir fuera del vientre como bebés prematuros. La idea de que la “viabilidad del feto” debería decidir el límite legal del aborto ha ganado adeptos, especialmente en el Partido Conservador, cuyo líder, David Cameron, respalda reducir el límite legal a 20 semanas.
En realidad, sólo un 2 ó 3% de los abortos se llevan a cabo después de las 20 semanas, y no está claro cuántas vidas se podrían salvar. Pero sería una victoria simbólica para las organizaciones pro-vida si una enmienda en ese sentido tuviera apoyo parlamentario, aunque el crédito de estos movimientos está en entredicho, se encuentran fragmentados y son incapaces de ponerse de acuerdo incluso entre ellos mismos en los objetivos y estrategias comunes.
Es cada vez más evidente que el movimiento pro-vida británico necesita una reforma profunda. Son más de 18 grupos pequeños, la mayoría de inspiración católica y evangélica, que se han juntado en la campaña ‘Passion for Life’ contra el proyecto de ley HFE. Sin fondos, liderados por veteranos acostumbrados al fracaso, el impacto de la campaña en la opinión pública ha sido efímero. Los lobbys científicos y los grupos proabortistas son mucho más poderosos, mejor organizados y se aprovechan de técnicas modernas y sofisticadas de comunicación. Y en el caso del aborto, es fácil movilizar a feministas y socialistas empeñadas en defender lo que consideran un logro social importante.
La posibilidad de reducir el límite legal del aborto y la cláusula sobre la ‘necesidad’ del padre son dos áreas donde el proyecto de ley se arriesga a ser modificado en contra los deseos del Gobierno. Pero nadie duda de que, en su globalidad, se convertirá en ley, socavando aún más el valor que la sociedad británica otorga a la vida humana. El debate público más amplio que están pidiendo los obispos sobre las implicaciones éticas de utilizar a la vida humana en el servicio de tratamientos médicos simplemente no se ha llevado a cabo.
Podría ser el momento para que el movimiento pro-vida se mire a sí mismo y se pregunte por qué no ha podido crear tal debate. Sus divisiones, su falta de liderazgo dinámico y sus estrategias tradicionales han contribuido a este fracaso. Es el momento de contemplar una campaña más profunda, dirigida a despertar en la opinión pública un mayor aprecio por el valor de la vida humana y que sepa reconocer los intereses corporativos y económicos que la amenazan.
