Las propuestas del Gobierno no colman las aspiraciones de los productores
(Washington Uranga-Buenos Aires) Durante tres semanas los productores agropecuarios provocaron un lockout con interrupción de las rutas que generó desabastecimiento en los principales centros urbanos de Argentina, cuando el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió aumentar los derechos de exportación (retenciones) de la soja llevándolos hasta el 44% del precio de venta.
El 2 de abril, tras una serie de medidas anunciadas por el Gobierno y que favorecen sobre todo a los pequeños productores a través de subsidios y compensaciones, las entidades representativas de los productores decidieron declarar una “tregua” durante 30 días mientras se adelantan nuevas negociaciones. En general, la propuesta del Gobierno no llena las aspiraciones de los productores.
La producción agrícola argentina se duplicó en la última década. Según datos oficiales, pasó de 45 millones de toneladas en 1996 a los 95 millones actuales. Pero no sólo eso cambió. También se modificó la estructura de la producción alentada por los precios internacionales de la soja. En diez años, la soja quintuplicó su precio en el mercado internacional. Hoy su cotización oscila en torno a los 500 dólares estadounidenses la tonelada. En 1977, la producción de soja era de 15 millones de toneladas (el 33% del total de los granos producidos en el país). Hoy se producen 47 millones de toneladas de soja (la mitad de los granos). Pero también crecieron los volúmenes del trigo, del maíz, del girasol y otros rubros.
A partir del boom sojero, el panorama del campo argentino se modificó. Grandes inversores aparecieron en el escenario para comprar o arrendar amplias extensiones y generar producción intensiva de soja. Si bien esto generó una bonanza de ingresos para el país, también modificó la estructura productiva en desmedro de la ganadería –uno de los rubros tradicionales– y de otros cultivos.
El fondo de la cuestión
Por otra parte, dicen desde el Gobierno, la incidencia de los precios internacionales encarece los mismos productos en el mercado interno. Esto es lo que justifica la aplicación de los derechos de exportación. Para los hombres del campo se trata, lisa y llanamente, de una confiscación. La pelea entre el Gobierno y los productores agropecuarios supone un botín de aproximadamente 2.300 millones de dólares estadounidenses que quedarán en manos del fisco y no llegarán a los productores. Éste es el fondo de la cuestión. Las diferencias no están zanjadas y, además del aspecto económico, hay también un pulso político entre el Gobierno y grupos económicos vinculados al agro.
