La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta su primera gran crisis desde que asumiera el poder
(Washington Uranga-Buenos Aires) Apenas cien días después de asumido el poder, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que afrontar una crisis política de grandes proporciones a raíz de un duro enfrentamiento político y económico con organizaciones de productores agropecuarios, a las que se sumaron sectores de las clases medias urbanas. El episodio que desató el conflicto fue un paquete de medidas impositivas adoptadas el 11 de marzo, la principal de las cuales es la aplicación de derechos de exportación para la soja de acuerdo a un porcentaje móvil, pero que puede llegar hasta el 50% del precio.
La determinación, que los voceros de los productores consideran “confiscatoria”, generó la reacción en cadena de distintas organizaciones del campo con fuertes críticas hacia el Gobierno. A largo de más de tres semanas los productores agropecuarios hicieron efectivo un lockout que, sumado a los piquetes que bloquearon hasta en 400 puntos las rutas del país, provocaron desabastecimiento de alimentos en centros urbanos. La reacción del Gobierno encabezado por Cristina Fernández fue convocar a sus partidarios –incluyendo movilizaciones populares– con la finalidad de reafirmar su autoridad, pese a lo cual concedió algunas de las demandas, buscando favorecer en primera instancia a los pequeños productores.
La mayoría de los analistas políticos en Argentina coinciden en señalar que este conflicto dejó al descubierto errores políticos del equipo gobernante, impericia técnica en la instrumentación de las medidas y, lo que puede resultar más grave, que existen sectores de la sociedad que están dispuestos a aprovechar cualquier circunstancia o pretexto para expresar su disconformidad con el Gobierno de Cristina Fernández. Desde la Casa Rosada, en cambio, se insiste en que algunos sectores afectados en sus intereses económicos han querido utilizar la ocasión para reposicionarse y quitarle poder de maniobra a la presidenta.
Del maíz a la soja
En 1997, el precio internacional de la soja alcanzó su nivel más alto en esa década: 281 dólares estadounidenses la tonelada. Hoy ese precio se duplica. En ese mismo tiempo, la soja fue desplazando en Argentina a otros cultivos como el trigo y el maíz, e incluso dejando sin posibilidades a la tradicional ganadería, cuyas carnes tienen prestigio internacional. En 2007, las exportaciones argentinas de granos superaron los 75 millones de toneladas. De ese total, 38 millones corresponden al maíz y 31 millones a la soja. Argentina producirá en 2008 casi 95 millones de toneladas de granos de los las cuales, casi el 70% pertenece a grandes y medianos productores agropecuarios.
En el caso de la soja, esa concentración es todavía mayor. Según el ministro de Economía, Martín Lousteau, el 20% de los productores generan el 80% de la producción sojera y el 80% de los productores (62.500 según las cifras oficiales) el 20% de la producción. Pero esa concentración es aún mayor cuando se plantea que un 2,2% de los productores reúnen el 46% de la producción. A lo anterior debe sumarse que, dada la alta tecnificación de la producción sojera y la gran rentabilidad que hoy produce, se arman grupos financieros que alquilan campos y, con poca mano de obra, explotan grandes extensiones. La preocupación oficial radica en que, a la larga, la soja acarrea desertificación si no se rota el cultivo, y no genera puestos de trabajo. Colateralmente, sostiene la argumentación oficial, al desplazar otros productos encarece el precio de los alimentos en el marcado interno, de manera directa o indirecta.
La aplicación de derechos de exportación (retenciones en la jerga de los productores) es un gravamen a la ventas externas que nació en tiempos de la industrialización como una herramienta destinada a desalentar las exportaciones de materias primas, y como un incentivo a su transformación y agregación de valor dentro del país. Hoy es un instrumento de política económica que se utiliza para equilibrar la economía global y para compensar desajustes en otros frentes.
La protesta se potenció a través de la participación de los pequeños agropecuarios, quienes argumentaron que el Gobierno actuó de la misma manera con los grandes propietarios, los consorcios de siembra y los grandes exportadores y con quienes, dado el bajo volumen de su producción, tienen apenas lo suficiente para subsistir.
Al conflicto planteado en los campos, se sumó luego el descontento de los sectores de clase media que quieren mostrar su malestar con el Gobierno encabezado por Cristina Fernández. Ruidos de ollas y sartenes se escucharon en plazas y calles de las principales ciudades. Poco antes de completar cien días de mandato, Cristina Fernández tuvo que hablar tres veces en público –dos de ellas en actos masivos convocados por los partidarios del Gobierno– para reafirmar su autoridad y denunciar lo que ella consideró que fue un atentando contra la institucionalidad democrática. “Nunca he visto en tan corto tiempo tantos ataques”, dijo la presidenta el pasado 1 de abril ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Según la mandataria, ello se debe a que “he cometido dos pecados… haber sido votada por la mayoría en elecciones libres, populares y democráticas… y ser mujer”.
Despeje de rutas
En las tres ocasiones, pero sobre todo en las dos últimas, la mandataria solicitó “humildemente” a los productores levantar las medidas de fuerza. “Por favor, no agravien más al pueblo: dejen las rutas para que se despejen y los argentinos puedan acceder a los alimentos, las fábricas a los insumos y los comercios a las mercaderías”, dijo en el acto de Plaza de Mayo. El día anterior, el ministro Lousteau se había encargado de anunciar medidas económicas para favorecer a los pequeños productores.
Nada hizo cambiar la posición de los dirigentes agropecuarios que durante más de veinte días se mantuvieron en el lockout y los cortes de ruta, señalando que todo lo aportado por el Gobierno resulta insuficiente de acuerdo a su criterio. Ante la gravedad del enfrentamiento, la Conferencia Episcopal Argentina y varios de los obispos católicos en forma individual hicieron llamadas al “diálogo” y a la paz social. En varios de los piquetes en las rutas se vio a sacerdotes celebrando la eucaristía.
ESPAÑA EXTRADITA A CAVALLO
Ricardo Miguel Cavallo (56 años), capitán de corbeta de la Armada argentina que fue extraditado desde España el 31 de marzo último, se negó a declarar ante la justicia argentina limitándose a rechazar los cargos por secuestros, torturas y robo de los que se le imputa.
El represor, que llegó desde Madrid a Buenos Aires, formó parte de los grupos paramilitares que operaron en el centro clandestino de detención instalado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires durante la dictadura (1976-83). El militar fue apresado hace ocho años en México, donde estaba a cargo del RENAVE (Registro Nacional de Vehículos). Fue trasladado a España aceptando un pedido de extradición de los tribunales españoles, donde se le acusa por la desaparición de casi dos centenares de personas en Argentina. Ahora deberá responder por sus delitos en su propio país.
