Tribuna

“Diferentes, independientes, convergentes”

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Este año se ha puesto a consideración de la opinión pública la vinculación de la Iglesia Católica con el Estado Argentino. Una sucesión de hechos que comenzó con la intervención del Jefe de Gabinete de Ministros en la cámara de Diputados, en marzo pasado, cuando de las más de 1200 preguntas que le efectuaron los legisladores respondió públicamente pocas, una de las cuales estuvo referida al presupuesto destinado a culto. Cobró fuerza tras el fracaso de la iniciativa para legalizar el aborto, debido a que para muchos ciudadanos y colectivos que propiciaban esa ley la Iglesia había sido la principal responsable de la no sanción del proyecto. Aparecieron pañuelos naranjas, con el lema “Iglesia y Estado, asuntos separados”, se hicieron visibles plataformas y coordinadoras que propician el fin del sostenimiento público al culto católico, se realizaron varias jornadas de apostasía y se introdujeron en Diputados una serie de propuestas para modificar y/o derogar las partidas presupuestarias específicas. Esta dinámica es multifacética y en cierto sentido anárquica, por cual se puede terminar confundiendo en cuanto a términos y propósitos, en un verdadero río revuelto donde detrás de una consigna –como ha sucedido en ocasiones próximas- se cobijan motivaciones diversas.

Para poder debatir un tema lo primero es definirlo: ¿de qué hablamos cuando hablamos de separar a la Iglesia del Estado? Si nos referimos a la partida del Presupuesto Nacional destinado al sostenimiento del culto católico, lo primero es recordar que dicha partida es la concreción, año tras año, del artículo 2° de la Constitución: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. No entraremos aquí en explicaciones históricas y jurídicas de este compromiso, sino que buscaremos desentrañar qué implica para nuestra vida. En primer lugar, algo obvio: la partida presupuestaria destinada a culto es constitucional y cumplir con la Constitución es la base de cualquier convivencia democrática. En segundo lugar, como bien lo explicitó Pablo Savoia[1], esa partida se compone de:

  • las asignaciones mensuales de arzobispos y obispos (cuyo monto está fijado, por ley, en el equivalente al 80 % del sueldo de un juez nacional de primera instancia),
  • las asignaciones mensuales de obispos auxiliares y eméritos (equivalente al 70 % del sueldo de referencia)
  • las asignaciones mensuales para 527 párrocos de frontera, que reciben $ 3.000 mensuales cada uno
  • el sostenimiento mensual de 901 seminaristas de nacionalidad argentina, que reciben $ 2.500 cada uno (no abarcan a todos los seminaristas)
  • las asignaciones mensuales para 45 sacerdotes no amparados por ningún régimen previsional, que reciben $ 3.700 cada uno.

El total de esta partida en 2018 es de $ 130.000.000, que representan un 0,005 del total de gastos presupuestados. En el proyecto de ley de presupuesto 2019, presentado hace pocos días por el ministro Dujovne, la cifra es similar en términos nominales, lo cual supone una reducción real del 40 %, debido a la inflación y la depreciación del peso.

La Conferencia Episcopal, junto con el Gobierno Nacional, están estudiando las alternativas para eliminar, en el futuro cercano, esta partida, con lo cual si el objetivo de la campaña “Asuntos Separados” es eliminar un mandato constitucional esto se concretará sin necesidad de incumplir con la Constitución sino por voluntad expresa de los representantes del culto al cual el Estado se comprometió a sostener.

Probablemente los impulsores de la campaña no queden satisfechos con este trayecto y apunten a las exenciones impositivas que tiene la Iglesia Católica. Puede esgrimirse como argumento que, en un tiempo de ajuste y de restricciones para la mayoría de los argentinos, es necesario cobrar más impuestos, pero debemos tener en claro que las exenciones mencionadas no alcanzan solamente a la Iglesia Católica sino para todas las confesiones religiosas reconocidas. Para usar el argumento de la eliminación de exenciones la campaña “Asuntos Separados” no parece ser el camino adecuado, porque no es algo específico de la Iglesia católica (como sí lo es la partida presupuestaria para el sostenimiento del culto) sino que debería extenderse a múltiples actores y actividades no gravadas. Si se quiere avanzar por esta vía, el debate no se puede circunscribir a la Iglesia sino a la política impositiva, el tipo de actividades gravadas, las actividades que se quieren promover con una determinada política de exenciones, etc.

Algo similar sucede con aportes estatales, nacionales o provinciales, destinados a actividades de bien público, como escuelas, comedores, centros comunitarios, etc. de la Iglesia. Si se quieren eliminar también se deberían eliminar todos los aportes destinados a obras de otras confesiones, colectivos no estatales, fundaciones, etc. Como en el caso anterior, el debate no es “cuánto recibe la Iglesia para sus obras” sino el rol promotor del Estado, su interrelación con la sociedad, la cooperación estatal-social-privada, el modelo político y social para el desarrollo de la democracia.

Pero además de cuestiones económicas, en varios impulsores de “Asuntos Separados” existe el deseo, muchas veces no explicitado con claridad, de circunscribir lo religioso a la esfera privada. Se acusa a la Iglesia de injerencia en la vida social del país, de su incidencia “en la vida de todos”, procurando de esa forma que “no se meta en nuestras decisiones”. Varias personas que adhirieron a la campaña de apostasía expresaron, de acuerdo a fuentes periodísticas, conceptos similares: “siento que la Iglesia no me representa en nada, todos sus ideales son retrógrados, van contra la libertad, y yo quiero libertad para mí y para toda la sociedad”; “yo quiero salir de la Iglesia, no quiero que reciba dinero en mi nombre, no estoy de acuerdo con todos los derechos que tiene”; “La Iglesia tiene un poder muy fuerte, no sólo simbólico”.[2]

Cada una de estas opiniones es valiosa y deben respetarse, aunque también es necesario clarificar las visiones ideológicas que las sustentan, que van mucho más allá de la partida presupuestaria destinada a Culto. Abogan, propician, probablemente desean que lo religioso no incida en la vida pública. Y esta intención debe transparentarse porque, en palabras de Raúl Frega, “si por separación Iglesia – Estado se quiere encerrar la fe y sus implicancias en el ámbito de lo privado quitando toda influencia social y cultural se puede caer en la supresión de actos amparados por la libertad religiosa”[3]

Si vamos más a fondo y vemos detrás de los pañuelos, lo que se termina debatiendo no es solamente el papel de las religiones o de la Iglesia Católica en particular en la vida pública de un país, sino la forma en que se conciben las relaciones del Estado con los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad. El Estado debe ser garante del bien común, pero dicho bien común ¿es patrimonio estatal o de toda la sociedad? ¿Sólo lo estatal es público? Las acciones del Estado deben fomentar la democratización de la sociedad, pero ¿son las únicas acciones democratizadoras? El Estado, ¿debe asumir todas las tareas públicas o, junto con sus inexcusables obligaciones, debe fomentar distintas actividades que beneficien a la comunidad y/o le permitan ejercer los derechos a los ciudadanos? ¿Cómo se construye un amplio espacio, basado en la búsqueda del bien común, la autonomía responsable y la cooperación de buena fe, de convergencia positiva entre el Estado, los ciudadanos, las organizaciones sociales y las instituciones, entre ellas, la Iglesia?

Bienvenidos los debates claros y transparentes, como es el de las partidas presupuestarias destinadas a sostener el culto católico. En el diálogo sincero, que probablemente conducirá al fin de estas asignaciones, se encontrarán mejores alternativas y se habrá dado un paso más en cuanto a madurez democrática. En el diálogo los argentinos comprenderemos mejor las diversas posiciones y podremos ganar en confianza, descartando el prejuicio y la sospecha. El diálogo y el intercambio respetuoso exigen mantener el respeto y la protección a toda expresión personal y comunitaria, evitando cualquier camino que implique avasallamiento, censura implícita o negación del derecho a intervenir en la vida pública. Porque necesitamos construir espacios, dinámicas y estructuras donde se fortalezca y crezca un sano pluralismo convergente y cooperador para hacer un país mejor, alejándonos de pensamientos únicos y voces monocordes. Una Iglesia libre y evangélica en una sociedad libre, cada vez más plural, democrática, integrada y fraterna.

 

[1] Savoia, P. ¿Vas a apostatar? Revista Vida Nueva Digital, 16 de agosto de 2018. http://www.vidanuevadigital.com/tribuna/vas-a-apostatar/Cita Savoia….
[2] https://www.clarin.com/sociedad/separacion-iglesia-miles-personas-iniciaron-tramites-apostasia_0_SyKfnyU8m.html
[3] AICA, boletín del 30 de agosto de 2018, “Piden considerar algunos puntos antes de debatir la separación de Iglesia y Estado”