El cardenal Levada puntualiza a ‘The New York Times’

Denuncia las imprecisiones en un reportaje sobre el cura que abusó de niños sordos

Protestas ante el Arzobispado de Chicago

(A. Pelayo– Roma) Sin recurrir a la teoría del complot o de la campaña orquestada, resulta bastante evidente que, con el pretexto de los escándalos de los abusos de menores por una parte del clero, ha existido el intento de demoler la autoridad moral de Benedicto XVI y de la Iglesia católica.

A nadie le extrañará que en su fase alemana haya sido el semanario Der Spiegel el que haya llevado la batuta. La portada de su número del 3 de abril es una foto del Papa con el titular El Infalible, al que se le han tachado las dos primeras letras.

Sorprende, sin embargo, que un periódico prestigioso como The New York Times se haya dejado atrapar en esta red de irresponsabilidades en tema tan delicado. Este diario publicó el día 24 un amplio artículo sobre el “caso Murphy”, protagonizado por el sacerdote de la Archidiócesis de Milwaukee Lawrence Murphy, acusado de haber abusado de numerosos niños en la escuela para sordos que dirigía. Al día siguiente, el P. Lombardi hizo una primera rectificación a algunas afirmaciones, declarando que el Código de Derecho Canónico no prohíbe que se informe a la autoridad correspondiente sobre los abusos de menores y que, a la vista de las malas condiciones de salud del acusado y de que en los últimos veinte años no se habían registrado alegaciones contra él, “se le restringiese el ministerio publico y se le pidiese que aceptara la total responsabilidad por la gravedad de sus actos”.

Haciendo caso omiso de estas precisiones, el Times volvió a la carga el 26 de marzo con un reportaje que comenzaba: “Los responsables vaticanos –incluido el futuro papa Benedicto XVI– no suspendieron a un sacerdote que abusó de más doscientos chicos, a pesar de que numerosos obispos americanos habían advertido repetidamente de que no actuar en esta materia podría crear dificultades a la Iglesia”. Se asegura que “la correspondencia interna de los Obispos del Estado de Wisconsin dirigida al Cardenal Ratzinger, futuro Papa, demuestra que, mientras los responsables (americanos) de la Iglesia forzaron la mano para que el sacerdote fuese suspendido, su máxima prioridad (en Roma) era proteger a la Iglesia del escándalo”. Sigue una amplia información sobre el intercambio de cartas en 1996 entre el entonces arzobispo de Milwaukee, Rembert Weakland, y los responsables de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger y el hoy cardenal Bertone, entonces secretario del dicasterio, así como otros detalles del caso, que se clausuró con la muerte del sacerdote en 1998.

Dos víctimas de los abusos del P. Murphy

El cardenal William J. Levada, prefecto de Doctrina de la Fe, envió a The New York Times una extensa carta en la que lamenta que tanto ese reportaje como el editorial “no alcancen los razonables niveles de justicia que los americanos tienen derecho a encontrar –y esperan encontrar– en sus principales medios de comunicación”. En síntesis, Levada demuestra que el periódico ha incurrido en numerosos anacronismos y afirma que cuando, 20 años después de los sucesos, Weakland pidió consejo a la Congregación sobre cómo actuar, se le aprobó que hubiese iniciado el proceso canónico al sacerdote culpable, que quedó en suspenso porque estaba muy enfermo.

Sobre este culebrón ha intervenido también el ex vicario judicial de Milwaukee, Thomas B. Brundage, que dirigió el proceso contra el P. Murphy, y que en un artículo en el semanario Catholic Anchor acusa al arzobispo Weakland de mentir a Bertone al asegurarle que el proceso canónico se había suspendido. “Si se me hubiese pedido, habría insistido en hacer recurso ante el Tribunal Supremo de la Iglesia o ante Juan Pablo II, si hubiera sido necesario”.

The Corner-National Review Online ha añadido dos detalles: las fuentes del Times son el abogado Jeffrey Anderson, que se ha forrado con los porcentajes que ha cobrado de las indemnizaciones millonarias a muchas de las víctimas, y el arzobispo Weakland, que el 24 de mayo de 2002 renunció a su cargo después de que se descubriese que había pagado 450.000 dólares de los fondos diocesanos a un antiguo amante suyo que le chantajeaba.

apelayo@vidanueva.es

En el nº 2.702 de Vida Nueva.

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