Unidos por la reforma de la ley migratoria

Los episcopados de México y EE.UU. llaman a sus países a trabajar contra el racismo y la violencia que genera

(Pablo Romo Cedano– México DF) La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) han emitido una declaración conjunta en el contexto de la reciente visita del presidente mexicano, Felipe Calderón, al país vecino y en respuesta a la nueva ley  migratoria del Estado de Arizona. En ella, subrayan la importancia de “la cooperación y el entendimiento mutuo” entre ambas naciones y sus respectivos mandatarios, para impulsar una profunda reforma que garantice a los inmigrantes una vida digna en territorio estadounidense.

El documento episcopal –que lleva la firma del arzobispo de Tijuana y responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, Rafael Romo Muñoz, y del obispo de Salt Lake City y presidente del Comité de Migración de la USCCB, John C. Wester– sugiere a los líderes de ambos países “centrar su atención en la migración, y cómo ésta afecta a los más vulnerables: al trabajador migrante y su familia”. Y aunque respetan la obligación de “garantizar la integridad de sus fronteras y la seguridad de sus pueblos”, los prelados advierten que tales objetivos se pueden lograr “sin sacrificar la dignidad humana básica y los derechos de los migrantes”.

La declaración considera “necesario que el gobierno [estadounidense] dé prioridad a una reforma migratoria integral. El sistema migratorio actual no proporciona suficientes vías legales o estatutos jurídicos para que los inmigrantes obtengan trabajos claves para la economía del país”. El argumento es contundente: “Un sistema que proporcione vías legales para la inmigración reduciría la explotación a la que los trabajadores están sujetos por traficantes de personas y el número de migrantes que perecen en el desierto”. En opinión de los obispos, esta reforma integral, “además, sacaría de la sombra a miles de inmigrantes indocumentados, para que puedan vivir con sus familias sin temor”. Y es que, según datos del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., al menos 11 millones de mexicanos viven en el país vecino sin papeles, escondiéndose a diario de los agentes de migración.

Abusos y explotación

Respecto a México, el texto indica con un profundo conocimiento de causa que “los cambios deben garantizar que los migrantes no sean objeto de abusos ni sujetos de explotación por parte de bandas criminales y funcionarios corruptos”. Como ya ha informado Vida Nueva en repetidas ocasiones, bandas criminales y las propias autoridades extorsionan y persiguen con crueldad a miles de emigrantes centroamericanos que pasan por el territorio del país, sin que sean luego investigadas. Días atrás, Amnistía Internacional explicaba con datos esta “crisis de los derechos humanos” que sufre el país en la piel de sus inmigrantes. Así, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 9.758 secuestros de inmigrantes, cifra que en el último año se ha duplicado, según el padre Pedro Pantoja, encargado de la Casa del Migrante en Saltillo (Coahuila).

Los prelados insisten en que “es necesario prestar atención a la creación de oportunidades en sus lugares de origen para sus ciudadanos, que les permitan estar en condiciones dignas en su país. Esta situación ayudaría a reducir la migración indocumentada a largo plazo, que es un objetivo en el que todos estamos de acuerdo”.

En el encuentro de Calderón con Barack Obama, el pasado día 19, se urgió a  crear fuentes de trabajo que ayuden a detener la migración y el mandatario mexicano invitó al Congreso estadounidense a bloquear la Ley SB 1070 por  racista, xenófoba e incitadora a la violencia. Mientras tanto, sectores republicanos y miembros del Tea Party insistieron en que la ley era para “defender sus fronteras de la violencia incontrolada que vive México” e impedir que “terroristas cruzaran sus fronteras”, al tiempo que reiteraron su apoyo a los grupos “caza inmigrantes”, como Minuteman, quienes “defienden a América del pillaje”.

La violencia que está generando la nueva ley, pese a no haberse aplicado aún, va en aumento, hasta el punto de suscitar tensiones y actos racistas aberrantes. Tal es el caso sucedido en una escuela pública de Phoenix (Arizona), donde varios estudiantes anglos protagonizaron un claro episodio de bullyng, al solicitar los papeles a sus compañeros mexicanos o de origen latino. Y, dado que no los llevaban consigo en clase, fueron objeto de una “detención civil a criminales” y conducidos amarrados a la comisaría de policía. Cabe recordar que la nueva ley establece que cualquier persona que “parezca sospechoso de no ser ciudadano” puede ser objeto de una requisición de documentación por parte de la policía, y no ya de agentes de migración; y que, a falta de policía, todo ciudadano tiene derecho a realizar “detenciones ciudadanas” de presuntos criminales y llevarlos lo antes posible ante la autoridad.

Así las cosas, los obispos estadounidenses y mexicanos concluyen que ésta es una oportunidad de sus países de “trabajar juntos para prevenir la migración indocumentada de forma humana y no sólo aplicando medidas restrictivas”. Y critican que, mientras se intercambian comercio, información y capital con regularidad, “el movimiento laboral aún no se regulariza, en detrimento de los derechos fundamentales de cada ser humano”.

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LA MÁS VERGONZOSA


La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG), por boca del P. Mauro Verzeletti, ha expresado también su “firme rechazo a la ley antimigrante del Estado de Arizona –SB 1070–, promulgada el 23 de abril”, por considerar que “fomenta el racismo, el odio y la discriminación”. En un reciente comunicado, la Iglesia guatemalteca se refiere a ella como la “más vergonzosa en la historia de las migraciones”, pues “se está criminalizando una vez más a los inmigrantes indocumentados, principalmente a los más vulnerables”, y se pretende institucionalizar el racismo, la xenofobia y la discriminación.

La Ley SB 1070 establece que no sólo la guardia migratoria, sino también la policía, puede solicitar papeles que acrediten la legalidad de cualquier ciudadano sospechoso –por sus rasgos físicos– de no ser norteamericano. De ahí la firme condena a una ley que “empieza a generar consecuencias nefastas en la vida de los niños y niñas inmigrantes, pues miles de ellos están abandonando Arizona y migrando hacia otros Estados o retornando a su país”.  La PMH-CEG rechaza, asimismo, la expulsión de los más de cien niños/as hijos de inmigrantes guatemaltecos de las escuelas de Arizona, pues “ningún Estado o Nación tiene el derecho a negar la Educación, principalmente a los niños/as”; y llama a los legisladores estadounidenses a un debate serio sobre la ley y a emprender una reforma integral migratoria en el país, que “evitaría la irresponsabilidad de los Estados, como el caso de Arizona”.

Finalmente, la nota se solidariza con la lucha de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, “en especial con las familias, estudiantes y niños que sufren los impactos del racismo y discriminación”, y llama a todas las personas de buena conciencia a “no quedarse callados e indiferentes ante la criminal ley de Arizona”.

Según el propio comunicado episcopal, esta legislación amenaza a más de 460.000 inmigrantes –entre ellos, familias enteras y estudiantes– de un país que, como casi todos los de América Latina, depende en gran medida de las divisas que provienen de trabajadores sin papeles que viven en los Estados Unidos. Por sus exportaciones de café, banano, azúcar y cardamomo, Guatemala obtiene menos de 800 millones de dólares, mientras que los envíos de guatemaltecos que trabajan en los Estados Unidos suponen mucho más de los 8.500 millones de dólares (Informe del Banco Mundial, 2006).

promo@vidanueva.es

En el nº 2.709 de Vida Nueva.

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