Diversas instituciones de EE.UU. y México, entre ellas la Iglesia, denuncian la polémica ley aprobada por este Estado
(Pablo Romo Cedano– México DF) La Ley SB1070, aprobada hace unos días por la Cámara de Representantes de Arizona (EE.UU.), para penalizar la migración ilegal, fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora de ese Estado sureño, Jan Brewer. La ley, primera de este tipo en ser ratificada, establece que todo sospechoso de “ser ilegal” (sin papeles) puede ser detenido y exigido a mostrar la documentación que lo pueda acreditar como residente o ciudadano estadounidense. En caso de no hacerlo, debe ser detenido en centros de migración y expulsado del país. Sin embargo, ante la pregunta de un reportero sobre qué rasgos hay que percibir de un individuo para que “razonablemente pueda parecer un indocumentado” y pedirle sus papeles, Brewer evitó responder para no evidenciar racismo o discriminación.
El presidente Barack Obama fue de las primeras voces en mostrar su rechazo a “una ley equivocada, que de ninguna manera va a resolver el problema, y pienso que es inconstitucional”. Opinión a la que se sumó su homólogo mexicano, Felipe Calderón, directamente afectado por una medida contra ciudadanos de su país que “abre una puerta al odio”. Y es que más de medio millón de mexicanos viven en Arizona y producen para su economía sin documentos que los acrediten como ciudadanos o residentes de ese país.
Son muchos los que señalan que la ley no aspira a su total cumplimiento, sino más bien a poner en entredicho al Gobierno de Obama, quien no ha impulsado ninguna modificación legal a la situación de los millones de refugiados políticos y migrantes económicos. De ahí que las reacciones no se hayan hecho esperar: tanto desde el ámbito de la diplomacia de los países que emigran a los Estados Unidos, como desde las diferentes Iglesias, defensoras durante años del derecho de los que no tienen papeles a trabajar y vivir con dignidad.
Cabe recordar, por ejemplo, que el ‘Movimiento Santuario Nacional’ en defensa de los migrantes, impulsado por las Iglesias protestantes y católica de EE.UU. nació justamente para proteger a los refugiados de Arizona, Estado que, por otra parte, en el siglo XIX, perteneció a México. De ahí que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, califique la nueva ley de “discriminatoria”, pues “criminaliza a los indocumentados” y convierte en delito la inmigración indocumentada, con lo cual “alentará el racismo”.
Reacción latinoamericana
Enseguida se han sucedido las reacciones de los cancilleres latinoamericanos, empezando por las de aquellos países que dependen de las remesas de sus paisanos que emigraron al norte y lograron trabajo. Tal es el caso de El Salvador, cuyo canciller, Hugo Martínez, había expresado su preocupación ante una ley discriminatoria que “desata una persecución contra personas, que en su mayoría están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en EE.UU.”. De hecho, en un comunicado, el Gobierno salvadoreño ha advertido que la ley podría generar discriminación de personas por su aspecto físico o su origen étnico. El Salvador depende casi en un 75% de sus divisas de aportes de los salvadoreños que viven en EE.UU. Así sucede con Honduras, Guatemala y, por supuesto, México.
Activistas pro derechos humanos en EE.UU. han planteado una serie de acciones que presionen al Estado de Arizona para que no implemente tal ley. Los boicots van desde no consumir nada producido en ese Estado hasta no volar en US Airways, con base en Phoenix.
Los obispos del país han salido también a escena, oponiéndose muy claramente a la ley, empezando por el nuevo arzobispo coadjutor de Los Ángeles, José Gómez, originario de Monterrey (México) y posible primer hispano que llegue a cardenal en EE.UU. Los obispos de Texas, por su parte, han hecho un severo pronunciamiento en el que hablan de la ley como un instrumento que “fomenta el racismo”; y el propio clero de Arizona ha manifestado su rechazo negando toda autoridad a la misma. Tanto las Iglesias protestantes evangélicas como la propia Iglesia católica, particularmente la Pastoral de Movilidad Humana, han condenado los pronunciamientos de la gobernadora de Arizona y han anunciado que resistirán ante leyes “injustas”.
Mientras, miles de migrantes latinos marchan a diario por las calles de las principales ciudades de Arizona exigiendo que se derogue la Ley SB1070, que comparan con las del Nacionalsocialismo alemán.
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En el nº 2.705 de Vida Nueva.
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