Criminalización de personas y derecho a la movilidad

(Dora Aguirre Hidalgo– Presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana)

“Con las drásticas disposiciones legales en contra de las personas migrantes, se estabilizará la economía, y los trabajadores autóctonos tendrán asegurado su sistema de bienestar, su futuro y el de sus familias. ¿Hay quien se lo crea? Es posible que la angustia nos vuelva ciegos, y que permitamos pasivamente que leyes discriminatorias se cuelen en el sistema judicial europeo”

Durante los primeros días de junio, asistimos atónitos a la resolución del Gobierno de Italia para declarar delito la inmigración irregular, cuando en realidad se trata de una falta administrativa; por otra parte, en España, a propósito de la crisis económica, se ofertan planes de retorno que capitalizan la prestación por desempleo a cambio de que el inmigrante regrese a su país de origen, y se estudia recortar el derecho de reagrupamiento familiar a nuestros ascendientes, con la vergonzosa justificación de que está en riesgo el futuro Estado de bienestar.

Asimismo, la directiva europea ha acordado ampliar hasta 18 meses el plazo de retención de las personas inmigrantes en situación irregular y expulsarlas a cualquier país que tenga firmado un convenio de repatriación. Medidas discriminatorias, si alguien mira la carta de derechos humanos fundamentales reconocida por la ONU. Desde nuestra experiencia como personas migradas y la de nuestras familias, vivimos con real desconcierto la utilización e instrumentalización política de la que somos objeto. Las personas migradas “somos culpables de la crisis económica, de poner en riesgo el Estado de bienestar, de la inseguridad de Europa”, por ello los países europeos refuerzan sus fronteras y crean leyes más restrictivas; creemos que su objetivo es enviar un mensaje al ciudadano de a pie sobre la protección de sus bienes: los inmigrantes, “los malos”, “los responsables de la crisis económica, ya no circularán por la Europa fortaleza”, porque se impedirá la entrada o se encarcelará a quienes circulen libremente por un país que no es el suyo. Con las drásticas disposiciones legales en contra de las personas migrantes, se estabilizará la economía, y los trabajadores autóctonos tendrán asegurado su sistema de bienestar, su futuro y el de sus familias. ¿Hay quien se lo crea? Es posible que la angustia nos vuelva ciegos, y que permitamos pasivamente que leyes discriminatorias se cuelen en el sistema judicial europeo y sean aplicadas y respetadas por parte de sus pueblos.

Las personas inmigrantes somos agentes de desarrollo transnacional y generamos riqueza cultural, social y económica en nuestros lugares de origen y destino; nuestra responsabilidad es ser los mejores apoyos de nuestras familias y, para ello, hemos de procurar ser las mejores personas de referencia. Para ello trabajamos y con ello contribuimos al desarrollo de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir.

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