En el CIE de Barcelona hay menores, enfermos crónicos y discapacitados

  • Así lo denuncia en su último informe la fundación jesuita Migra Studium
  • En 2017, cuentan sus voluntarios, pasaron por el centro unas 1.820 personas, más del doble que en 2015

Protestas CIE Aluche

En el CIE de la Zona Franca de Barcelona se vulnera lo establecido por la ley y en sus instalaciones permanecen internos menores y personas que sufren graves problemas de salud y con discapacidades. Así lo denuncia la Fundación Migra Studium, obra de la Compañía de Jesús en Cataluña, en su último informe, elaborado a partir de las visitas de su grupo de voluntarios en 2017.

Gracias a esta experiencia directa, la entidad jesuita documenta que, a lo largo del pasado año, estuvieron en algún momento en el CIE unas 1.820 personas. Significativamente, esta cifra es más del doble que la registrada en 2015 (el 2016 el centro estuvo parcialmente cerrado por obras).

Migra Studium ha podido acompañar de un modo directo a 208 personas, a través de 624 visitas. “A pesar de ser una muestra reducida –explican en el estudio–, la realidad que se han encontrado los voluntarios pone de manifiesto la existencia de casos de personas en situación de grave vulnerabilidad y de vulneraciones de derechos”.

Así, “44 de las personas visitadas, un 21,15%, declaraban ser menores de edad. Solo tres de estos consta que han sido reconocidos como tales y han sido puestos en libertad, a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Del resto, desconocemos su destino”.

Esto último preocupa de un modo especial a los voluntarios de la fundación: “El equipo de visitas ha encontrado casos en que no se daba credibilidad a los documentos aportados por el menor, incluso cuando contaba con el certificado de nacimiento o pasaporte. En lugar de ser una herramienta de protección del menor, el procedimiento para la determinación de la edad se ha convertido en un ejercicio de una política migratoria restrictiva, contraviniendo obligaciones internacionales, ya que niños y adolescentes no pueden ser objeto de medidas de privación de libertad”.

Respecto a las personas internas que padecen enfermedades graves, hay 22 con dolencias crónicas “como hepatitis C, hipertensión, diabetes, epilepsia… Algunos de ellos manifiestan que no han podido continuar con el tratamiento debido a su internamiento”. “Especialmente grave –reclaman– es el caso de nueve personas que sufrían problemas psicológicos o enfermedades mentales (algunos con especial gravedad) y que no han podido recibir atención adecuada por falta de personal especializado”.

Víctimas de brotes psicóticos, ciegos…

En este sentido, se ha dado el caso “de un interno de nacionalidad marroquí que padecía una enfermedad psicótica y ya se encontraba en seguimiento psiquiátrico en el hospital de su población, circunstancia documentada en diferentes informes médicos. A pesar de ello, fue internado y, durante su estancia en el CIE, tuvo que ser aislado por causa de los brotes psicóticos que padecía. Finalmente, se ejecutó su expulsión sin haber realizado una exploración médica que certificara si se encontraba en condiciones para poder realizar el viaje y sin notificar al propio interno la fecha de expulsión”.

Un último caso especialmente doloroso es el de “una persona que padecía ceguera y que presentaba signos evidentes de ello”.

En cuanto a la “vulneración de derechos” básicos, Migra Studium explica que 28 personas les expresaron “haber sufrido, por parte de la policía, trato intimidatorio, degradante, maltrato verbal o incluso trato racista. Este hecho motivó una queja conjunta de varios internos en junio de 2017”.

Falta de información

“Más de la mitad de las personas –se enumera– mostraban dificultades para entender la lengua española, comprender las indicaciones que se les daba y manifestar sus necesidades. El derecho a intérprete y traducción, que debería estar garantizado, lo han de realizar a menudo otros internos, de una manera voluntaria”. Por otra parte, añaden, “casi la mitad manifestó la falta de comprensión de su situación jurídica, sea por desconocimiento de la lengua o dificultad de acceder al SOJ (Servicio de Orientación Jurídica), lo que representa una vulneración de su derecho a la tutela judicial”.

Finalmente, como concluye la entidad jesuita, “se siguió constatando que las expulsiones son ejecutadas sin notificarlo con antelación al interno para que pueda informar a sus abogados o familiares. Esta práctica contraviene la que han establecido varios juzgados de control, así como resoluciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas”.

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Actualizado
05/05/2018
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