Los obispos ante la ley de eutanasia del PSOE: “No a un corredor de la muerte voluntario”

  • El secretario general de la Conferencia Episcopal califica la iniciativa socialista de “un monumento a la insolidaridad y al descarte humano”
  • “A las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos”, reivindica la Iglesia

Un enfermo en una camilla en una habitación llena de aparatos médicos

El Partido Socialista registró ayer, 3 de mayo, en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para legalizar la eutanasia en determinados casos, que plantea modificar el artículo 143.4 del Código Penal para contemplar dos casos de despenalización: una enfermedad incurable y grave que origine sufrimientos físicos o psíquicos considerados “insoportables” y con un pronóstico de vida limitado para el paciente. De la misma manera, la Proposición de Ley también incluiría que los médicos tengan la posibilidad de apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.

Ante esta iniciativa parlamentaria, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, a través de un videocomunicado ha calificado el planteamiento del PSOE como “un monumento a la insolidaridad y al descarte humano que promueve además un falso derecho a un corredor de la muerte voluntario que se pretende introducir en la sociedad española de una manera artificiosa”.

Así, el portavoz de los obispos españoles ha subrayado que “no hay derecho a esta terrible pretensión de legalización del suicidio en España, que es lo que es en toda regla”. En esta misma línea, José María Gil Tamayo ha recordado que “a las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona que es su derecho a la vida”.

Desde esta perspectiva creyente que apuesta para el sacerdote, por “el derecho a la vida de todo ser humano”, reivindicó para el enfermo y la persona con discapacidad todos “los cuidados de su familia y toda la atención sanitaria que podamos prestarle conforme a esta dignidad”.

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