El Estado gastará 144.834 millones de euros en 2018. Sin embargo, ingresará 3.336 millones menos. Así se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales que está en debate parlamentario desde su presentación el pasado 3 de abril. El PNV tiene la llave para que salgan adelante, solo su apoyo permitirá la aprobación, y debe pronunciarse antes del 26 de abril. Entre las partidas, el Ejecutivo ha aumentado el gasto en servicios sociales en un 4,32%, en fomento del empleo un 3,9%, lo mismo que en sanidad, mientras que gastará un 3% más en educación y un 1,3% en vivienda. Distintas entidades eclesiales analizan algunas de las partidas en Vida Nueva.
En lo que respecta a cooperación y desarrollo, Manos Unidas ve los presupuestos con esperanza, puesto que “partiendo de una realidad que coloca a España en los puestos más bajos en financiación de cooperación (por debajo del 0,2% de la Renta Nacional Bruta en los últimos cinco años) en comparación con los países europeos (0,5%) y los de la OCDE (0,32%), las cifras iniciales son, en principio, una buena noticia para la política de cooperación”, explica Ricardo Loy, secretario general de la ONG. Sin embargo, “el esfuerzo para recuperar la política de cooperación con unos recursos acordes a los compromisos internacionales relativos a lograr destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto a Ayuda al Desarrollo, requeriría de un aumento de fondos muy superior al actual”, remarca.
Una ley de familia
En materia educativa, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, mantiene que el Gobierno cumple con la subida prometida del salario de los profesores, tanto de la pública como de la concertada. “En ese sentido estamos contentos, pero seguimos diciendo que este aumento no arregla el desfase entre lo que cuesta en términos económicos una plaza en la red concertada y lo que se destina”, afirma. Por eso, insta al Gobierno a realizar un estudio “sobre lo que cuesta cada alumno en la red pública y concertada para que se cubra el gasto real”.
Por otro lado, el Foro de la Familia pone de manifiesto que “no hay una verdadera apuesta por la maternidad”. Su presidente, Ignacio García-Juliá, indica que “el incremento en las prestaciones por maternidad y paternidad se limita a la semana extra por ser padre, cuando el problema real es que hay menos nacimientos, menos madres”. Asimismo, subraya que, “mientras el Gobierno y los demás partidos no se den cuenta de la gravedad de este asunto, seguiremos poniendo tiritas a una herida que puede ser mortal para nuestra sociedad, cuando lo que se necesita es una intervención rotunda y rápida, como una ley de familia con las medidas adecuadas”.
