Con una celebración eucarística, a las 5 de la tarde (hora de Brasilia), la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) recordará hoy, 12 de febrero, la memoria de Dorothy Stang, religiosa estadounidense de la Congregación de Nuestra Señora de Namur, asesinada exactamente hace 13 años.
La misionera llegó a Brasil en 1966. Tenía 35 años y su mayor ilusión era “trabajar entre los pobres más pobres”. En la Amazonía concretaría su propósito, en un contexto marcado por disputas por la tierra entre terratenientes –muchos de ellos vinculados a la industria maderera– y colonos.
Ya en la década de los 70 el conflicto se intensifició, y fue entonces cuando Dorothy comenzó a sobresalir por su compromiso con la defensa de los derechos de los más vulnerables en Anapu –en el estado de Pará–, al noreste de la región amazónica.
La Biblia y el Estatuto de la Tierra
Rebeca Spires, una hermana de su misma congregación, años después recordaría que a su llegada a la misión, en 1982, Dorothy le aconsejó: “tiene que aprender la Biblia en portugués, pero también tiene que aprender el Estatuto de la Tierra, porque nosotras trabajamos con labradores y ellos necesitan saber cómo defender los derechos que la ley les reconoce”.
Su compromiso con los pueblos de la Amazonía y su destacada labor en la Pastoral de la Tierra la llevaron a fundar, primero, 22 escuelas y un centro de formación para maestros, y, luego, el proyecto de desarrollo sostenible ‘La Esperanza’, con el propósito de repartir 130.000 hectáreas entre 600 familias campesinas. Por supuesto, era bien conocida su resistencia a los intereses de los traficantes ilegales de los recursos de la Amazonía.
Un compromiso sellado con sangre
A los 73 años, el 12 de febrero de 2005, un sicario cegó su vida con seis tiros a quemarropa. El crimen de la religiosa, como el de muchos misioneros que han dado su vida por la Amazonía, continúa impune.
En 2004, Dorothy había recibido el Premio de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados do Brasil. Ese año se denunciaron más de diez amenazas contra su vida. Para ella era claro que “cualquier persona que intenta ocupar una tierra pública explotada ilegalmente por terratenientes o madereras recibe una amenaza de muerte”. Su nombre figuraba en una lista de 140 amenazados.
