Por primera vez en la historia, la Iglesia tendrá que someterse a un examen público por la cuantía económica que recibe a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así lo ha decidido el Pleno del Tribunal de Cuentas, que ha aprobado hoy jueves 21 de diciembre la decisión de fiscalizar las ayudas que reciben todas las confesiones religiosas en nuestro país: judíos, evangélicos y musulmanes.
De esta manera, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda se hace eco de la petición hecha hace un año por parte de cinco consejeros del Tribunal –propuestos por el PSOE–, que reclamaban precisamente esta medida. Aunque en aquel momento el pleno –que cuenta con doce consejeros y un fiscal– desestimó aplicar la propuesta, sí se ha apostado por dar ese paso para 2018.
Ejercicio de transparencia
De esta manera, la Iglesia no solo sometería sus cuentas a una auditoría privada, como viene haciendo desde hace años, sino que será el Estado quien vigilará también cómo procede con el dinero recibido.
Desde la Conferencia Episcopal Española siempre se han mostrado abiertos a cualquier medida que pase por mostrar una mayor transparencia ante la sociedad. Es más, siempre se ha considerado como un deber rendir cuenta ante la ciudadanía del dinero recibido tanto a través de la declaración de la renta como de las donaciones privadas de los fieles.
