El pasado miércoles 13 de diciembre las autoridades de Chalchihuitán y Chenalhó fueron convocadas para notificarles que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) había fallado en favor de los bienes comunales de Chenalhó, con lo que legalmente se pone fin a una vieja disputa de colindancias entre estos dos municipios.
Por más de 40 años ambos pueblos habían sostenido este problema de límites territoriales, lo que generó que, hace aproximadamente un mes, un grupo armado de habitantes de Chenalhó ingresara a la zona de disputa, haciendo disparos y quemando casas, para provocar la huida de más de cinco mil habitantes hacia las montañas, donde hasta el momento se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas, con temperaturas de hasta tres grados centígrados por las noches.
Como informó Vida Nueva Digital, la falta de víveres –debido al bloqueo de los accesos hacia la zona en la que se encuentran los desplazados–, así como las condiciones insalubres y la escasez de medicinas y de atención médica, provocaron en días pasados la muerte de varios niños y ancianos.
Crimen de Estado
Desde mediados del mes pasado, el padre Marcelo Pérez de la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, había venido advirtiendo de las deplorables y riesgosas condiciones en las que viven los miles de indígenas refugiados en las montañas, así como de la impunidad con que el grupo armado de Chenalhó se conducía y la incapacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal para resolver de manera integral el conflicto.
Finalmente el pasado miércoles las partes en conflicto recibieron del TUA la resolución, que si bien parece poner punto final a este asunto, aún queda un largo trecho por recorrer, pues las autoridades de Chalchihuitán se han negado a aceptar tanto el fallo como los 15 millones de pesos y las 300 casas que los gobiernos federal y estatal han ofrecido en compensación por el error que cometió en 1973 por la desaparecida Reforma Agraria, al conceder equivocadamente 350 hectáreas de tierras a Chalchihuitán.
Aunado a ello, el padre Marcelo Pérez afirma que ahora también se deberán deslindar responsabilidades por las ocho personas muertas a causa del hambre y del frío, pues si bien esta semana se informó de la resolución, el fallo había sido firmado desde el 6 de noviembre pasado: “¿Qué ha significado esto? Que pudo haberse evitado el desplazamiento de las más de cinco mil personas, y con ello, la muerte de estos hermanos indígenas”.
Insiste el sacerdote: “Si el Estado mexicano ya tenía el fallo, quiere decir que permitió todo este sufrimiento en Chalchihuitán. Siendo así, considero que se trata de crimen del Estado mexicano. Estos hermanos y hermanas continúan en la montaña. Por favor, no los abandonemos, que no haya ni un muerto más”.
En tanto, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas también ha advertido que la larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
Asimismo, destacó ayer en un comunicado que dicho fallo es “perturbador y cuestionable”. Señaló que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. “Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano, añadió.
En dicho comunicado, los agentes de Pastoral de la Diócesis de San Cristobal de las Casas manifestaron estar “desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra”.
Por lo pronto, los indígenas desplazados deberán tomar una decisión: o aceptan el fallo y lo que las autoridades les han ofrecido o continúan su lucha por las tierras que, dicen, les fueron heredadas por sus abuelos y padres.
