Las distintas Iglesias cristianas de Zambia, desde la católica a las evangélicas, a través de sus órganos episcopales, han publicado un documento conjunto en el que advierten que el país “está caminando hacia la dictadura”. Difundido por la Agencia Fides, el texto vuelve a condenar la detención, el pasado 11 de abril, del principal líder de la oposición, Hakainde Hichilema, al que el Gobierno presidido por Edgar Lungu [en la imagen que encabeza este artículo] acusa de traición. Al parecer, el detonante de su encarcelamiento fue que Hichilema habría ordenado bloquear una caravana de coches del presidente. En la misma operación fueron arrestadas otras cinco personas, a las que se achacan los mismos cargos.
Ya entonces, la Conferencia Episcopal de Zambia, liderada por Telesphore George Mpundu, arzobispo de Lusaka, condenó públicamente tanto su detención como el modo brutal en que esta se realizó: la policía entró en su casa en plena noche, rompió la puerta, esparció gas lacrimógeno y se lo llevó utilizando perros de presa. “¿No había una manera más civilizada y profesional para llamarle ante la policía para notificarle los cargos en su contra?”, denunciaron entonces los obispos.
Instrumentalización de la policía
Con todo, lo que más dolió el Episcopado zambiano fue la instrumentalización de la policía, lamentando que, cada vez que hay un cambio en el Gobierno, la nueva administración busca acumular todos los resortes ejecutivos y hostigar a sus contrincantes: “Condenamos el mal hábito por el cual las partes, una vez que asumen el poder, utilizan de inmediato a la policía para ajustar cuentas políticas y para evitar que sus rivales se organicen para llevar a cabo su campaña política, imponiendo su propia visión de país”. “Siempre es la misma historia –lamentaron–, de una administración a otra, y esta no hace excepciones”.
Dos meses después de su arresto, Hichilema, líder del Partido Unido Para el Desarrollo Nacional (que perdió las elecciones generales ante Lungu en agosto del pasado año por un estrecho margen, denunciando además ser víctima de un pucherazo), sigue en prisión y pendiente de juicio por el Tribunal Supremo.
“No es un criminal”, claman las Iglesias cristianas de Zambia, que reclaman que, en cuanto a “preso político”, debe ser liberado. O, como mínimo, “si está acusado de traición y no puede pagar la fianza, que le permitan optar al arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio”.
En medio de este ambiente de gran tensión política, 48 diputados fueron suspendidos días atrás por boicotear un discurso de Lungu en el Parlamento.
