Apenas habían transcurrido un par de días desde la publicación del informe Conflictos en el campo Brasil 2016, que cada año presenta la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), cuando se produjo la masacre de nueve campesinos en Taquaruçu do Norte, a 350 kilómetros del municipio de Colniza, en el estado de Mato Grosso, el pasado 19 de abril. Todos los cuerpos presentaban señales de tortura y sevicia: algunos fueron atados y otros decapitados. (…)
Ante los trágicos hechos, los agentes de pastoral de la Prelatura de São Félix do Araguaia, con su obispo, Adriano Ciocca Vasino, y su obispo emérito, Pedro Casaldáliga, han levantado su voz de indignación, dolor y solidaridad con las familias de las víctimas, lamentando la actual pérdida de los derechos fundamentales del pueblo brasileño: “Vivimos un clima de ‘tierra sin ley’, una verdadera guerra civil en nuestro país, y esta situación de Colniza nos expone a los objetivos de ruralistas que no temen a nada para conseguir las tierras que busca”.
“Clamamos justicia y que los autores de estos crímenes sean procesados y castigados. La consecuente impunidad en el campo, fruto de la omisión de los órganos públicos, perpetúa la violencia”.
La Iglesia de São Félix do Araguaia también ha denunciado las Medidas Provisionales 215 y 759, impulsadas por el Gobierno de Michel Temer, que “violan los derechos de los pueblos del campo y de las comunidades tradicionales”, y señala cómo algunos discursos políticos de odio e incitación a la violencia contra las comunidades que luchan por sus derechos conducen a la criminalización de sus justos reclamos.
Esta preocupación también ha estado presente, desde 1985, en los informes anuales de la CPT, organismo ligado a la Comisión para el Servicio de la Caridad, la Justicia y la Paz, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).
