Con el IBI hemos topado

El Congreso y algunos ayuntamientos, como Madrid y Valencia, piden suprimir la exención del impuesto

cúpula de una iglesia en construcción

RUBÉN CRUZ | Valencia y Madrid quieren que la Iglesia pague el IBI. Así lo expresa negro sobre blanco el Plan Estratégico de Derechos Humanos que el equipo de Manuela Carmena presentó el 16 de febrero. También lo recoge la denominada Declaración de Valencia, las conclusiones de las Jornadas Municipalistas Por Una Financiación Justa, celebradas con varios alcaldes de todo el territorio nacional en la ciudad del Turia el 16 y 17 de febrero. Una demanda que además ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley aprobada el día 15 en la que Podemos, con el apoyo del PSOE, insta al Gobierno a eliminar las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, entre otras propuestas. El texto, debatido en la Comisión de Hacienda, contó con el voto en contra de PP y Ciudadanos, y la abstención del PNV.

Madrid explica en su Plan de Derechos Humanos que, para garantizar la aconfesionalidad de la ciudad, insta al Estado a que revise la normativa estatal sobre exenciones fiscales a confesiones religiosas con impacto en el ámbito municipal. Una propuesta que “es una mera declaración de intenciones que no produce ningún efecto jurídico, a menos que el Gobierno acceda a modificar la legislación actual”, explica Antonio Vázquez del Rey, experto en Derecho Tributario y director del Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra.

“El IBI y el resto de impuestos municipales están regulados por una norma del Estado –continúa–, sin que el margen de decisión que se reconoce a los ayuntamientos permita albergar pretensiones de ese tipo”.

Por su parte, fuentes del Arzobispado de Madrid recuerdan que no solo la Iglesia está afectada por la exención en el pago del IBI; también todas las fundaciones –como recoge la Ley de Mecenazgo– y otras confesiones de notorio arraigo que tienen suscritos acuerdos con el Estado desde 1992.

En la realización del plan, el Ayuntamiento ha detectado que “no se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la aconfesionalidad del ayuntamiento y que no se privilegie injustamente a ninguna confesión”. Por ello, una de las cinco metas (Derecho a la libertad de conciencia, religión, opinión y expresión) determina que se van a adoptar “medidas para garantizar la aconfesionalidad de las dependencias y servicios”.

Además, se va a redactar un protocolo de relaciones con las confesiones. Para ello se creará también una mesa de diálogo interreligioso. No obstante, según ha explicado el Ayuntamiento a esta revista, “es una propuesta que se encuentra en estado inicial, aunque persigue la idea de favorecer que las confesiones minoritarias también tengan voz”.

En este sentido, desde el Arzobispado subrayan que es positivo que el consistorio quiera respetar el derecho de libertad religiosa, porque “es clave de otras libertades”. “Es importante recordar la importancia de un verdadero Estado aconfesional, porque el hecho religioso tiene una dimensión pública y privada”, añaden. Además, destacan la buena convivencia entre la Administración local y la Iglesia madrileña. “Esperamos que continúe siendo una relación fluida, no solo con nosotros, sino con todas las confesiones”, indican. Y un ejemplo de esta relación fue la reunión en septiembre entre el consistorio y 12 representantes de confesiones religiosas.

Sin competencias

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia aprobó el pasado 26 de enero eliminar las exenciones fiscales a las confesiones religiosas y que paguen el IBI sobre inmuebles no destinados al culto o la asistencia social. La moción del tripartito de izquierdas encontró el rechazo de Ciudadanos y PP. El borrador en el que trabajan recoge el pago del impuesto por el palacio arzobispal o las facultades de la Universidad Católica de Valencia (UCV), pero no de los locales de Cáritas.

No obstante, estas reclamaciones no pasarán del papel, porque es el Gobierno quien regula el IBI. “Se trata simplemente de hacer patente la posición anticlerical de determinadas formaciones. La exención del palacio arzobispal está amparada por el Acuerdo con la Santa Sede, un tratado internacional frente al que cualquier acción jurídica municipal resulta inocua”, remarca Vázquez del Rey.

Sobre este asunto también se expresó el 21 de febrero en una conferencia en la UCV Francisco Vázquez, exembajador de España ante la Santa Sede. “La Iglesia es una más de los cientos de instituciones que no pagan el IBI por ser entidades de utilidad pública sin carácter lucrativo, como se hace en toda Europa con las entidades que realizan una labor social o solidaria”, apunta el columnista de Vida Nueva.

Del mismo modo, añade: “En España no pagan el IBI, por ejemplo, edificios singulares como los hoteles Ritz o Palace, en Madrid; o los edificios propiedad de fundaciones, federaciones deportivas, partidos políticos, agrupaciones sindicales u ONG. La Iglesia, como no podía ser menos, paga en aquellas propiedades regidas por la Ley de Sociedades Anónimas. Por ejemplo, en un terreno de su propiedad en el que hay un aparcamiento”.

Como jurista, Vázquez señala que “lo más importante de esta cuestión es que ya hay sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que determinan que la Iglesia no debe pagar el IBI porque está exenta de ello en base a la Ley de Mecenazgo y la Ley del IBI”. Además, “es un ‘brindis al sol’, porque ni ayuntamientos ni autonomías tienen competencia para modificar una ley cuya potestad corresponde a las Cortes Generales; lo que muestra la malicia de la propuesta”.

Exenciones fiscales para los colegios católicos

La abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, avaló el pasado 16 de febrero que la exención fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras aplicado a la Iglesia se extienda a determinados inmuebles cuya actividad no tiene un fin estrictamente religioso, como los centros escolares.

Estas conclusiones responden a una cuestión elevada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, a raíz de un litigio entre el Ayuntamiento de Getafe y los escolapios tras la reforma del salón de actos del colegio La Inmaculada, perteneciente a la Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania. Kokott señala que la enseñanza con fin comercial puede considerarse secundaria “únicamente” si representa “menos del 10% del total” de la actividad del centro escolar.

Así, los religiosos esperan que el tribunal se pronuncie definitivamente antes de verano. No obstante, el aval de la letrada es positivo, porque, en el 80% de los casos, suele coincidir las conclusiones del abogado con la sentencia.

Publicado en el número 3.025 de Vida Nueva. Ver sumario