Hay quienes creen que más dañina que la guerra es la corrupción que hoy se mira como un triunfo del ingenio de los más vivos.
El alto nivel de indiferencia o de condescendencia con la corrupción es otro peligro que crece sin que el país se dé cuenta.
Se trata de conocer su magnitud y consecuencias para proceder a una acción defensiva, igual o más intensa que la exigida para una guerra inminente.
Y esta es una tarea de todos.
Según las cuentas del procurador Fernando Carrillo, el costo de la corrupción en Colombia puede ser entre 20 y 40 billones de pesos. A pesar de su vaguedad, es una cifra que comienza a interesar y a doler cuando se piensa que ese es dinero que nos han sacado del bolsillo a todos los colombianos. Es un desangre que ocurre a la vista de todos y que debe alarmar: “si no se detiene este país resultará inviable”, sentencia el procurador.
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) hizo un sondeo entre 89 empresas sobre el impacto de la corrupción en la economía y concluyó, según el presidente de la asociación, Bruce Mac Master, que si no hubiera corrupción sería innecesaria la reforma tributaria: “los recursos que se están perdiendo son varias veces lo que se espera recaudar con esa reforma”.
Estos empresarios identificaron los principales nidos de corrupción en el sector salud y en los de aduanas, impuestos, transporte, minería, ambiente y educación. Mirando el mapa del país vieron la mayor corrupción en la costa y en ella el epicentro de la mayor corrupción en Guajira, Chocó, Atlántico y Bolívar son los departamentos en donde ocurren las mayores prácticas de corrupción.
Una de esas prácticas es la del soborno a funcionarios. El 12.5% de los empresarios reveló intentos de extorsión y el 21.4% denunció la exigencia de dádivas antes de aprobarles algún trámite, un problema que en las aduanas es del 62.7% y en las alcaldías es del 40.3%. En las corporaciones autónomas regionales es del 37.3%.
El costo de todas estas prácticas fue calculado por el Fondo Monetario Internacional como equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB). A pesar de su magnitud, es un fenómeno que cuenta con el 36.6% de tolerancia, según admiten los empresarios que respondieron el sondeo.
Los editorialistas y columnistas de los principales diarios hacen lo que pueden para alertar sobre esta amenaza: “No combatir la corrupción, destruirla”, titulaba su columna Cristina de la Torre (El Espectador 24-01-17). Cecilia Orozco (E.E. 18-01-17) agrega un elemento al detallar tres grabaciones publicadas entre 2009 y 2010: “sigan la pista, señores fiscal, procurador y contralor y encontrarán a todos los responsables… si quieren”, ¿no hay, acaso, voluntad gubernamental?
Observa, a su vez, Piedad Bonnett (E.E. 22-01-17): “En buena hora el tema pareciera prioritario, pero es más sencillo que un país entero se corrompa, que regresar a sus gentes al cauce de la decencia y del trabajo”, y cita a otro columnista, Aldo Cívico: “En Colombia la corrupción se convirtió en un sistema”.
“La lucha contra la corrupción está de moda y parece que va a ocupar en los medios el lugar que tenían las FARC”, pronostica Patricia Lara (E.E. 20-01-17) y agrega: “los corruptos tienen que saber que no tienen cabida en su entorno”. La profesora Elisabeth Ungar, desde su columna advierte: “la corrupción no solamente puede convertirse en un obstáculo para alcanzar la paz sino en una oportunidad para recrear algunas de las condiciones que generaron el conflicto y la violencia” (E.E 19-01-17). Y anota Catalina Uribe (E.E. 19-01-17): “ninguna de las grandes estructuras de corrupción política ha sido desmantelada”. Yolanda Ruiz (E.E. 19-01-17) señala: “es tiempo de cambiar de chip, de una sociedad que aplaude el ingenio para evadir las leyes y que menosprecia a quien decide ser buen ciudadano… la cultura de la corrupción nos ha permeado desde abajo”.
El editorialista de El Tiempo (22-01-17) se asombra: “el país no solo está frente a la inminente nulidad de dos contratos de obras vitales, también está ante el reto de develar el fondo de esta auténtica olla podrida”. Por su parte, El Espectador señaló el fondo de esa olla en su editorial (22-01-17): “es necesario que haya un cambio profundo en la manera como se viene haciendo política en el país, desde las cabezas nacionales hasta los caciques regionales”.
El mes de enero de este año con estas clarinadas de alerta de columnistas y editorialistas sorprendidos por la acumulación de hechos de una corrupción ubicua, que no parece conocer límites ni vergüenza, como lo demuestran estos hechos registrados en los primeros 30 días de un año que podrá recordarse en el futuro como el año de los corruptos.
El año de los corruptos
Gabriel García, ex-viceministro de Transporte.
Acababa de despertarse el país después del sopor de las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuando explotó el escándalo de los sobornos de Odebrecht, la empresa contratista brasileña, que obtuvo el contrato del tramo 2 de la Ruta del Sol. El exviceministro Gabriel García Morales había recibido seis millones y medio de dólares como soborno. Las fotografías de los periódicos lo mostraron escoltado por dos guardianes y con las manos esposadas. La empresa brasileña, además de este soborno, había pagado otros que, según la justicia de Estados Unidos, ascendieron a 11,5 millones de dólares. La procuraduría de Fernando Carrillo, recién posesionado, tomó el caso y buscará a los otros funcionarios que participaron en la adjudicación de otros contratos y las demandas de 263 millones de dólares que la firma brasileña interpuso contra el Estado por presuntos incumplimientos.
Como las malas yerbas, la corrupción se riega, incontenible. Los contratistas brasileños también pagaron sobornos para obtener un contrato con la empresa de acueducto de Bogotá por 244.363 millones. Nueve funcionarios están bajo investigación por un soborno de 11 millones de dólares. Uno de ellos, además del soborno, recibió el nombramiento como directivo de Odebrecht. Todo parece haber sido puesto al servicio de la corrupción.
Otto Nicolás Bula, acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito en el escándalo Odebrecht
Otra investigación relacionada con este caso parece revelar una ramificación, esta vez con una empresa china que a través del contrabando de textiles pagó los sobornos. Esta empresa Cititex había sido investigada por la fiscalía entre 2013 y 2015. Odebrecht diversificó sus actividades de corrupción, según se deduce de la investigación de la fiscalía sobre 123 permisos para extracción de minerales. Ese abultado número de permisos es objeto de investigaciones de la contraloría. Estas investigaciones se relacionan con los sobornos pagados al exsenador Otto Nicolás Bula, como gestor del contrato para la vía Ocaña-Gamarra, una adición del contrato para el tramo 2 de la Ruta del Sol. Las investigaciones sobre las actividades de Bula han demostrado el uso de sus relaciones con las comisiones 3, 4 y 6 del congreso, para presionar la adjudicación del contrato. “Estamos ante un delito que atenta contra la administración pública”, señaló el senador Jorge Robledo, cuando reveló otra ramificación de la acción corruptora de la empresa brasileña: el crédito del Banco Agrario para la empresa contratista, que le permitió entrar al proyecto de recuperación del río Magdalena.
Junto con la corrupción de los contratistas ha operado la del sector financiero. Parecía historia pasada la de las estafas masivas con las pirámides, pero el año empezó con el apremio de las víctimas de Interbolsa en donde la corrupción de cuello blanco robó 360.000 millones; se sumó a esa modalidad de corrupción la comercializadora Estraval, que deja alrededor de 4.500 personas afectadas, muchas de ellas atraídas por el ofrecimiento de hasta el 21% anual de rendimientos, informó la fiscalía. “Estraval sabía que los pagarés no tenían flujo… lo que hay aquí es una estafa”. Se trata de un acto de corrupción peor que el de Interbolsa, en que los inversionistas perdieron cerca de 600.000 millones.
Cuando intentaban evitar el pago de una multa de 23.000 millones impuesta por la Corte Suprema a Fidupetrol, fue condenado su principal accionista, Hélber Otero, en un escándalo de corrupción que involucró al propio presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y al abogado Víctor Pacheco.
Otra de las sorpresas de año nuevo fue la noticia de que en la DIAN los corruptos se estaban robando los impuestos. Nueve funcionarios que trabajaban en red para favorecer a los empresarios con declaraciones del IVA por exportaciones ficticias; aquí el funcionario corrupto se aprovechaba de su cargo estratégico “para sacar provecho económico defraudando al fisco”, según descubrió el juez que en sus consideraciones advirtió que el dinero robado es parte de los recursos que los colombianos entregan para pagar impuestos.
Marcelo Odebrecht, empresario brasileño
En el departamento de Córdoba la corrupción desfalcó en 30.000 millones los fondos que debían sostener proyectos de ciencia y tecnología. Aquí los corruptos fueron relacionados con un asesinato que, según las autoridades, buscaban entorpecer las investigaciones de la justicia.
La gravedad de la situación fue valorada por el precandidato presidencial Sergio Fajardo cuando, refiriéndose a otros candidatos, afirmó: “los que pagan para llegar, llegan a cobrar”.
En efecto, los abusos contra los dineros públicos se están legitimando con el argumento de que se destinan para campañas políticas de modo que en la opinión pública corrupción y política equivalen.
Los lectores de periódicos del pasado 26 de enero volvieron sus ojos al caso de corrupción del ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, condenado, según la información de ese día, a 24 años de cárcel, por su papel en el carrusel de la contratación en Bogotá.
Abrumado y asqueado por todos estos datos, el ciudadano común pregunta por lo que se hace y por lo que se puede hacer para detener la amenaza.
Las propuestas
Cuando el abogado Fernando Carrillo tomó posesión de su cargo de procurador el 16 de enero, el presidente Juan Manuel Santos convocó al nuevo procurador, al fiscal y al contralor “para resolver los casos de corrupción que tienen a Colombia en el ojo del huracán”.
Carrillo, a su vez, habló con crudeza: “las grandes corporaciones internacionales se han convertido en multinacionales del soborno”, y allí mismo anunció que para eliminar la práctica de la contratación y nombramientos a dedo “se impondrá la meritocracia”.
Por su parte, los tres altos funcionarios, fiscal, contralor y procurador, coincidieron en que la lucha contra la corrupción será su prioridad. “Necesitamos políticas unívocas que endurezcan la acción del Estado frente a la corrupción”, dijo el fiscal Humberto Martínez. “A la corrupción no hay que combatirla sino destruirla”, dijo el contralor Edgardo Maya, quien agregó: “destruirla es asunto de todos los poderes públicos, de los organismos de control y de toda la sociedad”. Desde el sector político han llegado voces que coinciden en la idea de que la guerra contra la corrupción no se puede perder.
Fernando Carrillo, Procurador General
El nuevo procurador agregó: “lo que no hemos atacado con efectividad ha sido la cultura de la corrupción”. Por su parte, la senadora Claudia López está proponiendo una Consulta Nacional contra la Corrupción que, a la vez, comprometerá a la ciudadanía contra las prácticas de corrupción y buscará ambiciosos objetivos:
• Un máximo de tres períodos para permanecer en corporaciones de elección popular.
• Obligación de publicar cada año una declaración de bienes, patrimonio, rentas y conflictos de interés de los funcionarios.
• Una remuneración de 25 salarios mínimos para congresistas y altos funcionarios.
El precandidato Sergio Fajardo es contundente: “el malestar más grande que hay en Colombia es la corrupción, y está asociada con la política y el congreso y es el punto central para la construcción de la Colombia que viene”.
Pronostica la columnista Patricia Lara (E.E. 20-01): “la lucha contra la corrupción va a ocupar en los medios el lugar que tenían las FARC”. Es un pronóstico que ha comenzado a cumplirse. Los principales medios han sido implacables y constantes en la denuncia, análisis y seguimiento de los casos de corrupción.
“Saber qué pasó para que no prosperen las instigaciones y quiénes están involucrados es un ejercicio vital para la salud de la patria”, editorializa El Tiempo (22-01) al comentar el escándalo del exviceministro preso, sobornado por Odelbrecht. “Ya es hora de que en Colombia la responsabilidad de los políticos deje de ser individual, cuando se trata de los nombramientos políticos. El mensaje tiene que ser contundente: no hay cabida en la política colombiana para los corruptos”, se lee en el editorial de El Espectador del 20 de enero.
Lo cristiano y lo corrupto
Todas estas prácticas están ocurriendo en un país tradicionalmente cristiano; coexisten con un sistema educativo dominado por criterios cristianos que normalmente crearían unos reflejos de rechazo de la corrupción. Pero no es así.
Lo mismo puede decirse al observar la omnipresencia de la violencia como una de las explicaciones de la presencia y actividad de las guerrillas, de los grupos delincuenciales hasta la violencia familiar o el matoneo escolar. Los altos índices de violencia están en contradicción con la tradición cristiana de los colombianos. ¿Es acaso la cristiana una tradición sin influencia? ¿Carece el cristianismo de una capacidad educadora? En una palabra: ¿lo cristiano no influye en la cultura?
Los casos vistos hasta aquí tienen un elemento común: su motivación es la lucha por el dinero. El interés económico inspira una creatividad que logra sorprendentes resultados tanto más notables cuanto prescinden de principios y valores éticos.
Es, pues, una corrupción motivada por el dinero que, como valor, reemplaza y destruye los otros valores. Al mismo tiempo desaparecen el respeto y el amor debidos al otro y preconizados en el pensamiento cristiano como valores prioritarios y esenciales. Es escalofriante la lectura de las cifras de víctimas de la corrupción y la frialdad de los corruptos ante las consecuencias de dolor y sufrimiento de las víctimas de sus acciones.
El acto de corrupción hace metástasis, como el cáncer, cuando produce reacciones de imitación y de legitimación, como las que se manifiestan en expresiones: “el vivo vive del bobo”, en que al corrupto se lo encubre y enaltece con la máscara del vivo y al honesto con el sambenito de bobo.
También se difunde la corrupción cuando sus acciones simulan una venganza contra la injusticia: “si a mí me robaron, yo recupero lo robado o lo estafado”, cuando no se pagan los impuestos “porque el régimen tributario es injusto”.
Son conductas posibles cuando la sensibilidad ética y de bien común desaparece, o nunca ha sido construida.
Esta situación, dejada a su propio impulso, haría retroceder la civilización hacia una era de barbarie, en la vida en sociedad no tendrían eficacia alguna ni el influjo religioso, ni el de los derechos de las personas. Los más
sensatos claman por un freno, como defensa indispensable que no admite espera. Afirmó el procurador: “la sanción judicial debe ir acompañada de una fuerte sanción social. La cultura del más vivo, del dinero fácil, tiene que acabarse…Y la tarea debe comenzar en la familia, la escuela y la sociedad” (E.T. 22-01-17).
Hizo falta decir que es tarea de la Iglesia que no puede renunciar a una acción educadora eficaz porque se trata de hacer más humana la historia que estamos viviendo. A la tarea de construcción de la paz se agrega hoy la de formar ciudadanos honestos.
Javier Darío Restrepo
