El 23 de enero la presidenta Michelle Bachelet recibió de manos del obispo de Temuco, Héctor Vargas, el informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía. Con 20 integrantes, trabajó el segundo semestre de 2016 en una hoja de ruta que permita abordar y dar solución a los principales problemas de la zona, recogiendo la visión de todos los sectores involucrados.
Sin embargo, ese mismo día, ocho destacados líderes mapuches entregaron una carta a la Presidenta rechazando ese informe: “Lamentablemente las conclusiones de dicha Mesa Asesora Presidencial tienen por objeto falsear la historia del Pueblo Mapuche y consecuentemente restringir, limitar y diluir los derechos y libertades fundamentales que les asisten”.
Carlos Bresciani y Nicolás Rojas Pedemonte también publican una crítica al informe diciendo que “sobre la inutilidad de aquellas consultas y propuestas que no incluyen la plurinacionalidad ni la diversidad de actores involucrados en el conflicto ya nos prevenía la Comisión Justicia y Paz en su documento La santidad de negociar sin miedo por una región mapuche plurinacional en paz, presentado en octubre del año 2016”. Lamentan que el informe no haya tenido en consideración este documento y acusan que “su resultado es pobre en compromiso político, carece de temas de fondo, navega en propuestas superfluas y descontextualizadas”.
El informe entrega 12 prioridades para crear instrumentos legales y operativos que permitan avanzar en la búsqueda de soluciones; además formula propuestas en tres ámbitos: reparación a víctimas de la violencia; participación, reconocimiento y nuevas formas de reparación a los pueblos indígenas; y desarrollo productivo.
La deuda histórica
Entrevistado por la revista Qué Pasa, el obispo Vargas –en Temuco desde el 2013 y antes obispo de Arica donde trabajó con comunidades aymaras–, apunta al problema de fondo: “Hay que reconocer que el Estado a lo largo de los años ha hecho muchos esfuerzos, pero han sido insuficientes porque hay un tema que no ha terminado de solucionarse: es la deuda histórica con el pueblo mapuche. Ellos sienten que, en estos 150 años, han sido objeto de una violencia que los ha dejado en una situación de desmedro en muchos ámbitos. Luego hay una falla del Estado en la violencia rural y otra es la condición de rezago y pobreza que hay en la región. Ocupar el primer lugar entre las regiones más pobres de Chile es caldo de cultivo para el resentimiento y la violencia. Se deben abordar estos tres temas en conjunto”.
Vargas alude al hecho histórico de que los mapuche lograron reconocimiento como nación y límites territoriales con la Corona Española (Parlamento de Negrete) en 1793, lo que también se produce tras la Independencia de Chile al aceptarse el territorio autónomo mapuche, en el Tratado de Tapihue, en 1825.
En ambos procesos se negoció con la diversidad de representantes mapuche en función de su cultura organizacional. Tras intentos de negociación en 1861 se impuso las campañas militares (la llamada “pacificación”) que produjeron desalojo, persecución y muertes; y hasta hoy no hay paz.
“Por todo esto se hace necesario alcanzar un reconocimiento oficial desde el Estado y un trato justo y fraterno con el Pueblo/Nación Mapuche”, expresa la Comisión Nacional de Justicia y Paz en su documento de octubre pasado. “Es primordial trabajar para que superen su pobreza, dignificarlos como originarios de esta tierra y restituirles lo que les corresponde. En este nuevo trato debe estar presente la educación, la capacitación y la implementación de elementos que permitan un desarrollo integral acorde a sus propias necesidades y respetuoso de su cultura y cosmovisión”, agrega el documento.
Finalmente, parece claro que ni la militarización del conflicto ni las consultas que no incluyen la plurinacionalidad y la diversidad de actores con los cuales pactar, han sido solución al conflicto.
