Valencia extingue los conciertos de Bachillerato y FP para revisarlos

manifestación de Escuelas Católicas en Valencia contra la supresión de los conciertos educativos mayo 2016

Escuelas Católicas teme que con el nuevo decreto se supriman aulas

manifestación de Escuelas Católicas en Valencia contra la supresión de los conciertos educativos mayo 2016

Manifestación en Valencia en mayo de 2016

RUBÉN CRUZ | Se mantendrán los conciertos que sean necesarios para cubrir las carencias de la escuela pública. De esta manera se expresa el Gobierno valenciano, que condena a la educación concertada a ser subsidiaria de la pública. El pasado 24 de enero se publicaba el decreto que regula los conciertos educativos, en los que se separa la enseñanza obligatoria (Infantil, Primaria y ESO) de la posobligatoria (Bachillerato y FP). De este modo, se suprimen todos los conciertos en la enseñanza posobligatoria, obligando a todos los centros a presentar la documentación como si nunca hubieran obtenido el concierto. “Estamos en un impasse preocupante, porque no sabemos por dónde van a salir. No tenemos razones para empezar a movilizarnos, pero sí estamos preocupados”, explica a Vida Nueva Vicenta Rodríguez, secretaria de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana.

La realidad es que en el decreto no se hace alusión a la demanda social para mantener los conciertos. “Eso implica no reconocer los bachilleratos o FP que tienen demanda y que hay familias que los eligen. Nos parece una falta de respeto hacia ellos”, mantiene. Por otro lado, también preocupa que no se entienda la concertada como un modelo complementario, porque “no se puede llenar la pública con alumnos que han elegido la concertada”, expone. De hecho, deja claro que Escuelas Católicas no va a pelear por aulas sin demanda, pero exigirá que se respeten las que son elegidas. En la actualidad, 28.000 alumnos estudian enseñanzas posobligatorias en centros concertados de la Comunidad.

Nuevos criterios

El decreto recoge que la renovación se hará en el siguiente orden: cooperativas, filiales, centros que atiendan a población desfavorecida, centros que aplican experiencias educativas innovadoras, centros que atiendan a alumnos de su área geográfica de escolarización y los que hayan contratado profesores despedidos de otros centros como consecuencia de la supresión de conciertos.

Por su parte, Luis Centeno, director de la Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas, considera el decreto valenciano “una vulneración manifiesta del reglamento básico de conciertos”. Y es que en todas las comunidades, el funcionamiento siempre es el mismo: se renueva el concierto si el centro cumple los requisitos. “Aquí sacan su propio decreto y cambian las reglas del juego. Así que si vulneran la legalidad, acudiremos a la Justicia”, dice tajante en conversación con esta revista.

En el mismo sentido se ha mostrado la vicesecretaria de Política Social del PP valenciano, Maria José Català, que anunció que estudian emprender acciones legales contra el decreto. Y aseguró que el consejero de Educación, Vicent Marzà, “ha abierto una guerra que perderá en los tribunales. Lo lamentable es que por el camino hará daño a muchas personas”.

Por otro lado, la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Parlamento valenciano, Merche Ventura, intuye que con el decreto, la Consejería “pretende atacar de forma sistemática un modelo educativo que funciona y la sociedad está demandando”.

Rodríguez tiene claro que la supresión de unidades con demanda significará una “regresión educativa”. “La Europa 2020 pretende una escolarización obligatoria hasta los 18 años. Si nos estamos preocupando en tener una educación formal de calidad, no podemos reducir las posibilidades”, indica. Además, añade: “Habrá familias que sin concierto no van a poder pagar la formación de sus hijos. Esta medida beneficia que los ricos puedan elegir y los pobres sean obligados”.

Renovación en toda España

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) cambió la duración de los conciertos de cuatro a seis años. Pero como los últimos se firmaron en 2013, estan obligados a renovarlos este año. “Hay comunidades que ya han sacado la normativa y otras que no”, explica Luis Centeno. De hecho, Asturias, Extremadura y Galicia todavía no tienen preparada la disposición al respecto. Un hecho que preocupa a Escuelas Católicas, puesto que hay familias que están a expensas, sin saber donde estudiarán sus hijos el próximo curso.

Publicado en el número 3.023 de Vida Nueva. Ver sumario

 


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