La Corporación Claretiana Norman Pérez recibe amenazas por denunciar matanzas de campesinos e indígenas
Entierro de un líder juvenil asesinado el 6 de marzo de 2016 en Soacha
En pie contra la guerra sucia en Colombia [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | En un baile de apariencias en el que a veces lo que se presenta como cierto no es sino representación, puede ocurrir lo que ha sucedido en Colombia durante años: “Llegan soldados o paramilitares a una región donde viven campesinos e indígenas, y matan a varios de ellos. Luego cogen los cadáveres y los visten con uniformes de guerrilleros a los que en teoría dicen enfrentarse. El resto de la población huye asustada y malvende sus tierras. Estas acaban en manos de personas poderosas con intereses cercanos a los de esos soldados o paramilitares”. La cara cada vez menos oculta de la llamada “guerra contra el terrorismo” deja cifras como estas: diez millones de hectáreas usurpadas a sus legítimos dueños, ocho millones de desplazados, 70.000 desaparecidos, la existencia de fosas comunes con hasta cien cadáveres o más de 6.000 inocentes asesinados por la policía, el ejército y los paramilitares (la Fiscalía colombiana reconoce la existencia de 3.000).
De paso por Madrid para participar en la Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas (este 12 de febrero se celebra su Jornada Nacional), institución que apoya sus proyectos con las etnias indígenas waüpijiwi y yamaleros en el extremo oriental de Casanare, en la Amazonía colombiana, el laico claretiano Jaime Absalón León abandona por unos días su rutina de lucha bajo las amenazas. En conversación con Vida Nueva, cuenta cómo impulsó en 1996, junto a varios compañeros, lo que hoy es la Corporación Claretiana Norman Pérez, en la que laicos y religiosos acompañan a indígenas y campesinos, tanto en el impulso de sus comunidades como en la defensa de sus derechos frente a quienes tratan de usurparles su tierra.
“Entonces –recuerda– éramos diez y yo era seminarista. En un momento de grandes matanzas y de desplazamientos masivos, íbamos en grupos a las misiones rurales marcadas por el conflicto para estar con la gente. En 2003 pudimos crear una casa de acogida para atender a los desplazados, hasta entonces atendidos en los seminarios”. Como le gusta decir, la de este movimiento social siempre ha sido “una evangelización en clave de derechos humanos, no formal”.
La Fiscalía devuelve los restos de tres asesinados
Directiva 54, licencia para matar
Absalón explica que, pese a que ellos y otros colectivos llevaban años denunciando la existencia de la guerra sucia, fue en 2008 cuando salió a la luz qué implicaba la llamada Directiva 54, por la que el Ministerio de Defensa premiaba a los militares que presentaran los cadáveres de guerrilleros muertos con ascensos, pagas extras y vacaciones. La consecuencia es la que se narra al principio, aunque se hizo pública ese año tras un caso particular: “Llegó un grupo de militares a Soacha, localidad al sur de Bogotá. Tras prometerles trabajo, 15 jóvenes del pueblo se fueron con ellos. Lo siguiente es un forense observando los cuerpos de varios cadáveres aparecidos en una fosa. Se encuentra un móvil en un bolsillo y llama. Responde la madre de uno de los chicos. Asustada al no comprender lo que pasa, ella se presenta allí. Es entonces cuando reconoce el cadáver de su hijo, pero también el de varios jóvenes vecinos, incluidos algunos con discapacidad… Todos llevaban puesta ropa de guerrilleros, pero la tela no estaba atravesada por las balas que sí había en sus cuerpos. Estaba claro que se la habían puesto después”.
Aunque se montó un “escándalo nacional” que incluso llegó a la ONU, Absalón lamenta cómo “los verdaderos responsables, los altos mandos, no han pagado por ello, reinando la impunidad”. Eso sí, desde la Corporación (que lleva el nombre de un laico claretiano asesinado el 10 de junio de 1992 por paramilitares) respondieron como siempre hacen: “Acompañando a las madres de Soacha”.
Este movimiento eclesial de base está muy comprometido en la movilización a favor del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Y reivindicando, como incide Absalón, que la justa memoria es la base del cambio: “Organizamos caravanas de la memoria para honrar a líderes indígenas y campesinos que fueron asesinados por defender a la gente. Algo que nos interpela hoy, pues solo en 2016 fueron asesinados 106 líderes, 36 más que el año anterior. Y en lo que va de año ya van muertos… Ayer mismo mataron a uno”.
Uno de los muchos proyectos rurales de Manos Unidas en la zona
Una oleada de odio de la que él tampoco escapa: “Tenemos a gente protegida tras huir de sus hogares. Yo mismo sufro una amenaza al mes y padezco una campaña de difamación: me acusan de hacerme pasar por claretiano, de tener tierras y hasta de haber matado a una persona…”. Y todo por la última de sus causas: “En Meta, un gran terrateniente, Víctor Carranza, creó grupos paramilitares para hacerse con hasta 40.000 hectáreas. Hemos impulsado el proceso legal contra sus herederos para que esa tierra vuelva al Estado. La Justicia nos ha dado la razón, pero por ahora no se ha devuelto nada”.
Y es que, como concluye este laico comprometido, la clave de la violencia en Colombia desde los años 50 está en la tierra y en su injusta distribución: “Somos el segundo país más desigual de nuestro entorno tras Brasil”. Por eso se necesitan líderes que clamen en ese desierto. Aunque los usurpadores y sus sicarios traten de segar sus voces o hacerlos pasar por “cómplices del terrorismo”.
Apoyo al diálogo
La Corporación se ha sumado al proceso de paz participando activamente en las mesas de diálogo entre representantes de las FARC y el Gobierno. Y lo ha hecho acompañando a víctimas de todos los signos. Como recalca Absalón, la clave ha sido encarnarse en su realidad y defender “la necesidad de la memoria desde una perspectiva cristiana no sujeta a dogmas”.
Publicado en el número 3.022 de Vida Nueva. Ver sumario
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